Tras una investigación del Poder Judicial

El Jury de Enjuiciamiento decide si pide el juicio de destitución de la jueza María Lizán

El Jury de Enjuiciamiento ya leyó la defensa de la jueza María Lizán y el jueves 22 decide si la suspende y manda a juicio de destitución o si archiva la investigación interna que reveló datos escandalosos. Cómo fue la dura ofensiva de la magistrada

El Jury de Enjuiciamiento se reunirá el jueves 22 para decidir el futuro de la jueza de Familia María Lizán, quien fue denunciada en mayo por el presidente de la Suprema Corte de Justicia por mal desempeño de funciones y desorden de conducta.

El organismo integrado por los 7 jueces de la Suprema Corte de Justicia, 7 diputados y 7 senadores ya tiene en su poder el escrito de defensa de Lizán y al final del cónclave podrá ordenar el archivo de la denuncia o la continuidad de las actuaciones. Esto último podría derivar en la suspensión de la magistrada y llamado a juicio de destitución.

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En la reunión del 11 de agosto, el Jury de Enjuiciamiento le dio a Lizán la chance de defenderse por escrito.

En la reunión del 11 de agosto, el Jury de Enjuiciamiento le dio a Lizán la chance de defenderse por escrito.

Es la segunda vez en 10 años que la jueza Lizán enfrenta al Jury de Enjuiciamiento. La primera, por un escándalo de adopciones irregulares en el Valle de Uco, estuvo suspendida entre 2012 y 2016 cuando fue reincorporada al cargo como consecuencia del archivo de las investigaciones. Por esos hechos pidió $5 millones de indemnización pero esa pretensión fue rechazada en todas las instancias judiciales de Mendoza.

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Otra vez frente al Jury de Enjuiciamiento

Lizán llega a esta instancia porque el gobernador Rodolfo Suarez no aceptó la renuncia que ella presentó el 9 de mayo tras saberse denunciada por irregularidades en el ejercicio de la magistratura.

Una investigación administrativa de la Suprema Corte de Justicia concluyó, en base a testimonios de funcionarios del 12 Juzgado de Familia de Las Heras, que la jueza no tenía pleno control de esa dependencia judicial y que facilitaba su dispositivo de firma digital a sus colaboradores, algo que está prohibido por ser una herramienta de uso personal e instransferible.

También le atribuyeron maltrato laboral y hasta declararon que Lizán tomaba alcohol en su despacho. Además, que desconoce el manejo del sistema operativo del Poder Judicial lo que provocó demoras en el tratamiento de causas y que faltaba repetidamente obligando a cancelar audiencias.

Su desempeño en un posible caso de entrega en adopción del hijo de una mujer internada en el neuropsiquiátrico El Sauce también complica su situación.

La ofensiva de la jueza Lizán

Cuando el 10 de agosto último el Jury de Enjuiciamiento le dio la posibilidad de defenderse por escrito, la jueza Lizán presentó su versión con el patrocinio de los abogados Carolina Jacky y Carlos Lombardi.

Fue una ofensiva a todo vapor: pidió que se anule el proceso administrativo del Jury bajo el argumento de que la investigación interna "fue una cadena de graves omisiones y actuar negligente de los instructores".

También denunció penalmente al presidente de la Corte y del Jury, Dalmiro Garay, y a los supremos Teresa Day y Julio Gómez -coordinadora y ex coordinador del fuero de Familia- y a los funcionarios judiciales que declararon en su contra.

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Dalmiro Garay, presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Jury de Enjuiciamiento.

Dalmiro Garay, presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Jury de Enjuiciamiento.

A los magistrados, que son parte del Jury, por haber tomado conocimiento y no haber denunciado penalmente la posible comisión del delito de usurpación de título en que habrían incurrido sus colaboradores al usar su firma digital.

Y a los tres funcionarios del Juzgado de Familia de Las Heras por haber firmado en su nombre y sin su autorización, conducta penalizada como usurpación de título y honores.

A Garay, Day y Gómez pidió que se excusen de participar del Jury en caso de que avance.

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