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El juez Sebastián Sarmiento es apuntado por buena parte del oficialismo provincial como un adversario por sus criterios jurídicos.
Foto: Axel Lloret / Diario Uno
Ambrosini habló en la explanada del Poder Judicial de calle San Martín 322. Allí detalló los cinco hechos señalando que en “el delincuente que termina con la vida de Pelayes tendría que haber estado detenido”; sin embargo, “termina saliendo un año y siete meses antes por decisión del juez Sarmiento cuando lo prohíbe el Código Penal, cuando hay un juicio abreviado y no podría estar en libertad”.
El mencionado homicidio ocurrió en septiembre de 2024, en una casa de calle Godoy Cruz al 10.500, de Rodeo de la Cruz, en Guaymallén. El expolicía Héctor Pelayes (60) estaba junto a su hija y su nieto de 9 años, que jugaba con un vecinito. Entraron los ladrones y se produjeron gritos y un tiroteo en el que murió el dueño de casa y también Roberto Rolando Pereyra (36), un criminal que tenía condena por asesinato hasta 2027 y no obstante estaba libre.
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El ex policía Héctor Enrique Pelayes, asesinado durante un asalto en Guaymallén.
Otros argumentos para el jury contra Sebastián Sarmiento
Otro caso es el de Héctor Quiroga, asesinado durante un robo en 2017. "Es la misma situación de un delincuente que tendría que haber estado preso con un prontuario delictivo interminable de robo agravado”, marcó Ambrosini.
Los hechos, según el acusador, se acumulan. El tercero es sobre un reo “que tendría que haber estado en prisión, tenía reclusión perpetua, y le terminan dando la libertad condicional. ¿Cuál es el efecto de esa situación? Es que una nena de 12 años termina siendo abusada con acceso carnal en reiteradas veces”.
Ambrosini amplió: “Este no es un juez común porque las decisiones que toma no son pasibles de revisión, atento que no hay un órgano superior que pueda revisar sus decisiones” y sus fallos "han generado gravámenes irreparables".
Melisa Pelayes, por su parte, comentó: “Desde que pasó lo de mi papá, nosotros hemos estado al tanto y en contacto con otras personas porque lo primero obviamente que tuvimos en consideración fue esto; que esta persona que entró a mi casa no debería haber estado en libertad”.
Y amplió: “Saltaron a la luz otros casos, se contactaron con nosotros, que obviamente no tuvieron la oportunidad o por ahí no se animaron a hablar. Entonces creímos que no podíamos seguir esperando que pasara algo que debería pasar, vivir con seguridad y vivir con justicia. Necesitamos que la justicia funcione, que la seguridad funcione y no puede funcionar si siguen liberando a los delincuentes y quienes deberían garantizarnos esa justicia, esa seguridad, siguen liberándolos, o siguen beneficiándolos, o siguen atentos solo a las necesidades de los delincuentes y no de la sociedad”.
La presentación incluye otros dos antecedentes que están relacionados con la orden del juez Sarmiento al Servicio Penitenciario Provincial y al programa PEUCE para permitir celulares, internet y dispositivos informáticos para todas las personas privadas de libertad en el contexto de la pandemia e incluso después, ordenando suspender una resolución administrativa en sentido contrario.
Asimismo, se señala a Sarmiento por haber ordenado un régimen de traslados especiales para dos presos al penal de San Rafael, "sin fundamentación clara y desoyendo los informes técnicos", considerando que ya desde ese penal los habían derivado a Mendoza por problemas de convivencia y seguridad.
