José Luis Ramón, diputado nacional de Protectora
El proyecto propone suspender todas las ejecuciones que intervengan en créditos para consumo y el inicio y trámite de cualquier procedimiento de corte de los servicios públicos por falta de pago en las que incluye a las telecomunciaciones/internet. Pero va más allá, y suspende también cualquier incremento de precio que se hubiera acordado previo a la medida de aislamiento.
Ramón ya se había manifestado sobre la necesidad de ampliar los subsidios o tarifas diferenciadas mientras dure la crisis sanitaria, y que no fuera solo para familias de bajos recursos: “Es preciso que el gobierno apoye a aquellos que desde antes de la pandemia vivían en situaciones vulnerables, pero no podemos dejar de lado a los miles que no van a poder pagar las facturas por la falta de ingresos que interpone el aislamiento obligatorio”.
El legislador mendocino le reprochó al ministro de Educación Nicolás Trotta, "la forma en que se estableció un acuerdo con las instituciones de educación privada para bajar la cuota y que, vale la aclaración, no está siendo cumplida por la mayoría de las instituciones".
En este punto, el proyecto estipula también que se suspenda el cobro de cualquier servicio que no se preste efectivamente así como prohíbe el aumento de las cuotas por el tiempo que se extienda el aislamiento. Cada medida, aclara, es para todos los niveles educativos y no sólo para los obligatorios (primaria y secundaria).