El juez Sebastián Sarmiento será representado ante el Jury de Enjuiciamiento por el defensor público de Alvear Jorge Luque. Lo permite la ley 4970
El juez Sebastián Sarmiento pidió ser defendido por un abogado público -sin costo- ante el Jury de Enjuiciamiento.
Foto: Axel Lloret / Diario UnoEl juez penal Sebastián Sarmiento será asistido por un defensor público y gratuito en el proceso de Jury de Enjuiciamiento que lo tiene como denunciado por mal desempeño de funciones.
El designado por el Ministerio Público de la Defensa es el defensor oficial Jorge Luque, que trabaja en General Alvear.
Será la primera vez que un magistrado sometido al Jury de Enjuiciamiento tendrá abogado público y gratuito y no particular y pagado de su bolsillo, como habitualmente ha ocurrido desde que la ley 4970 entró en vigencia hace 41 años.
La solicitud de Sebastián Sarmiento de ser asistido por un defensor oficial está prevista y permitida por el artículo 20 de la normativa de Jury de Enjuiciamiento, que indica que "cuando el acusado lo solicitare expresamente lo representará o patrocinará el Defensor Oficial de la jurisdicción judicial de la sede del Jury".
La titular de la Defensoría Pública, Cecilia Saint André, decidió, según resolución 141/2025, que Jorge Luque, que trabaja en Alvear, sea el defensor público que asistirá a Sebastián Sarmiento.
Teniendo en cuenta que el juez Sarmiento es conocido por defensores públicos de la Primera Circunscripción Judicial de Mendoza -por haber participado de procesos judiciales en su rol de juez y ellos de defensores de acusados por delitos penales- la elección del profesional para defender al magistrado sometido a Jury recayó sobre Jorge Luque, uno de los defensores públicos que trabajan fuera del Gran Mendoza.
Sorpresivo e inédito pero permitido por la ley 4970 resultó el pedido de Sebastián Sarmiento de ser defendido por un abogado del Estado en el Jury de Enjuiciamiento. Nunca antes había ocurrido desde que el Jury sesiona, desde 1984. Todos los acusados que lo antecedieron fueron asistidos por letrados particulares y pagados por los primeros.
Quienes acuden a la defensoría pública son ciudadanos que no pueden costearse un abogado particular por tener bajos ingresos económicos o carecer de ellos. Pero esto no es taxativo ni tampoco ley escrita.
Con pedirlo o aceptar ser representado por un abogado público ya es suficiente. Y este criterio también aplica para Sarmiento porque ni él ni nadie puede ser juzgado sin abogado -ni siquiera por el Jury- porque el proceso sería ilegal y violatorio de la Constitución.
Cuesta creer que el juez Sebastián Sarmiento, con tantos años de carrera en la magistratura y antes en la conducción de la Penitenciaría Provincial, no pueda pagar un abogado particular de su bolsillo como para acudir a la defensa pública y gratuita.
Pero en caso de no tener problemas económicos, podría pensarse que su solicitud no es azarosa, sino que tiene un claro tinte político: ser defendido por profesionales pagados por el Estado provincial de una acusación presentada por ciudadanos comunes pero motorizada y apoyada por políticos que también cobran sueldos del Estado. Léase legisladores oficialistas y jueces de la Corte que son parte del Jury y que el 31 de julio último pusieron 16 de los 21 votos para que las denuncias en su contra fueran admitidas formalmente.
En los próximos días vencerá el plazo para que el juez Sarmiento se defienda por escrito ante el Jury de Enjuiciamiento, que el 31 de julio aceptó formalmente las denuncias en su contra por mal desempeño por la liberación anticipada de presos.
El posterior análisis de sus argumentos defensivos, escritos por él mismo, determinará, en sesión secreta y en fecha a determinar, si la denuncia es archivada o si el proceso avanza hacia el juicio de destitución, lo que incluirá la inmediata suspensión del cargo y designación de un juez temporario.
Recién en esta etapa podrá entrar en acción el defensor público y gratuito Jorge Luque, elegido por la titular de la Defensoría Pública, Cecilia Saint André, designada por el radicalismo en 2022 cuando gobernaba Rodolfo Suarez.
Mientras el Jury avanza en Mendoza, el juez Sebastián Sarmiento participa y lidera en Neuquén el concurso 263 para seleccionar juez penal en la ciudad de Zapala, a 200 kilómetros de esa capital.
En este proceso ya culminaron las etapas académica y de antecedentes profesionales.
En fecha a determinar Sarmiento y los demás postulantes deberán ser entrevistados personalmente por los miembros del Consejo de la Magistratura de Neuquén.
Sarmiento se anotó el 9 de mayo para concursar en Neuquén.
En Mendoza fue denunciado un mes después y la posibilidad de que renunciara para irse a la Justicia de Neuquén fue visto por el oficialismo como una oportunidad de oro para que el magistrado, considerado incómodo por sus resoluciones, le dejara el puesto a otro. Sarmiento está convencido de que lo denunciaron para forzarlo a renunciar.
Sin embargo, decidió no hacerlo y pelear en ambos frentes, aún a sabiendas que el Jury en Mendoza salpica sus posibilidades reales de convertirse en juez en Neuquén.