Qué consecuencias legales puede afrontar el Gobierno con este rechazo
La nota firmada por el presidente de la agencia nacional no es vinculante, sino que, como dijo el director general de Asuntos Jurídicos del organismo, Germán Villano, a Diario UNO es una "manifestación de voluntad del Gobierno nacional que se envió a través de una carta documento".
De todas maneras, el propio Villano advirtió que su departamento está evaluando qué medidas judiciales podrían adoptarse en caso de que el Gobierno de Mendoza decida hacer caso omiso a la sugerencia de dejar sin efecto la asignación, como se estima que sucederá en base a la contestación de la carta documento.
La Nación pedía explicaciones
Según dijeron desde la AABE, como administrador y garante de los bienes del Estado, lo que pretendía su presidente era una comunicación por parte del gobernador Suarez de las intenciones que tenía respecto de las tierras antes de proceder a la asignación directa.
Una vez consumada, en la nota fechada el 18 de febrero se detalló que la "asignación efectuada a la firma El Azufre S.A. no se llevó a cabo con ajuste a las formalidades establecidas en el Convenio (firmado con la Superintendencia Nacional de Fronteras en 1990) ni las vigentes en materia inmobiliaria estatal, prescindiendo del procedimiento de la licitación pública para la adjudicación".
Se cuestiona además las "ocupaciones preexistentes" en las que el Gobierno basa la asignación y el no haber determinado una "compensación alguna que guarde relación con el valor de las tierras".
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De las 12.000 hectáreas que figuran en la mensura y el decreto de asignación de tierras, los socios de El Azufre aseguran que solo 200 son "edificables", aunque unas 1.500 son esquiables.
La legitimidad de la asignación a El Azufre
Si bien la contestación de la carta documento no incluyó más argumentos que los expuestos ut supra, el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, explicó a Diario UNO que "el proceso para que El Azufre instale o no el centro de esquí ha comenzado con la asignación y en su momento, cuando esté presentado el proyecto, se le dará intervención a la Nación que, como propietaria de las tierras, puede llamar a licitación".
"La Provincia de Mendoza, en su carácter de poseedor del Campo Potreros de Cordillera Norte por más de 50 años, y en virtud de convenio oportunamente celebrado con el Gobierno Nacional, actuó en pleno y legítimo ejercicio de sus facultades, asignando una de las fracciones del inmueble en cuestión conforme la función que le fuera encomendada para dar destino final al campo", indicaron desde Casa de Gobierno a Diario UNO.
El decreto de asignación de 12.000 hectáreas "implica un paso previo necesario para que la empresa pueda avanzar con los distintos estudios preliminares para llevar adelante el desarrollo del proyecto turístico y poder iniciar el acto administrativo correspondiente del Estado Nacional para efectivamente adquirir las tierras", señalaron.