La causa por enriquecimiento ilícito que recae sobre Manuel Adorni sumó esta miércoles un nuevo testimonio. José Rodríguez, propietario de una casa en el country Indio Cuá, ubicado en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires, confirmó que el actual jefe de Gabinete le abonó más de 20.000 dólares en efectivo por el alquiler de su propiedad.
Más gastos en la mira
El dueño de una casa confirmó que Adorni le pagó más de 20.000 dólares por alquilar en Indio Cuá
José Rodríguez, propietario de una vivienda en el country Indio Cuá, declaró que Manuel Adorni abonó en billetes dos contratos y una extensión de alquiler
La causa de Manuel Adorni no para de dar novedades.
El testigo se presentó este miércoles ante el fiscal federal Gerardo Pollicita. Adorni alquiló el lugar mientras a pocos metros se llevaban a cabo las refacciones de la casa que había adquirido dentro del mismo predio.
El testimonio de Rodríguez encaja con otra declaración previa que sacudió la investigación: la del contratista Matías Tabar, quien ya había reconocido ante la Justicia haber comandado obras en la propiedad de Adorni por un valor de 245.000 dólares.
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La combinación de ambos testimonios dibuja un cuadro financiero que los investigadores intentan cruzar con el patrimonio que el funcionario declaró ante los organismos correspondientes. Este jueves Adorni viene a Mendoza.
Tres pagos, todos en efectivo
Según el relato que Rodríguez brindó ante el fiscal, las transacciones entre él y Adorni se desarrollaron en tres etapas, todas fuera del sistema bancario y todas saldadas con billetes en mano.
El primero fue un contrato temporal firmado en octubre de 2023, por 5.600 dólares en efectivo, que le permitió al entonces flamante vocero presidencial -asumió con la llegada de Javier Milei al poder en diciembre de ese año- veranear en el country a principios de 2024. En ese momento, Adorni ya ejercía como la cara visible del gobierno nacional en las conferencias de prensa diarias.
El segundo contrato, de mayor envergadura, ascendió a 13.000 dólares en efectivo y correspondió al alquiler principal de la propiedad de Rodríguez, donde Adorni residió mientras avanzaban las obras de refacción en su propia casa, por las que pagó 245.000 dólares en efectivo.
A esas dos operaciones se sumó una extensión informal del contrato por tres meses adicionales, motivada por las demoras en la obra que dirigía Tabar. Por ese período extra, el funcionario abonó otros 2.400 dólares en efectivo. En total, los pagos a Rodríguez sumaron 21.000 dólares, según lo confirmó el propio testigo ante la Justicia.
Las declaraciones juradas bajo la lupa
Las operaciones reveladas por Rodríguez están siendo analizadas por la Dirección de Asesoramiento Económico, conocida como DAFI, y por los investigadores judiciales, con el objetivo de determinar si esos movimientos de dinero en efectivo se condicen con el patrimonio que Adorni declaró como funcionario público.
En Argentina, los funcionarios de alto rango están obligados a presentar declaraciones juradas patrimoniales, y cualquier discrepancia entre lo declarado y los gastos reales puede configurar el delito de enriquecimiento ilícito.
El caso Adorni se convirtió en uno de los expedientes más sensibles para el gobierno de Milei, precisamente porque involucra a uno de sus funcionarios más visibles.
Como jefe de Gabinete -cargo que ocupó después de haber sido vocero presidencial-, Adorni es una figura central del Ejecutivo nacional y su exposición mediática diaria contrasta fuertemente con las operaciones informales en efectivo que están siendo investigadas.
Un expediente que crece
La causa no arrancó con la declaración de Rodríguez. Desde que se conocieron las primeras sospechas sobre el origen de los fondos que Adorni habría utilizado para comprar y refaccionar su propiedad en Indio Cuá, el expediente fue sumando capas.
El testimonio del contratista Tabar sobre los 245.000 dólares en obras fue uno de los primeros mojones del expediente; la declaración del dueño del inmueble alquilado lo profundiza.
Lo que los investigadores intentan reconstruir es si el flujo de dinero en efectivo que rodeó toda la operación inmobiliaria -compra, refacción y alquiler alternativo durante las obras- guarda correspondencia con los ingresos formales de un funcionario público.
La cifra total que surge solo de los elementos ya declarados ante la Justicia supera los 386.000 dólares entre la compra del inmueble, las refacciones y los alquileres pagados en efectivo, una suma que plantea preguntas que la investigación todavía no terminó de responder.
El fiscal Pollicita continúa con las indagatorias y no se descarta que en los próximos días sean convocados nuevos testigos vinculados a las operaciones inmobiliarias de Adorni en el country de Exaltación de la Cruz.
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