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Con la aprobación en el Senado, el proyecto pasó en revisión a la Cámara de Diputados.
Los argumentos del proyecto que busca disminuir el robo de cobre
El oficialismo reconoce a través del proyecto que “de un tiempo a esta parte los robos de cobre se han acentuado considerablemente” en Mendoza y que la dificultad para la Policía se presenta en que “los transformadores ofrecen gran cantidad de recurso en una sola operación, sumado a que la ubicación geográfica de estos, generalmente alejada de las grandes urbes, posibilita actuar en despoblado y en banda”.
Mercedes Rus junto a Jessica Laferte.jpg
De pie, Mercedes Rus, autora del proyecto de ley que busca disminuir el robo de cobre.
Aproximadamente, un transformador de dimensiones medianas (100 KVA) contiene 100 kg. de cobre, que en el mercado negro se venden a más de $1.300 por kilo.
Según la autora del proyecto, este tipo de hechos delictivos se incrementaron para el período abril a noviembre de 2021, particularmente, en los departamentos de Tupungato, Tunuyán y San Carlos en zona centro; Luján de Cuyo, Lavalle y Maipú en zona norte y focos puntuales en el departamento de San Rafael de zona sur.
Que después de esa fecha, por acciones del ministerio de Seguridad y la Justicia disminuyeron y que “esta propuesta viene a aggiornar otorgando herramientas puntuales y concretas incumbencias a las fuerzas”.
Quiénes tendrán que inscribirse en el registro del cobre
La norma establece que “quedan alcanzados por esta ley, las personas humanas o jurídicas, que realicen actividades de carácter comercial o industrial, en forma permanente o eventual, aun cuando no sea la actividad principal en los términos que disponga la reglamentación, con metales no ferrosos, cobre y aluminio en todos sus estados: puros, elaborados, incorporados en aleaciones, en piezas identificables o sus desechos, sean estos establecimientos de venta, reducción y fundición, fabricación de bienes que incorporen estos materiales, depósitos, chatarrerías y todo otro que realice actividad similar cualquiera fuere su denominación”.
El registro quedará bajo la órbita del ministerio de Seguridad. Para la inscripción, los empresarios deberán contar con la habilitación municipal expedida y en estado.
La idea es que los efectivos de las fuerzas puedan exigir y comprobar el cumplimiento de esta documentación, secuestrar la mercadería si se encuentran con una infracción y multar a los que no estén inscriptos.
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