Está previsto que esta semana ingrese a la Legislatura el proyecto de Alfredo Cornejo para cambiar la coparticipación hacia los municipios. En frente no sólo se encontrará con la férrea oposición de al menos cuatro intendentes, sino que además el peronismo trabaja en una contrapropuesta que va más allá de los aspectos que quiere retocar el oficialismo. Apunta a redefinir porcentajes y también acelerar los tiempos en los que se liquidan montos.
El asunto de la coparticipación ya es uno de los tópicos del año en la provincia. Desde que llegó Javier Milei a la Casa Rosada, en las comunas de Mendoza se vienen pidiendo más recursos al gobierno central. Como ya se ha explicado, la torta se reparte en tres: el 65% de lo coparticipable se otorga conforme a la cantidad de habitantes; el 25% se divide en 18 partes iguales (una por cada intendencia) y el 10% se define por un coeficiente de desequilibrio creado en 1996. El primero y el tercero son los que están en discusión desde hace meses y por donde irá el Ejecutivo.
El contexto es que a fines del año pasado se conocieron los datos definitivos del censo 2021. Eso no sólo modificó las mediciones demográficas de los departamentos, cambiando la cantidad de dinero que corresponde a cada uno por esta vía; sino que además sembró una controversia política que por ahora no tiene fin: hay intendentes que dicen que sus poblaciones fueron mal medidas y que por ese supuesto error se van a quedar sin mucho dinero que deberían recibir.
Lo que busca la normativa no es modificar ese apartado demográfico, al que dejaría exactamente igual, sino transformar el coeficiente de desequilibrio y los elementos que éste contempla a la hora de dar o quitar recursos a las jurisdicciones. Lo que sí está relacionado con el aspecto poblacional es que se toma ese parámetro (entre otros) para decidir si un departamento tiene que recibir más o menos dinero.
A días de que ingrese al recinto, según los tiempos que manejan las fuentes oficialistas, el peronismo está terminando de delinear su propio contraproyecto en materia de coparticipación. Apunta a reformas más a fondo que las previstas en el borrador de Cambia Mendoza y, si bien será sometido al análisis de las otras bancas, fundamentalmente va a intentar "tentar" a los intendentes, que son los principales afectados por cualquier transformación que se haga sobre esas cifras.
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El justicialismo va por una reforma "a fondo"
"No existe tal cosa como un proyecto para modificar la coparticipación. Eso sería algo mucho más profundo y para lo cual tienen que ponerse de acuerdo entre intendencias", afirmaron en el Gobierno. "Lo que se está haciendo es sólo la propuesta de un cambio al coeficiente de desequilibrio, para que, justamente y como su nombre lo indica, se equilibre el crecimiento de los que reciben más por haber crecido demográficamente", apuntaron.
Se desprenden dos datos de esa postura oficial. El primero es que no se desconocerán los datos del censo, tal como en algún momento pidieron que se hiciera intendentes de ese palo político. Ya lo dijeron Cornejo y Fayad: eso no ocurrirá. Se va a respetar lo que publicó el INDEC y por lo tanto se va a respetar también a la ley tal como está concebida; aunque se pueda usar el detalle demográfico para atenuar la ganancia extraordinaria con el cambio al índice, que es lo que someterán a tratamiento.
El segundo dato es que para el Ejecutivo es una modificación menor y no "de fondo" al tema. Todo lo contrario es lo que sugiere el peronismo; que en su proyecto no habla del coeficiente de desequilibrio, sino que directamente propone cambiar la coparticipación primaria: que los municipios dejen de llevarse el 18,8% de la masa coparticipable (y la provincia el 81,2% restante) y que la cifra para las comunas se eleve. No han dicho hasta dónde lo llevarían. O porque no lo tienen listo o porque prefieren guardarse ese dato, quizás el más central de toda la norma. De todos modos, se puliría en la reunión de intendentes del PJ que se hará esta semana y que Diario UNO anticipó horas atrás.
Otro de los aspectos que quieren cambiar es el de los tiempos de liquidación. El equipo que trabaja el proyecto dijo a UNO que, aunque los recursos se envían en dos quincenas a los intendentes, el Gobierno los divide y reparte, luego, a través de cuatro desembolsos semanales. "O sea que, mientras ellos reciben coparticipación todos los días desde Buenos Aires, porque se liquida diariamente, a nosotros nos la mandan en porciones, cuatro veces por mes. En el medio, ellos pueden utilizar esa plata en inversiones financieras, o sea que básicamente trabajan con nuestra plata", denunció la senadora Mercedes Derrache, que encabeza el armado de la propuesta.
Con ese panorama a cuestas, el proyecto contiene el pedido de que los desembolsos a las jurisdicciones pasen a liquidarse diariamente. Según afirmaron, eso puede ser un gancho que llame la atención también de los intendentes oficialistas, aunque difícilmente vayan a plegarse a una propuesta tan disruptiva.
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Por ahora, la Corte no se expidió
Por distintos motivos, el lujanino Esteban Allasino, el rivadaviense Ricardo Mansur y varios jefes comunales del PJ se mostraron en contra de los cambios que pretende hacer el Gobierno. Por cantidad de acciones en contra, uno de los que lidera esa postura es el sucesor de Sebastián Bragagnolo, quien incluso llevó su reclamo hasta la Suprema Corte dos semanas atrás. Fundamentalmente pidió dos cosas: una cautelar de no innovación en esta materia (salvo que sea por la vía en que está previsto, según dijo) y que le paguen una deuda por litigios limítrofes ganados. Reclama 15 mil millones de pesos.
Hasta este lunes, el pedido a la Justicia aún no prosperó, por lo que el proyecto puede avanzar y ser tratado. En la letra fina, lo que piden en Luján es que se respete el artículo 8 de la Ley de Coparticipación (6.396) que afirma que debe crearse una comisión bicameral para elaborar un proyecto de ley "que establezca un sistema de coordinación financiera". Si bien no marca que sea la única forma de cambiar el mecanismo o que sea ineludible para legislar al respecto, los equipos jurídicos de la comuna afirman que se están salteando ese paso clave.
Entre otros intendentes disconformes está el rivadaviense Ricardo Mansur, quien hace más de un mes pidió que el Ejecutivo modificara el coeficiente para dejar de perjudicarlo. Es que, cuando se trazó la tabla original (se cumplirán 28 años en abril), su departamento tenía pozos petroleros activos y regalías gracias a ellos. Hoy esa situación cambió radicalmente y sin embargo sigue perdiendo por culpa del mecanismo que quedó desactualizado. Quiere que, al menos hacia adelante, lo compensen o lo emparejen a la realidad de su comuna.
Aunque Mansur se reunió con el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, y con los ministros Mema y Fayad, afirmó a este diario que no le han vuelto a consultar y que está seguro de que su solicitud no fue tomada en cuenta por el momento. Sin embargo, han trascendido bocetos de cómo quedaría el sistema y en ellos que se ve que le mejoran el índice.
Deberá esperar, como el resto de Mendoza, a que el Ejecutivo presente formalmente su idea para saber si sus pedidos fueron escuchados.
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