El gobernador Alfredo Cornejo renovó por cinco años la concesión del aprovechamiento integral del Río Mendoza-Proyecto Potrerillos a favor del consorcio de empresas mendocinas Potrerillos S.A., pero instruyó a su vez a las áreas pertinentes a replantear las condiciones para próximas prórrogas y evitar así que se den de manera automática e indefinida hasta completar las cuatro décadas.
Boletín oficial
Cornejo renovó la concesión del dique Potrerillos pero ordenó rever requisitos para próximas prórrogas
El convenio inicial para el aprovechamiento energético por 25 años se venció en diciembre de 2023 y prevé la renovación automática por cinco años con el cumplimiento de ciertas condiciones
Cinco años más para C.E.M.P.P.S.A. en el dique Potrerillos. Imagen ilustrativa.
Esto último lo ordenó Cornejo por sugerencia de la Fiscalía de Estado que, previo al decreto Nº 3.230 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, emitió su dictamen.
El convenio para el aprovechamiento de energía del dique Potrerillos se firmó en 1997 con el consorcio (C.E.M.P.P.S.A.) representado por Carlos Roman, la empresa Cartellone y, en ese entonces, Industrias metalúrgicas Pescarmona. El mismo comenzó a regir al año siguiente y estuvo vigente hasta el 30 de diciembre de 2023; por lo que se hizo necesaria una renovación de la concesión.
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La prórroga se concedió automáticamente por cinco años por el cumplimiento de ciertas condiciones entre las que se encuentra no llegar a los 120 millones de dólares en ventas.
Según explicó Emesa, existe una elevada probabilidad de que el valor promedio de ingresos por ventas anuales de energía se mantenga muy por debajo de esa meta por lo que eso generaría, en la práctica, una "renovación sucesiva e indefinida del vínculo contractual, hasta el cumplimiento del plazo máximo de 40 años".
Debido a ello es que la Fiscalía de Estado sugirió modificar con una adenda esa cláusula y el gobernador Cornejo acompañó la idea en el decreto.
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Lo que el Gobierno quiere cambiar del convenio por la concesión inicial
El artículo 34 del acuerdo establece que para que viabilice la prórroga de la concesión, al finalizar el plazo de 25 años, el valor neto de los ingresos de las ventas de anuales de energía debía haber sido inferior a U$S 120.000.000. Y que en ese caso, la concesión se renovaría automáticamente por otros 5 años salvo que la sociedad no quisiera.
Así, hasta completar un plazo total de 40 años contados a partir del inicio de la misma.
En los informes técnicos, Emesa concluyó que “considerando que el valor promedio de ingresos por ventas anuales de energía deflectados y expresados en dólares de 1999, para el período 1999 a 2021 es de U$S 14.144.435, resulta claro que es inviable que se alcance el valor meta en el periodo de concesión que finaliza en diciembre de 2023”.
Y lo mismo informó el EPRE: "El resultado hallado con este procedimiento arrojó un monto de Valor Actual en dólares de diciembre de 1998, inicio de la concesión, de U$S 87.893.909. Este valor se encuentra en el mismo orden del determinado en el estudio incorporado a orden 8”.
Debido a ello es que la Fiscalía de Estado entendió que, así como corresponde la renovación automática por cinco años ahora, también existe una elevada probabilidad de que el promedio de ventas se mantenga muy por debajo de la pauta prevista (U$S 120.000.000) y que a la larga eso resulte en prórrogas sucesivas e indefinidas hasta el cumplimiento del plazo máximo de 40 años.
Por eso es que además sugirió, "atento al tiempo transcurrido desde el inicio de la concesión y particulares condiciones de renovación contractual pactadas, se analice la posibilidad de celebrar una adenda complementaria que replantee los requisitos para la prórroga del plazo de vigencia del mismo, así como que elimine la previsión de renovación automática". Según dijo la Fiscalía de Estado: "En pos de la debida protección el interés fiscal".
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