Mientras aún no cumple del todo con la Ley de Emergencia de Discapacidad –a pesar de lo ordenado por la Justicia-, el gobierno nacional ya envió al Congreso un nuevo proyecto que modifica el corazón del sistema de prestaciones básicas: el nomenclador de los prestadores y las pensiones por invalidez.
Nuevo proyecto
Discapacidad: el nuevo plan oficial que pone en la mira pensiones y nomenclador
Nación impulsa nuevos cambios en prestaciones para personas con discapacidad y pensiones por invalidez. Qué pasa con el nomenclador
El gobierno nacional vuelve a la carga por el sistema de asistencia a personas con discapacidad.
Se denomina “Ley Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez” y busca transformar los pilares del sistema actual, fundamentándose en la necesidad de ajustar las políticas de discapacidad a los recursos disponibles y combatir irregularidades que dice haber detectado.
La propuesta implica la eliminación de valores universales en el nomenclador de prestaciones básicas –el que prestadores reclaman que estuvo congelado durante dos años, poniendo en riesgo terapias de miles de personas con discapacidad-, controles estrictos, nuevas auditorías y un proceso obligatorio de reempadronamiento para beneficiarios de pensiones por invalidez.
Recomendadas
Además, el proyecto propone una nueva articulación con las provincias para financiar las prestaciones básicas de salud y asistencia para el sector. Esto último ya lo intentó el gobierno nacional en la reglamentación de la Ley de Emergencia, aunque hasta el momento no se avanzó en consecuencia.
Qué pasa con las pensiones en la nueva Ley de Discapacidad
Este punto afecta directamente a los beneficiarios actuales de pensiones por invalidez. El artículo 16 bis del proyecto de ley instruye un reempadronamiento obligatorio para actualizar la información personal, médica y socioeconómica de todos los titulares.
Y para hacerlo, los beneficiarios tendrán un plazo mínimo de 90 días - prorrogable por 30 más-.
¿Qué pasa si una persona con invalidez no cumple con ese reempadronamiento? La Secretaría Nacional de Discapacidad puede disponer la suspensión preventiva o incluso la baja de la pensión.
Por otra parte, el proyecto fija que la prestación mensual será del 70% del haber mínimo jubilatorio garantizado por el sistema previsional. Y algo clave: se deja explicitado que la pensión por invalidez es incompatible con el trabajo formal o estar inscripto en regímenes tributarios.
Adiós al nomenclador en la nueva Ley de Discapacidad
El proyecto de ley introduce cambios significativos en la forma en que se determinan los valores de las prestaciones básicas para personas con discapacidad.
Por un lado, elimina el sistema de valores universales en el nomenclador. En su lugar, los montos deberán ser determinados por cada ente obligado dentro del marco de su relación con los prestadores: obras sociales, prepagas o la Secretaría de Discapacidad, de forma trimestral – en este caso, si eso no sucediera, el Ministerio de Salud puede definirlo utilizando la inflación como referencia-.
Al eliminar la universalidad de aranceles, la nueva ley permite variaciones según los costos regionales y las capacidades financieras de cada jurisdicción.
Nomenclador abril 2026 y nuevo proyecto: ¿qué pasa con el retraso de aranceles en el sector?
Si bien los montos siguen atrasados, desde febrero de este año el gobierno nacional comenzó a actualizar por IPC los aranceles de las prestaciones básicas. Y este lunes, se conoció la suba del 3,40% en el nomenclador de abril 2026 sin diferencia por tipo de prestación.
Ahora bien, para mitigar el impacto inflacionario que reclama el sector, el nuevo proyecto de ley de Nación contempla una compensación de emergencia para prestadores que cubra la diferencia entre los aranceles de 2024 y la variación del IPC del mismo periodo.
Techo al financiamiento del sistema de discapacidad
El proyecto de Nación establece que el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas con discapacidad debe realizarse de manera proporcional a los recursos de los que dispone el Estado.
De hecho, la iniciativa critica la normativa anterior por haber ampliado el universo de beneficiarios sin considerar los recursos públicos existentes para afrontarlo.
Y, como decíamos, prevé la firma de convenios con las provincias para que sean estas las que organicen programas de asistencia a personas con discapacidad y asuman el financiamiento de los futuros afiliados. Este punto, seguramente, será uno de los de mayor discusión en el Congreso.
MÁS LEÍDAS
Temas relacionados