El superintendente general de Irrigación, Sergio Marinelli, anticipó que la disolución del Ente Provincial del Agua y de Saneamiento ( EPAS) que impulsa el Gobierno implicará una mejora en la gestión de los recursos hídricos de la provincia. De producirse, el cambio afectará a todo el entramado institucional relacionado con la provisión de agua potable en Mendoza.
Sergio Marinelli, superintendente general de Irrigación de Mendoza.
"En los últimos 8 años hubo fuertes inversiones en esta área, pero si no se piensa en una nueva forma de planificación -con un control adecuado- se vuelve difícil", señaló Marinelli en diálogo con el periodista Pablo Pérez Delgado (Informe Nihuil).
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Décadas de desorden
"Le pongo un ejemplo -siguió el titular de Irrigación-: en muchas zonas pobladas, como Chacras de Coria, Maipú, gran parte de Guaymallén, hay más de 20.000 parcelas que tienen riego y que además son usuarios de agua potable y en algunos casos de saneamiento. En estos casos hay un doble sistema, una doble imposición. Pero es más cara el agua de riego que el agua potable, entonces la gente opta por utilizar opción más barata".
Ese desorden, que implica responsabilidades superpuestas y datos mal repartidos, se convierte en un obstáculo para coordinar estrategias a futuro.
El entrevistado se remontó a décadas anteriores para explicar el estado del servicio de agua potable. Dijo que en los sucesivos momentos de estatización y privatización de las empresas que proveen agua en los hogares de Mendoza hubo un debilitamiento de las funciones de control, ya que al no actualizarse las tarifas el Estado también perdió legitimidad para exigir inversiones en infraestructura.
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"El resultado es que nuestra red se fue deteriorando y el EPAS, que ha sido un organismo que cumplió en su momento su rol de manera adecuada, hoy tiene una gran asimetría de información respecto a los operadores del servicio", analizó Marinelli.
Y sumó: "Este caos va a terminar agrediendo brutalmente al agro, que va a perder muchas hectáreas porque en algún momento el agua no va a estar disponible si la seguimos usando de mala manera".
El "músculo institucional" de Irrigación
Frente a esas limitaciones, Marinelli consideró que Irrigación puede ofrecer mayor músculo institucional.
"El DGI se sienta a hablar obviamente con las autoridades de los organismos que reparten el agua, y en ocasiones con los intendentes, con quienes venimos trabajando, especialmente en el caso de Luján, para tener un plan a futuro", graficó.
Otro eje que Irrigación promete mejorar son los controles de calidad. "Uno ve que hay mendocinos que están tomando agua de una perforación y, en el caso de la zona Este, a veces el agua que sacan tiene altos grados de salinidad. En Lavalle hay incluso algunos niveles de arsénico que están cerca del límite permitido. Y eso ocurre en comunidades del desierto a las que nadie atiende. Irrigación tiene posibilidad de llegar a ellos, independientemente de su rol de mayorista del agua".
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El proyecto que entró a la Legislatura
Marinelli habló del tema porque este miércoles ingresó en Diputados el proyecto para disolver el Ente de Agua y Saneamiento (EPAS) y transferir parte de sus funciones al Departamento General de Irrigación.
La iniciativa deriva en Irrigación las funciones de regulación, protección de los derechos de los usuarios y control de los servicios de agua potable y cloacas. Y esto se da porque esa dependencia “interviene activamente en la asignación del recurso hídrico, tiene presencia permanente en el territorio”, y “cuenta con una estructura institucional y de profesionales idóneos”.
De aprobarse la norma, el superintendente general de Irrigación sumaría más áreas -y poder- a su organigrama.
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Se considera que la elección del DGI como ente regulador se fundamenta en su sólida trayectoria en la gestión de recursos hídricos, su “profundo conocimiento del territorio mendocino y su capacidad técnica para abordar los desafíos del sector”.
En el proyecto también se señala que “resulta necesario contar con un nuevo marco normativo que distribuya y asigne funciones en materia del servicio público de agua potable y saneamiento de acuerdo a la actualidad del sector, basado en un enfoque integral que abarque las diferentes modalidades de prestación de servicios en la provincia de Mendoza”.