El trato a Mendoza del gobierno de Alberto Fernández se viene dando como la crónica de una mala intención anunciada.
Un cordial Wado de Pedro aseguró que la asistencia financiera para la Provincia sería de 3.000 millones de pesos. Cuatro días después Martín Guzmán firmaba apenas 1.900 millones. Un juego como el del policía bueno y el policía malo.
La autoridades nacionales no suelen dar razones ni jurídicas ni contables respecto de la distribución de los fondos, con el poder delegado al Ejecutivo por el Congreso, y peor con la discrecionalidad que detentan frente a la pandemia.
Apenas frases de circunstancias y vaguedades dichas por Guzmán ante un sorprendido Rodolfo Suarez por la ínfima ayuda que el ministro le estaba asignando. Menciones obvias sobre la situación del país, o que la ecuanimidad frente a la necesidad de otros estados provinciales, y cosas por el estilo, no sirven para justificar la escandalosa distribución de los fondos que, vaya sorpresa, vuelve a discriminar a a Mendoza.
Fuera del mar de fondo político -no explicitado-, la tesis de las autoridades centrales es que Mendoza "no necesita tanto porque tiene las cuentas ordenadas", un argumento que contradice notoriamente lo que se escucha de boca de justicialistas de la provincia que suelen mentar el "desastre" financiero que heredó Suarez. Es decir, los dos términos opuestos a la vez.
Las planillas de Lisandro Nieri daban que con unos 5.268 millones de pesos, aproximadamente la mitad de la caída de los ingresos, la Provincia podría salir a flote y pagar los aguinaldo en tiempo y forma. Eso es lo que pidió el ministro de Hacienda basado en que el programa del Fondo Fiduciario de préstamos otorgaría un 60 por ciento por desequilibrio fiscal, 20 por ciento por COVID-19 y 20 por ciento por situación social (NBI, etcétera). La promesa de "Wado" fue de 3.000 millones y dirigentes justicialistas dejaron trascender que el monto se elevaría a 3.500, días antes de la confirmación de los 1.900 millones de pesos que llevan a que la Provincia toque fondo en su situación financiera.
Pasando en limpio, lo que le toca a Mendoza representa $955 pesos per cápita, lo que contrasta con los $8.203 que privilegian a Santa Cruz o los $8.078 por cada habitante de Chubut, provincias que suelen ser noticia por sus problemas de administración.
La tabla de asistencia financiera -en la que no figura la que recibe Axel Kicillof fuera de toda escala-, es encabezada por Tucumán, la provincia que gobierna Juan Manzur, con seis mil millones de pesos, es decir, más del triple de lo que recibirá Mendoza un mes después.
De buitres nacionales
Cuando se vieron las caras el ministro del Interior y Rodolfo Suarez en la antesala de la discusión por Portezuelo, las respuestas de circunstancias de De Pedro por la plata que quedó en el camino quedaron resumidas, otra vez, en la situación financiera del país y en los compromisos múltiples que debe afrontar Guzmán.
Eso sí, mientras el ministro negocia con los bonistas la deuda argentina, exige a la provincia más de lo que puede pagar por sus deudas con organismos estatales. La negociación de la deuda con el Banco Nación recién ahora se está retomando, después de que le concedieran a la Provincia sólo seis meses de gracia de los 18 que había pedido. De los distintos rostros que tiene el Gobierno, a Mendoza le muestra el peor.
Así, la Provincia deberá afrontar lo que viene y sus consecuencias con lo poco que le ha tocado: aguinaldos postergados, consumo deprimido, y un confinamiento en Buenos Aires, el principal centro de consumo del país, que deja incertidumbre sobre si los ingresos seguirán cayendo o ya vivimos lo peor. Lo único cierto es que los daños estructurales repercutirán por mucho tiempo.
El informe de Santiago Cafiero en el Congreso, en el que infló la supuesta ayuda que habría llegado de la Nación sin reconocer que sólo enviaron la mitad de lo que correspondía en ATN, fue un presagio de que estaban dispuestos a soltarnos la mano sin miramientos.
Tarde para lágrimas
La traba a Portezuelo no podría sorprender a nadie, después de los embates presidenciales contra Mendoza respecto de que no estaba dispuesto a "financiar" la obra en el río "Atuel" sin el "consenso" de las provincias, y que la administración de la presa debía ser compartida para que una sola no se "quede con el agua".
Dada la previsible votación de los gobernadores en el Coirco, Alberto Fernández debe laudar sobre la posición de los pampeanos que chicanea con un nuevo estudio de impacto ambiental.
La cruzada religiosa intergeneracional de La Pampa, acompañada esta vez por sus nuevos socios políticos de Buenos Aires, Río Negro y Neuquén, pretende que todo se haga bajo la ley inaplicable de Obras Hidráulicas, que fue sancionada antes de la reforma constitucional de 1994, cuando los recursos naturales provinciales pertenecían a la Nación. De salirse con la suya, otro absurdo jurídico, habría que ir al Congreso para someter el proyecto a audiencia pública.
Pero el gobierno provincial continúa con una cuota de esperanza y apela a la buena voluntad de Eduardo De Pedro para destrabar algunos aspectos del conflicto en la reunión informal que se celebrará en un par de semanas. Los intentos de dilación de la obra multipropósito del río Grande, sin embargo, no frenan el proceso licitatorio en marcha que tiene como fecha de cierre de ofertas el 3 de julio, advirtió por Radio Nihuil el ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez. Mientras que los pagos de la Nación (la próxima cuota cae el 28 de julio) deben cumplirse, independientemente de que Fernández laude o no por nuevos estudios de impacto ambiental.
No obstante, por los antecedentes hay motivos para dudar si los fondos entrarán o no en el terreno de la guerra fría contra la Provincia.
Ante los vientos políticos favorables a sus propósitos, los pampeanos se han visto animados hasta reclamar ahora un territorio malargüino de casi 200 mil hectáreas, y así seguirán mientras vean el pulgar en alto de las autoridades nacionales.
A esta altura, deberíamos estar hablando de la ejecución de la obra que calzaría justo para comenzar la reactivación en la etapa pospandemia si no fuera que el poder central abrió esta grieta, algo que obviamente le cuesta admitir al peronismo local.
Son inevitables los daños colaterales que está sufriendo la dirigencia del Frente de Todos, por más que muchos han hecho saber que acompañan la estrategia del gobernador y han sido severos en las críticas hacia La Pampa.
Es probable que la negativa a conceder el reperfilamiento de la deuda y la toma de créditos de fomento para las obras estructurales que tenía planeada la admistración de Suarez, también esté pesando en la imagen de la oposición ante la opinión pública mendocina.
La senadora Anabel Fernández Sagasti, pese a que se ha puesto a disposición del Gobernador en más de una ocasión, es quizás quien está corriendo con el mayor costo político, teniendo en cuenta que pertenece al círculo de Cristina y tiene llegada al Presidente.
Se trata de un desgaste que sólo podría revertirse con buenas señales del gobierno de Fernández hacia la Provincia, para comenzar a escribir un nuevo capítulo del peronismo local.
Así las cosas, el cumplimiento de los pagos de la Nación pasa a ser lo prioritario, más allá de las piedras en el camino de Portezuelo. Porque los 1.023 millones de dólares que le pertenecen a Mendoza por la prórroga de la promoción mediante un decreto de Menem declarado inconstitucional, hasta podrían servir para financiar otras obras vitales.
Cabría preguntarse si Rodolfo Suarez, quien viene mostrando buenos gestos hacia el gobierno nacional sin ningún resultado concreto, no se animaría a dar un golpe de timón, no sólo en sus modales sino en sus decisiones. Es que en el caso de que lo de Portezuelo quede obstruido indefinidamente, el convenio vigente firmado con Néstor Kirchner permite expresamente encarar otras obras hídricas.
Si no es el río Grande, que le da sus aguas al Colorado, tanto el Tunuyán como el río Mendoza están allí esperando por obras de envergadura. Ya lo que importa es que Fernández honre el compromiso de los fondos que le pertenecen a la Provincia.