El caso del juez Sebastián Sarmiento, acusado en el Jury de Enjuiciamiento por la liberación anticipada de presos condenados, parece encaminarse hacia lo que Steven Spielberg llevó al cine con Puente de espías (2015), o al clásico "¡Negociemos, don Inodoro!", del Mendieta, compañero perruno de Inodoro Pereyra, creación de nuestro Negro Fontanarrosa.
Análisis y opinión
El juez Sebastián Sarmiento, el puente de los espías y la teoría Mendieta, pero a la mendocina
El caso de Sebastián Sarmiento, denunciado en el Jury, parece encaminarse a una negociación. El oficialismo podría asegurarse la presidencia de la Corte hasta 2027 con votos peronistas
El caso del juez Sebastián Sarmiento se encamina a las negociaciones entre bandos enemigos en la Guerra Fría que Spielberg plasmó en la película Puente de espías, con Tom Hanks.
El puente de los espías, recreado en la película, es el Glienicke y está en Alemania. Allí, norteamericanos y rusos intercambiaban espías enemigos capturados en épocas de la Guerra Fría. Al final de cada operación, todos salían ganando tras haber cedido.
Otra forma de ceder para ganar lo que planteaba el entrañable Mendieta cuando, frente a distintas situaciones sin salida en la historieta, aconsejaba "¡Negociemos, don Inodoro!", tras lo cual Pereyra, el gaucho telúrico, aflojaba y salvaba la ropa y el honor tras haber dado pelea (cuanto menos verbal).
Ceder para ganar en el Barrio Cívico
En Puente de espías y en las historias de Inodoro Pereyra todos tenían qué perder y qué ganar. Entonces, negociaban. Como en el caso del juez Sebastián Sarmiento, quien para muchos se ha transformado en prenda de cambio entre dos sectores enfrentados en la política vernácula y en la mismísima Suprema Corte de Justicia.
De un lado, el oficialismo y una breve porción opositora, que tienen en sus manos los votos necesarios para juzgar y destituir al juez Sarmiento desde el primer día. Sin embargo...
Del otro, el resto de la oposición que, si bien no cuenta con los votos suficientes para salvar al juez Sarmiento, cuenta con otros votos muy necesarios para definir otra disputa política fijada para fines de noviembre: elegir al presidente de la Suprema Corte de Justicia entre 2025 y 2027.
¿Y si el Barrio Cívico se transforma en un puente de espías, donde el oficialismo se asegure la reelección de Dalmiro Garay con votos peronistas de la Corte dejando caer el Jury al juez Sarmiento o avalando que sea sancionado con una suspensión?
Esta hipótesis, teñida de política, el arte de lo posible por excelencia, ya circula por pasillos legislativos, judiciales y gubernamentales, donde algunos referentes alzan el pulgar porque tienen suficientes razones.
Entre otras, la principal: para seguir conduciendo la Suprema Corte de Justicia, el oficialismo debe sentarse a negociar con el peronismo -que no tiene interés en presidir la Corte- pero que, desde hace un par de años, cuenta con 4 de los 7 votos del máximo tribunal.
Es que a los históricos Mario Adaro, Julio Gómez y Omar Palermo se ha sumado José Valerio, duramente enfrentado con el gobernador Alfredo Cornejo y sus referentes en materia de Seguridad y en la jefatura de los fiscales.
El Gobierno sabe largamente que Valerio no es garantía de acompañamiento político y que la mayoría radical 4 a 3 es apenas un recuerdo deshilachado de mejores épocas. De hecho, en la primera votación del Jury sobre el caso Sarmiento, el 31 de julio, los peronistas y Valerio pusieron 4 de los 7 votos de la Corte para rechazar la acusación y sentar postura.
El quiebre de la relación Valerio-Cornejo se produjo, aunque en sordina, hace casi un año, cuando el supremo designado por el gobernador convalidó, con su voto, el traspaso de la Fundación Santa María-Universidad Champagnat a ex funcionarios del jaquismo, algo que el cornejismo había cuestionado y esperaba revertir mediante un recurso judicial finalmente desestimado en fallo dividido.
Los que sostienen al juez Sarmiento y los que no
Sabido es que el peronismo de la Corte sostiene al juez Sarmiento bajo el argumento de que el mal desempeño que se le achaca no fue tal, sino resoluciones propias del ejercicio de una magistratura sin condicionamientos y a puro criterio jurídico, jamás cuestionable por el Jury de Enjuiciamiento.
Sabido es también que el oficialismo, con el gobernador al frente, quiere destituir a Sarmiento no sólo por la liberación anticipada de presos condenados, sino por otros fallos "incómodos", como el que dispuso, en abril último, la instalación de aparatos de telefonía en las cárceles de Mendoza y mantener la circulación de celulares entre la población penal, algo que para el Gobierno es inadmisible, porque la emergencia sanitaria por la pandemia que les impedía el contacto con familiares es cosa del pasado. Y sobre todo porque la Corte había resuelto desterrarlos un mes antes.
El arte de lo posible
Hoy, Sarmiento está más afuera que adentro del Poder Judicial y él lo sabe.
Quienes lo conocen aseguran que dará pelea hasta último momento en el Jury y que hará todo lo posible para que la política que lo tiene al borde de la destitución no salga indemne.
Aunque para eso deba ser defendido por un abogado gratuito pagado por el propio Estado, petición que le fue concedida por el Ministerio Público de la Defensa a instancias de la ley de Jury de Enjuiciamiento de 1984 y modificada en 2016 cuando se agregó la chance de suspensión por 6 meses para los enjuiciados, algo así como un punto medio entre los extremos de archivo y destitución fijados por el legislador de antaño.
Habrá que estar atentos a los plazos en que sucedan los hechos futuros, como las audiencias que den continuidad del Jury a Sebastián Sarmiento por su defensa escrita.
Máxime porque las elecciones de octubre están ahí y esperan agazapadas y cada uno de los sectores enfrentados jugará su propio juego electoral.
Esto no es jurídico sino político.
La política... universo en el que todo puede pasar de un momento para otro.
Donde todos quieren ganar, aunque a veces, para hacerlo, deban ceder.