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Este año se realizaron marchas masivas en todo el país en defensa de la universidad pública.
Todo deberá ser implementado a través de lo que dicta el decreto 1.023/01 de Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, que se constituye en la norma general regulatoria de los contratos celebrados por la Administración Pública Nacional, central y descentralizada.
De este modo, las universidades nacionales deberán utilizar los Sistemas de Contratación Electrónicos COMPR.AR y CONTRAT.AR en todas las contrataciones de suministros de bienes, prestaciones de servicios y obras públicas o concesiones de obras y servicios públicos que encaren de aquí en adelante.
El gobierno nacional busca transparencia en las universidades
Esta normativa es de aplicación obligatoria con el fin de garantizar "la transparencia y la debida rendición de cuentas en la utilización de los recursos públicos", según se expresa en el texto que lleva las firmas del presidente Javier Milei y de los ministros Guillermo Francos (jefe de Gabinete) y Sandra Pettovello (Capital Humano).
Para la gestión actual, y tal como Milei lo ha manifestado públicamente, las universidades públicas deben rendir cuentas del manejo presupuestario y esta nueva reglamentación es un paso hacia ese objetivo.
Lo que se busca es dar a las contrataciones que hacen las universidades "mayores niveles de eficacia, transparencia, accesibilidad y competitividad", de acuerdo a lo que se declara en este marco regulatorio.
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La UNCuyo es una de las más de 60 universidades públicas que existen en la Argentina.
Foto: Gentileza UNCuyo
Desde el Gobierno Nacional aclararon que no tienen la intención de romper con la autonomía de las universidades estatales, sino de someterlas a los marcos regulatorios para la administración de fondos en todos los organismos públicos. En otras palabras, el objetivo es que transparenten y rindan cuentas de sus gastos e inversiones como cualquier otra entidad que del Estado.
La Oficina Nacional de Compras será el órgano que coordinará las acciones necesarias para implementar los sistemas COMPR.AR y CONTRAT.AR en el ámbito de las universidades nacionales. Y además obliga a los organismos académicos el uso del Sistema Integrado de Información Financiera Internet (e-SIDIF) para alcanzar un exhaustivo control del gasto público.
La UBA no utiliza los sistemas de contrataciones electrónicos
Fuentes del equipo de gobierno de Javier Milei aseguraron al diario El Cronista que con este paquete de decretos "se busca fomentar la neutralidad y minimizar los riesgos de prácticas ineficientes y costosas" en las universidades públicas.
Y esperan la reacción de la UBA (Universidad de Buenos Aires) que es la que más se muestra enfrentada a las medidas del presidente. Esperan que se oponga a esta medida.
Precisamente la UBA es una de las casas de estudios que no utiliza los sistemas de contrataciones electrónicos, mientras otras universidades del país ya lo están implementando.
