Dijo que debe analizarse el proyecto, pero se quejó de deudas del Fondo Solidario Compensador. "Osecac es de las mejores del país y la seguirán eligiendo", apuntó
"Habrá que ver si las prepagas pueden afrontar todo lo que afrontan las obras sociales sindicales", apuntó Fernando Ligorria, del CEC de Mendoza.
Fernando Ligorria, secretario general del Centro Empleados de Comercio (CEC) de Mendoza, opinó sobre el alcance que tendrá la decisión del presidente Javier Milei que desregula las obras sociales sindicales.
Se trata de la medida que permite a trabajadores no tener que –obligatoriamente- afiliarse a su obra social de origen, sino elegir entre otra entidad similar o una empresa de medicina prepaga. Habló sobre el posible impacto en la provincia y dijo que deberá analizarse detalladamente. "Optar por la obra social siempre fue potestad del trabajador", agregó.
"En el marco de esta discusión, sí creo que es importante destacar otros elementos del contexto actual, como por ejemplo la falta de pago que hay desde el Fondo Solidario Compensador. Como es sabido, éste arrastra una deuda ya histórica con las obras sociales”, confirmó a Diario UNO Ligorria.
El titular de los empleados de comercio detalló cuál es el cuadro de situación. Debe tenerse en cuenta que dicho sindicato tiene como obra social a Osecac, que tiene 35 mil afiliados en la provincia. Algunos son beneficiarios directos; es decir, miembros del gremio. Pero además hay unos 4.500 monotributistas y aproximadamente 7.000 opcionales (gente que tiene otra actividad, pero igual eligió esa obra social).
"Además, lo importante es que OSECAC es una de las mejores obras sociales del país; con lo cual está en un alto nivel de competitividad”, marcó. “Eso sí; habrá que ver si las prepagas pueden afrontar todo lo que afrontan las obras sociales como la nuestra; que se hace cargo, como parte del sistema solidario que son, de coberturas como la del Plan Médico Obligatorio”, remarcó.
Por último, Ligorria afirmó que lo que espera es que ocurra algo similar a un fenómeno que ya pasó antes. Según él, fue cuando las prepagas salieron a tratar de sumar afiliados del CEC para que las eligieran antes que a sus obras de origen. “Hace unos años lo vivimos y la verdad es que no hubo una gran migración: la gente continuó prefiriendo los servicios y los pagos que ya tenía”, aseguró.
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Los cambios que impone el DNU 70/23, y que ahora serán ratificados por reglamentación, afectan a los 14 millones de argentinos que están en prepagas y obras sociales. Se estima que esa cifra está compuesta por empleados en relación de dependencia tanto del sector público como privado, monotributistas y otros afiliados con modalidades diferentes.
Con las modificaciones, algunas prepagas mostraron su malestar y preocupación, porque parte del nuevo mecanismo implica que estas tengan que pagar una cuota mayor a lo que se conoce como el Fondo Solidario de Redistribución, el destino de buena parte de los recursos de estos prestadores.
Ese dinero más tarde es utilizado, entre otras cosas, en reintegros a las mismas obras sociales cuando hay casos específicos que así lo requieren. Por ejemplo, hay entidades en Mendoza que perciben lo que erogaron durante el año para tratamientos de personas con discapacidad. El supuesto enojo de esos privados es que pasarían de abonar un porcentaje cercano al 15% a pagar el 20%, explican.
El nuevo marco normativo regirá desde el primer día hábil del segundo mes posterior a su publicación en el Boletín Oficial. Eso significa que estará vigente desde el mes de abril; aunque resta saber qué pasará con todo el DNU ahora que se conformó la comisión bicameral que va a tratarlo en el Congreso. Con una negativa de ese órgano o de una de las cámaras, todo el texto se caería y todo el cambio daría marcha atrás.
“El objetivo es dar libertad para derivar sus aportes a la obra social o prepaga que elijan desde el inicio de la contratación. Durante décadas, muchos estaban obligados a mantener la obra social que les obligaba a tener la actividad o el sindicato al que pertenecían”, fueron las palabras del vocero presidencial, Manuel Adorni, en una de las últimas veces en que trató el tema.
La regulación seguirá estando a cargo de la Superintendencia de Seguros de la Salud, que será el ente rector para los aportes de las instituciones. Sin embargo, en rigor, el modelo de servicio que busca imponer el Gobierno apunta a que la SSS no tenga incidencia de ningún tipo entre las firmas y sus afiliados. No al menos en lo referente a cuotas y sus montos. No fijará pisos ni tampoco techos para los aumentos, salvo que la Justicia defina lo contrario.