Con 46 senadores presentes y 26 ausentes, el Senado de la Nación inició la sesión prevista para tratar la emergencia pediátrica, el refuerzo de los fondos para las universidades y la revisión de decretos del Ejecutivo.
El Senado ya discute proyectos presupuestarios para universidades y hospitales pediátricos.
Todas las iniciativas ya fueron aprobadas en Diputados, de modo que si se aprueban en el Senado se convertirían en ley.
Entre los senadores que no dieron quórum estuvieron la radical Carolina Losada; los macristas Carmen Álvarez Rivero y Martín Goerling; el formoseño Francisco Paoltroni; y casi todo el bloque libertario, con excepción de Bruno Atauche y Ezequiel Abdala, que sí estuvieron en el recinto.
Universidades y pediatría
El proyecto para las universidades obliga a que el presupuesto se actualice por inflación -con retroactividad al año pasado- y que se garanticen los gastos de funcionamiento de las universidades, hospitales universitarios y partidas de ciencia y tecnología.
También obliga al Poder Ejecutivo a convocar paritarias cada tres meses y fija como piso de incremento mensual el índice de inflación. También actualiza las becas estudiantiles y dispone auditorías obligatorias de la AGN en todas las universidades.
La ley de emergencia pediátrica contempla una recomposición salarial para el personal de salud, con un piso equivalente al ingreso real de noviembre de 2023 y se exime del impuesto a las ganancias a quienes realicen tareas críticas, horas extras o guardias.
Decretos, INTA, INTI y Vialidad
Entre los decretos delegados destacan aquellos que transforman al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), al quitarles su carácter de entes autárquicos o descentralizados para convertirlos en organismos desconcentrados, dependientes directamente de secretarías de Estado.
El INTA, en tanto, pasaría a depender de la Secretaría de Agricultura: el Gobierno argumentó que en el funcionamiento de ese organismo hubo un “notorio sobredimensionamiento de su estructura”, con 932 cargos jerárquicos, y citó informes de la SIGEN que advertían sobre “deficiencias sustantivas” en su funcionamiento.
Mientras que el INTI sería transformado en una unidad dependiente de la Secretaría de Industria; en ese caso se cuestionó que el 30% de sus recursos humanos se hubieran concentrado en el área de administración, una ratio “muy por encima de los estándares habituales”.
Uno de los puntos más controvertidos de los decretos delegados fue la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, un organismo autárquico con más de 60 años de historia.