La reforma apunta principalmente a aquellos que manejan con alcohol al volante.
Foto: Nicolás Rios / Diario Uno
El Senado reformó la Ley de Seguridad Vial, un proyecto remitido por el Poder Ejecutivo que forma parte del paquete de propuestas en materia de seguridad. Con los cambios se agravan sanciones especialmente para los conductores que superen el límite de alcoholemia de 0,5 g/l.
La norma fue aprobada este martes con cuestionamientos de parte de la oposición y salió por 19 votos a favor y 14 en contra, por lo que fue remitida al Poder Ejecutivo para su posterior promulgación.
El senador Abel Freidemberg (UCR) explicó en los argumentos que esta ley es apenas una parte de lo que se puede hacer para abordar de manera urgente la problemática del consumo de alcohol al volante, un asunto crítico para la salud pública: "Cada dos minutos fallece una persona en el mundo por accidentes viales, lo que equivale a 3.200 muertes diarias".
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El objetivo de la reforma es imponer inhabilitaciones, retenciones de licencia y vehiculares más rígidas, especialmente para aquellos con una alcoholemia superior a un gramo por litro.
Defensa y críticas de la reforma que sancionó el Senado
Freidemberg informó que este proyecto de ley busca simplificar la certificación de alcohólimetros, permitiendo que la calibración se realice en Universidades y otras entidades, evitando largos trámites burocráticos.
También introduce la reincidencia agravada para quienes conduzcan con niveles de alcoholemia fuera de los límites permitidos, extendiendo la inhabilitación para conducir hasta 365 días y facultando al juez para ordenar cursos de capacitación y prevención.
Y otro punto clave del proyecto, según el senador radical, es la gestión de vehículos retenidos por infracciones.
Sobre este último punto se centraron la mayor parte de las críticas de la oposición. El senador Dugar Chappel del Partido Verde, que votó en contra de la ley, argumentó que la propuesta afecta el derecho de propiedad al permitir la transferencia de vehículos al Estado tras ciertos plazos, lo que considera inconstitucional.
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Germán Vicchi, del demarchismo, también expresó su preocupación por el impacto de las nuevas disposiciones sobre los ciudadanos de menores recursos, que podrían perder sus vehículos debido a las nuevas reglas de retención y decomiso. Asimismo, mencionó que el cambio en los plazos de retención de seis a dos meses podría no ser suficiente para resolver los problemas de fondo relacionados con la gestión de vehículos decomisados.
Gustavo Soto, del radicalismo, reconoció la necesidad de revisar y mejorar la técnica legislativa para evitar críticas y hacer más efectivo el trabajo legislativo. Es que la norma se redactó de manera tal que no pudiera votarse por partes, lo cual también fue cuestionado por opositores en el recinto.
Soto defendió en tanto la reducción de plazos para acelerar la gestión de vehículos secuestrados, argumentando que la acumulación de vehículos en mal estado representa un problema significativo para los municipios.
Qué plantea la reforma de la Ley de Seguridad Vial
Uno de los puntos destacados de la reforma es la incorporación de la facultad del juez para exigir, según la gravedad del caso, la asistencia del infractor a cursos de capacitación, prevención y/o conducción responsable.
En casos de primera reincidencia de la infracción prevista en el inciso 7 del Artículo 52, la sanción de inhabilitación podrá extenderse hasta 365 días, con la posibilidad de que el juez ordene la concurrencia a dichos cursos.
El proyecto también busca habilitar a los Municipios y a la Dirección de Seguridad Vial para obtener la certificación de calibración de los alcoholímetros utilizados en Mendoza. Para ello, podrán suscribir convenios con universidades públicas y/o privadas, organismos estatales y/o privados, organizaciones no gubernamentales y otras entidades, tanto nacionales como internacionales.
Además de las modificaciones relacionadas con la alcoholemia, la reforma establece nuevas regulaciones para los vehículos que se encuentran en playas de secuestro. Estas regulaciones buscan mejorar la gestión y control de dichos vehículos, contribuyendo a una mayor eficiencia en el manejo de la seguridad vial.
Con estas modificaciones, el Gobierno provincial espera un mayor control y prevención de incidentes viales, reforzando la seguridad en las carreteras de Mendoza y estableciendo mecanismos más estrictos para los infractores de las normas de tránsito.
