El jury del Consejo de la Magistratura contra el juez federal de Mendoza Walter Bento, acusado de liderar supuestamente una banda que pedía coimas a cambio de beneficios procesales a contrabandistas y narcotraficantes (por la que está siendo juzgado), comenzará el 25 de septiembre y la sentencia debería emitirse antes del 27 de noviembre de este año.
El juicio político contra Walter Bento, que podría dejarlo preso, arrancará el 25 de septiembre
En caso de que el jurado llegue a encontrar culpable a Bento se lo destituirá, le retirarán los fueros y podría ser detenido para cumplir prisión preventiva por el juicio oral penal que comenzó el 26 de julio y que este viernes tendrá su jornada número 9.
Hasta el momento, el juez mendocino goza de fueros que impiden su detención.
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Cómo estará conformado el jurado de enjuiciamiento contra Walter Bento
El jurado de enjuiciamiento quedó constituido por los jueces Javier De la Fuente, Javier María Leal de Ibarra; los senadores Daniel Pablo Bensusán (Frente de Todos-La Pampa), José María Torello (Juntos por el Cambio-Buenos Aires); Anahí Costa (Frente de Todos-Catamarca), Ana Romero (Juntos por el Cambio-Chubut) y el abogado de la matrícula Alfredo Barrau.
Los acusadores designados son la diputada Roxana Reyes (Juntos por el Cambio-Santa Cruz), Eduardo Vischi (Juntos por el Cambio-Corrientes) y Miguel Piedecasas (representante de los abogados).
En tanto, la defensa estará a cargo de los abogados Gustavo Gazali y Mariano Fragueiro Frías.
Como primera pedida el Jurado de Enjuiciamiento llamó a la primera audiencia de debate para el 25 de septiembre cuando se leerá la acusación y la defensa y posiblemente haga uso de la palabra el juez Bento.
Si el suspendido magistrado es destituido, perderá los fueros e inmediatamente la Cámara Federal de Apelaciones podrá disponer que se concrete la prisión preventiva y el juez quede preso.
Esto, por los graves cargos penales por corrupción que desde el 26 de julio lo tienen sentado en el banquillo junto con el resto de la familia y más de una veintena de abogados, ex personal de las fuerzas de seguridad y ciudadanos que, según la Fiscalía, le pagaron coimas para mejorar su situación procesal.
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