La media sanción que volteó el veto del presidente Javier Milei pasa al Senado. En la Cámara Alta había sido avalada la ley de Discapacidad en julio
Tras el aval de Diputados a la Ley de Emergencia en Discapacidad, falta el del Senado para mejorar el valor a los prestadores del sistema asistencial.
Foto: Noticias ArgentinasEn una maratónica sesión en la Cámara de Diputados, la oposición logró hacer caer el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad con 172 votos a favor, 73 en contra y la abstención de dos legisladores.
Este cimbronazo político para Javier Milei a su negativa de mejorar el valor de las prestaciones, entre otros puntos que contempla la ley, es sólo un nuevo capítulo de la compleja estructura para actualizar los montos a los prestadores en discapacidad. Ahora, falta que sea ratificado en el Senado de la Nación. En medio de un fuerte mensaje al presidente, el director de la Agencia de Discapacidad, Diego Spagnuolo, fue desvinculado por presuntos hechos de corrupción.
Para esta titánica tarea se necesitan reunir dos tercios en el Senado. De ser avalado por la Cámara Alta, ya no queda lugar para volver a anularlo por el Ejecutivo, ya que es una iniciativa en la que insistió dos veces el Legislativo. Tampoco quedaría mucho lugar para una vía judicial por parte del presidente, según entienden los expertos. Sin embargo, ese es el plan B que podría desplegar Milei frente a este revés.
La Ley de Emergencia en Discapacidad que declara una situación excepcional –de ahí la emergencia- tendrá una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027, con el objetivo de asegurar el cumplimiento efectivo de los derechos de las personas con discapacidad reconocidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual tiene jerarquía constitucional.
El proyecto -que ahora tiene una media sanción-, establece que el Estado debe adoptar medidas legislativas, administrativas y de otra índole para asegurar el acceso a educación, salud, rehabilitación, protección social, trabajo y condiciones de vida adecuadas para este colectivo, bajo un enfoque de derechos humanos y alejándose del antiguo modelo médico-asistencial.
En la sesión se divulgó cómo sería el impacto en las cuentas del gobierno, al actualizar los valores de las prestaciones para las personas con discapacidad e indicaron que es muy bajo en la totalidad del Producto Bruto Interno (PBI).
La Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC) calculó en su informe de Impacto Fiscal que la Ley de Emergencia en Discapacidad reviste entre 0,25% y 0,45% del PIB. Sin embargo, el principal escollo para el Ejecutivo es que se amplíen los beneficios a más personas. Hay que tener en cuenta que Nación se encuentra auditando las pensiones por discapacidad y se han dado de baja alrededor de 110.000 por minusvalía laboral.
Cuando ya era un secreto a voces que se volteaba el veto a la Emergencia en Discapacidad, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció que se estudiaba una recomposición en las prestaciones médico-asistenciales, sin indicar concretamente de qué se trata la mejora al sistema.
El pasado 11 de julio, en el Senado fue contundente el apoyo al proyecto de la Ley de Emergencia en Discapacidad: fueron 56 votos afirmativos, cero en contra y 16 ausencias. Entre los legisladores que no se presentaron a sesionar, se encontraron Rodolfo Suarez y Mariana Juri (UCR).
Todos los legisladores presentes en el recinto votaron a favor, entre ellos representantes de Unión por la Patria, la UCR, el PRO y bloques provinciales como CREO, Frente Renovador de la Concordia y Juntos Somos Río Negro.
Con este antecedente es posible que se ratifique en el Senado una recomposición para los prestadores asistenciales de la discapacidad, aunque hay que esperar.
En Cadena Nacional hace apenas algunas semanas, el presidente Javier Milei cuestionó duramente el rol del Congreso y justificó los vetos a las jubilaciones y a discapacidad para sostener el equilibrio fiscal.
Siguiendo ese argumento, pese a la presión social y política, este miércoles hubo reuniones frenéticas para analizar el camino a seguir.
Uno de ellos podría ser la judicialización de la Ley de Emergencia en Discapacidad, aunque ya hay un juez que se pronunció por la inconstitucionalidad del veto.
En un día negro para el presidente, tuvo que echar al abogado Diego Spagnuolo, que hasta hace algunas horas se desempeñaba como Director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Precisamente la Emergencia apunta a que la ANDIS refuerce su llegada a las personas vulnerables y mejore su funcionamiento para los prestadores, como también los tiempos en los que se otorgan los certificados de discapacidad.
El funcionario quedó en el ojo de la tormenta por presuntas coimas que quedaron grabadas.
El material que se ventiló en un programa periodístico expuso cómo operadores buscaban dinero a través de empresas proveedoras para facilitarles contratos con el Estado.