Desde hoy, los niños, niñas y adolescentes de la provincia, tienen una nueva ley que protege el cumplimiento de sus derechos y restituye aquellos que les hayan sido vulnerados.
Mendoza fue pionera en este tipo de legislaciones, ya que en 1995, se sancionó una legislación que definía cómo el Estado debía garantizar los derechos de los niños, pero desde un punto de vista jurídico. Así, la ley provincial 6354 se adelantó a la ley Nacional sobre Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, 26061, sancionada en 2005.
Sin embargo, nunca quedaron claros los alcances y funciones que el Poder Ejecutivo y el Judicial tenían en ese objetivo general de protección y restitución de derechos de la infancia.
Hoy, la nueva legislación Cámara de Senadores de la Provincia votó por unanimidad el proyecto que venía con media sanción de Diputados, y que contempla cómo se desarrollarán esas competencias en Mendoza.
Cambios
La nueva ley hace foco en delimitar las incumbencias del Ejecutivo y el Judicial, y cambia el funcionamiento del Órgano Administrativo Local (OAL) que pasará a llamarse Equipo de Trabajo Interdisciplinario (ETI). Lo que la ley especifica es qué funciones tiene el gobierno en materia de restitución de derechos y cuáles son exclusivamente del Poder Judicial.
A su vez, determina cuáles son las tareas a realizar por cada organismo del Ejecutivo que interviene en casos de niños y niñas con derechos vulnerados, para que no exista lugar a dudas. Esto porque han habido muchas situaciones conflictivas que involucran a menores de edad, y en las que no se ha podido determinar de quien ha sido la responsabilidad del tratamiento de estos casos, que en algunas oportunidades han terminado en tragedia, como en el caso Caterina Cardoso, o el de Luciana Rodríguez.
También crea una Dirección de Protección y Restitución de Derechos de las Personas Menores de Edad, que estará conformada por la Dirección de Cuidados Alternativos, la Dirección de Protección de Derechos, y el Consejo Provincial de Niñez y Adolescencia. Este organismo servirá para diseñar las políticas públicas relacionadas con la problemática de niños, niñas y adolescentes.
