Se conoció el dictamen

Pidieron investigar a los 96 estatales mendocinos que cobraron planes Potenciar Trabajo

Lo sugiere el dictamen de Ética Pública. Desde los distintos organismos deberán propiciar las pesquisas y también los sumarios, de ser necesarios

La Oficina de Ética Pública pidió abrir investigaciones y también sumarios administrativos -de ser necesarios- a los estatales mendocinos que cobraban planes Potenciar Trabajo. Se aplicará a las 96 personas detectadas en esta supuesta irregularidad y podría derivar en sanciones mayores. Una parte de ellos se desempeñaba en la Dirección General de Escuelas. La mayoría, según la investigación.

La pesquisa comenzó a mediados de diciembre, cuando Javier Milei llegó a la presidencia y encargó una investigación específica sobre el tema a nivel nacional. A través de la labor del fiscal Guillermo Marijuan, Nación detectó a 4.588 individuos que, a la vez que prestaban servicios en alguna dependencia del Estado, también eran beneficiarios de programas sociales. Eso implica que no estaban en la situación de vulnerabilidad que exigía el progama, en teoría.

Tras un proceso que duró casi un mes, este lunes se conoció el dictamen de la Oficina de Ética Pública. Ahí, Investigaciones Administrativas propuso lanzar una nueva etapa de análisis sobre los presuntamente vinculados, esta vez para determinar si hubo "inhabilidades, incompatibilidades y/o conflicto de intereses", entre otras posibles anomalías.

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Gabriel Balsells - Miró, titular de Ética Pública.

Gabriel Balsells - Miró, titular de Ética Pública.

Si el titular de la oficina, Gabriel Balsells - Miró, le da curso al pedido, directamente le solicitará a Natalio Mema, ministro de Gobierno, que las autoridades de los organismos en donde estén estas personas comiencen las investigaciones administrativas de forma particular. "Y de corresponder, también los sumarios pertinentes, con el objeto de confirmar o descartar la existencia de irregularidades administrativas", explica el documento que llegó a UNO.

Antes, el director de Investigaciones Administrativas y Asuntos Judiciales, Sebastián Giordano, se había puesto en contacto con el ministro para pedirle información sobre ese casi centenar de funcionarios o exfuncionarios. Menos de 10 días después el informe fue remitido con nombres, apellidos y áreas en las que estos individuos se desempeñaban. Resta conocer si el propio Ministerio Público Fiscal solicitará también estos datos.

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Mema remitió los datos del casi centenar de funcionarios o exfuncionarios.

Mema remitió los datos del casi centenar de funcionarios o exfuncionarios.

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Potenciar Trabajo: el trasfondo de la investigación

El pasado 29 de enero se retomó el análisis caso por caso, según contaron desde la Oficina de Ética. El expediente estuvo a cargo de Investigaciones Administrativas, el área que está comandada por el mencionado Sebastián Giordano. De las 96 personas vinculadas, más de 80 habrían prestado servicios en la Dirección General de Escuelas, según trascendió.

En ese organismo corroboraron la información, aunque aclararon que no podían determinar el número exacto todavía. Sí que al menos una porción de todos los detectados habían prestado servicios en el ámbito educativo de la provincia; "probablemente en distintas áreas". Tampoco puede establecerse cuánto tiempo trabajaron como funcionarios y si aún permanecen realizando algún tipo de tareas.

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Los planes se cobran a través de la ANSES. Milei busca seguir achicando entre los que cometan irregularidades.

Los planes se cobran a través de la ANSES. Milei busca seguir achicando entre los que cometan irregularidades.

Por la propia carta orgánica de Ética Pública, toda investigación queda bajo secreto de sumario durante los 30 días siguientes a que comienza de manera formal a trabajarse cada uno de los expedientes. Es por eso, entre otras cosas, que los datos de la búsqueda tampoco trascendieron demasiado durante el último mes, aunque tampoco en el resto de las provincias hubo mayores novedades.

En algunas de ellas, como Tucumán, sí comenzaron a pedir los sumarios a fines de enero -en ese caso particular fue merced a un pedido puntual del gobernador Osvaldo Jaldo-. En Mendoza, las sanciones que ahora podrían caberles a estos funcionarios o exfuncionarios son disímiles. En algunos casos podrían estar basadas en el Estatuto de Empleados Públicos de la provincia; mientras que en otros directamente podría no haber penalización alguna.

“Nosotros vamos a analizar uno por uno a todos los nombres”, prometieron desde el Barrio Cívico a finales del mes pasado. La administración explicó que cualquier irregularidad era endilgable a la Nación -concretamente al extinto Ministerio de Desarrollo Social- y no a ellos, porque es desde Buenos Aires que tenían que venir los controles, según señalaron.

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La investigación logró suspender 27.000 planes

Tras un 2023 en el que se detectaron otras irregularidades -como que algunos de esos beneficiarios, supuestamente en extrema vulnerabilidad, hacían compras en dólares o viajaban al exterior- el Ejecutivo nacional debutó en el poder analizando los casos uno por uno para empezar a dar de baja planes y así, además de "arreglar" esos desfases, achicar la cantidad que se eroga en esa materia.

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La investigación del fiscal Marijuan fue clave para dar con las irregularidades.

La investigación del fiscal Marijuan fue clave para dar con las irregularidades.

En medio de esa tarea, solicitaron a la provincia un listado de las personas que prestaban servicios al Poder Ejecutivo local en cada una de sus carteras. De los casi cien mil trabajadores que tiene Mendoza, se detectó que unos 96 habían cobrado el plan; con lo cual se les terminó por suspender ese beneficio.

Según se informó esta semana, el Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Petovello ya hizo oficial el cese de pagos a 4.500 empleados públicos en al menos 14 provincias -Mendoza una de ellas-. Esos forman parte de los 27.208 planes Potenciar Trabajo con incompatibilidades de los cuales se desprendió el Gobierno. Esto evitó una erogación incorrecta de $2.000 millones por parte del Estado nacional, de acuerdo a datos oficiales.

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