Empresarios integrantes de la Multisectorial del Sur presentaron un recurso de reconsideración contra el decreto que ratificó la adenda que el Poder Ejecutivo nacional y el gobernador Alfredo Cornejo firmaron para ampliar el destino de los 1.023 millones de dólares que originariamente serían para Portezuelo del Viento.
Vía administrativa
Empresarios del Sur impugnaron la adenda que amplió el destino de los fondos de Portezuelo
La Multisectorial del Sur, que también reclama la continuidad de la lucha antigranizo, cuestionó el decreto nacional porque no pasó por el Congreso
El ex ministro Guillermo Francos y el gobernador Alfredo Cornejo en la previa de la firma de la adenda para cambiar el destino de los fondos de Portezuelo del Viento.
El objetivo es que "se deje sin efecto el decreto que le dio luz verde a Cornejo" y, por tanto, "que se deje sin efecto la adenda", señaló a Diario UNO el abogado Enzo Orosito, también miembro de la Multisectorial, que está en trámite para obtener la personería jurídica.
Mientras tanto, se pide que se suspendan los efectos del decreto para que el gobernador de Mendoza no pueda disponer libremente de los fondos. El presidente Javier Milei tiene 30 días hábiles para pronunciarse. Pasado el mismo, los recurrentes podrán accionar vía judicial.
Conflicto en el Sur: el reclamo por los fondos de Portezuelo llegó a la Nación
La Multisectorial del Sur, que el martes encabezó una marcha multitudinaria para apoyar al intendente Omar Félix en su reclamo para que el Gobierno provincial siga financiando el sistema de lucha antigranizo, atacó otra de las decisiones clave del gobernador Alfredo Cornejo: la adenda para destinar los fondos de la Promoción Industrial a obras de infraestructura repartidas en toda la provincia, y no a la construcción del dique Portezuelo del Viento ubicado en Malargüe.
Lo que señalan en el escrito administrativo dirigido al presidente Javier Milei es que tienen un interés legítimo como cualquier persona de San Rafael, Alvear o Malargüe en que esos fondos se mantengan para inversiones en la zona, como estaba previsto en un primer momento.
Y que el daño es inminente dado que ya se ha autorizado el cambio de destino y la relocalización del mismo.
El recurso se interpuso contra el decreto 587/24, que fue el que perfeccionó el acto y "liberó" definitivamente los fondos. Antes de ello, de manera preventiva, el concejal sanrafaelino Martín Antolín, que pertenece al Partido Libertario, había presentado recursos provinciales y nacionales contra la adenda firmada por Alfredo Cornejo y los ministros de Economía, Luis Caputo, y del Interior, Guillermo Francos.
Esos recursos no fueron contestados y el 8 de julio, día en que se ratifica la adenda por decreto, la Multisectorial sumó un emplazamiento, que tampoco tuvo avances.
Los argumentos contra la adenda
Por un lado, la Multisectorial plantea que no medió una autorización del Congreso de la Nación para que el Ejecutivo nacional disponga de un cambio en el destino de los fondos.
Entienden que ese paso es necesario porque el convenio del 2006 entre Julio Cobos y Néstor Kirchner, que dispuso que el resultado de la reparación por la falta de Promoción Industrial se destinaría a la construcción de una represa, no solo fue homologado por la Corte Suprema de Justicia sino que también pasó por el Congreso, que años más tarde le otorgó presupuesto.
"Nunca hubo autorizaciones posteriores del Congreso para nada", recordó Orosito.
Pero además, dicen en el escrito, de incumplir con aquel convenio también se incumpliría con la Ley del Coirco, que obliga a dar una cuota de agua a Mendoza para derivar a la cuenca del Río Atuel. ¿Por qué? Porque para eso sería necesario realizar un trasvase y antes de ello, un dique.
Y su vez, que no se utilicen los fondos para la construcción de la represa, y por tanto para un trasvase, implica "tornar de incierto el cumplimiento" del fallo de la Corte que manda a Mendoza a darle agua a La Pampa.
Orosito marca que de proceder la acción judicial, se pedirá también que se investigue si este desvío de los fondos no implicarían entonces delitos, sea por malversación de fondos o por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Que el dique se haga
El objetivo final de los empresarios es que Portezuelo del Viento, u otro dique alternativo se haga con parte de los 1.023 millones de dólares.
"Queremos una decisión a tiempo de quien firmó el decreo (Milei) porque si va a la Justicia, el tema pierde fuerza y actualidad, y los funcionarios pasan a tener la excusa de que es la Justicia la que tiene que resolverlo", indicó Orosito.
Concretamente, lo que buscan es que la adenda se deje sin efecto y que los fondos queden en el Sur para la construcción de un dique. "Queremos que se llame de nuevo a licitación por Portezuelo del Viento. Que se afecten 800 millones de dólares a este proceso; y que se abra la posibilidad a ofertas alternativas (otros dos diques que incluyan el trasvase)", dijo el abogado.
"Hay obligación de hacer la obra por ley y por fallos de la Corte", expresó con firmeza.
Nota en proceso.