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Otro revés para CFK

Cristina Kirchner y otros 8 condenados en la Causa Vialidad deberán devolver unos $85.000 millones

La confirmación del fallo que condenó a prisión a Cristina Kirchner incluye la devolución de casi $85.000 millones actualizados o el decomiso de bienes por ese monto

Al quedar firme el fallo del juez Jorge Gorini, que confirmó la condena a prisión de 6 años para Cristina Kirchner por la denominada Causa Vialidad, ella y los demás condenados deberán devolver al Estado casi 85.000 millones de pesos lo que será confirmado en las próximas horas. Pero además ese monto debe ser actualizado.

El fallo de la condena dictada el 6 de febrero de 2022 que ahora es de cumplimiento efectivo incluye la devolución de esa cifra por parte de Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez, Nelson Periotti, José López, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Santibáñez y Raúl Daruich.

Lo que el Tribunal Oral Federal N°2 y luego la Cámara de Casación establecieron es que el “monto de perjuicio al Estado” es por los 51 contratos que le fueron adjudicados al Grupo Austral, propiedad de Báez, ex socio comercial de la ex vicepresidenta según la condena (la defensa de Cristina asegura que esto no fue probado).

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La devolución de dinero es por 51 contratos adjudicados a empresas de Lázaro Báez.

Acusados de administración fraudulenta

Los 9 condenados, incluida la ex presidenta de la Nación, están acusados por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, vinculada con el direccionamiento de la obra pública nacional en la provincia de Santa Cruz durante el gobierno de Kirchner.

Al 6 de diciembre del '22, eran 85.000 millones de pesos que equivalían a 483 millones de dólares según el tipo de cambio de ese momento de 176 pesos por dólar del Banco Nación. A eso se le suma un 2% anual de la tasa activa del Banco Nación que equivale a 19 millones de dolares. Eso da 502 millones de dólares.

De todos modos, será el TOF 2 el que dentro de unas semanas deberá calcular la cifra definitiva del decomiso.

Mientras tanto el equipo de abogados de la también ex vicepresidenta ya llevó el caso a tribunales internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para denunciar una maniobra de lawfare y un juicio político. En caso de que esto ocurra, el organismo elegido deberá analizar la causa y determinar si le da intervención a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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