Los empleados se desempeñaban, en su mayoría, en la DGE, según fuentes de Gobierno.
La Oficina de Ética Pública de la provincia busca tener listo esta semana su dictamen sobre los empleados estatales que cobraban planes sociales. Son 96 personas que fueron detectadas por la Justicia y el Gobierno nacional y que, según dichas pesquisas, eran miembros del Ejecutivo local al mismo tiempo en que figuraban como beneficiarios del programa Potenciar Trabajo; algo que está prohibido. Ya fueron dados de baja del mecanismo y ahora arriesgan una nueva sanción, que podría conocerse por estos días. En todo el país se ahorrarían $2 mil millones gracias a estos cambios.
El caso se hizo público en los primeros días de este 2024, luego de que la administración de Javier Milei iniciara un rastrillaje sobre los más de un millón de personas que figuraban como destinatarios de estas prestaciones. Luego de solicitar información a la provincia acerca de sus trabajadores estatales, desde Nación comenzaron con las suspensiones a quienes incurrieran en alguna incompatibilidad. Eso alcanzó al casi centenar de mendocinos.
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Los movimientos sociales detentan miles de planes en la provincia.
Al mismo tiempo, esa sanción también disparó una investigación en el mencionado cuerpo de ética a nivel doméstico, que vela por el correcto accionar en todas las dependencias del Ejecutivo y el Legislativo y es conducido por Gabriel Balsells-Miró desde 2018.
Lo que pudo saber este diario es que el lunes 29 se retomó a pleno la labor de elaboración del dictamen, ya que el área que tiene a su cargo este asunto es Investigaciones Administrativas, y tras una licencia durante la segunda quincena de enero, se reincorporó horas atrás el titular de ese órgano, Sebastián Giordano.
Las tareas que realiza ese cuerpo están alcanzadas por el secreto de sumario. Por la propia ley que rige a la oficina, toda tarea que realice internamente es secreta durante los primeros 30 días. Sin embargo, según supo UNO, antes del 19 de enero llegó la respuesta al oficio que había solicitado la entidad: una serie de consultas que exigían conocer si los nombres y apellidos brindados por Nación eran correctos y si efectivamente incurrieron en irregularidades, como aseguran las investigaciones encabezadas por el fiscal Guillermo Marijuán.
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Balsells - Miró, el titular de Ética Pública de la provincia.
A ese pedido contestó el propio Ministerio de Gobierno, de acuerdo a información extraoficial. Aunque esa cartera figuraba como el lugar donde trabajaban las 96 personas, al parecer la actualización de los datos marca que no habrían pertenecido a esa área -o al menos no en su mayoría- sino a otros espacios. "Vamos a investigar caso por caso", habían respondido desde la administración Cornejo ante la consulta de este medio.
Por estas horas circuló el dato de que los beneficiarios de planes que a su vez trabajaban para el ejecutivo eran hombres y mujeres de la Dirección General de Escuelas (DGE).
De acuerdo a fuentes de primera mano consultadas, el dato es correcto aunque parcialmente. Se trataría de más de 80 personas ligadas al organismo educativo (un 90% de todos los reportados, explicaron), pero al menos una porción de estos sancionados estarían vinculados a otros espacios.
Alumnos de primer año de la secundaria.
Escuelas. Por secreto de sumario, aún no puede saberse si algunos de los beneficiarios eran docentes, aunque se investigan sus vinculaciones con la DGE.
Gentileza Dirección General de Escuelas
Desde la DGE confirmaron la situación: "Efectivamente es así, hay personal de DGE en el Potenciar y se está investigando cómo ha sido el procedimiento y otorgamiento de esos planes. Están en esa instancia de revisión administrativa", dijeron.
Sobre todo, la investigación apunta a analizar qué tipo de vínculos tenían: puede haber docentes; no docentes o hasta contratados en la cartera que antes comandara José Thomas y que ahora está dentro del "superministerio" de Tadeo García Zalazar.
Cada caso cambiaría las posibles sanciones. Estas pueden variar de acuerdo a la vinculación que cada una de estas personas tuviera con las distintas entidades del Estado. En algunos casos, incluso, las personas podrían haber estado habilitadas para cobrar los planes, según explicaron desde el Ejecutivo local. En otros puede caberles una amonestación acorde a lo que marca el Estatuto de Empleados Públicos de la provincia.
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La investigación del fiscal Marijuan fue clave para dar con las irregularidades.
La decisión que se tomó es que entre el viernes y el lunes estuviera listo el dictamen. Hubo una demora, justamente, por los diferentes rangos en los que habrían estado -o aún están- estas personas dentro del organigrama provincial. Algunos es probable que incluso ya no formen parte de ningún tipo de nómina: o porque se alejaron con el cambio de gobierno (o incluso antes), o porque eran contratados y finalizaron sus plazos.
Tras un 2023 en el que se detectaron otras irregularidades -como que algunos de esos beneficiarios, supuestamente en extrema vulnerabilidad, hacían compras en dólares o viajaban al exterior- el Ejecutivo nacional debutó en el poder analizando los casos uno por uno para empezar a dar de baja planes y así, además de "arreglar" esos desfases, achicar la cantidad que se eroga en esa materia.
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Los planes se cobran a través de la ANSES. Milei busca seguir achicando entre los que cometan irregularidades.
En medio de esa tarea, solicitaron a la provincia un listado de las personas que prestaban servicios al Poder Ejecutivo local en cada una de sus carteras. De los casi cien mil trabajadores que tiene Mendoza, se detectó que unos 96 habían cobrado el plan; con lo cual se les terminó por suspender ese beneficio.
Según se informó esta semana, el Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Petovello ya hizo oficial el cese de pagos a 4.500 empleados públicos en al menos 14 provincias -Mendoza una de ellas-. Esos forman parte de los 27.208 planes Potenciar Trabajo con incompatibilidades de los cuales se desprendió el Gobierno. Esto evitó una erogación incorrecta de $2.000 millones por parte del Estado nacional, de acuerdo a datos oficiales.
