Cómo es la compra de tierras rurales en Brasil, Uruguay y Paraguay frente al cambio que busca Milei
Mientras el oficialismo busca liberar la venta de campos a extranjeros, los países vecinos mantienen firmes restricciones y controles sobre sus tierras
Ley de Tierras: cómo regulan Brasil, Uruguay y Paraguay la compra de campos y qué cambia con el proyecto de Milei.
El mercado de tierras rurales en la Argentina se encuentra a las puertas de una transformación histórica. El Senado debate este jueves un proyecto de reforma de la Ley de Tierras Rurales (Ley 26.737) impulsado por el Gobierno de Javier Milei que, de aprobarse, colocará al país entre las naciones con menores restricciones de Sudamérica para la inversión extranjera en el sector agropecuario.
Elimina por completo los límites vigentes para personas y empresas privadas extranjeras, aunque, en contrapartida, endurece los controles y exige autorizaciones específicas cuando los compradores sean Estados extranjeros, firmas estatales o sociedades bajo su control directo.
El plan oficial para liberar tierras a privados extranjeros pero con lupa sobre firmas estatales
Actualmente, la legislación argentina establece que los extranjeros no pueden poseer más del 15% de las tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal, fija un tope de 1.000 hectáreas en la codiciada "zona núcleo" y prohíbe la adquisición de campos con cuerpos de agua permanentes o en zonas de frontera. Hoy, según datos oficiales, solo el 6% del territorio rural nacional está en manos extranjeras.
Mientras Argentina avanza hacia la desregulación para el capital privado, los socios del Mercosur mantienen esquemas de control activos y, en algunos casos, sumamente rigurosos.
Brasil: un esquema de límites rígidos por municipio
Brasil posee una de las legislaciones más severas de la región a través de la Ley 5.709/71. El gigante sudamericano limita la propiedad extranjera al 25% del territorio de cada municipio, y establece que personas de una misma nacionalidad no pueden concentrar más del 10% de esa superficie. Todo el proceso es fiscalizado por el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA).
El rígido control de Brasil que limita la compra de tierras por municipio y nacionalidad
Uruguay: la lupa puesta en la transparencia
El modelo uruguayo no prohíbe la compra, pero se enfoca en el control societario y la seguridad soberana. El Estado exige la identificación obligatoria de los accionistas de las firmas compradoras y el registro minucioso de la titularidad. Además, el Parlamento uruguayo debate actualmente proyectos para blindar aún más las zonas de frontera ante capitales foráneos.
El fuerte contraste entre el plan de Milei para liberar campos y los controles de tierras en el Mercosur
Paraguay: extranjerización bajo procesos históricos
Paraguay es el país con mayor presencia de propietarios extranjeros en sus campos (entre el 14% y el 19% del territorio nacional, llegando al 60% en departamentos fronterizos debido a la fuerte inversión brasileña). Sin embargo, los analistas destacan que este fenómeno responde a un proceso de colonización histórica y no a una política de apertura irrestricta y desregulada como la que ahora se propone en Argentina.
Los argumentos de la reforma y el foco en el capital privado
Desde el Poder Ejecutivo defienden la flexibilización argumentando que las trabas actuales actúan como un "freno de mano" para inversiones multimillonarias en sectores clave como la actividad forestal, los sistemas de riego y los cultivos permanentes en regiones como el NEA, Cuyo y la Patagonia.
El plan de Milei para liberar la venta de campos y el rígido espejo de Brasil, Uruguay y Paraguay
El argumento del proyecto
"La reforma busca diferenciar claramente al inversor privado de los Estados extranjeros. Los privados dejarán de tener restricciones para comprar y dinamizar la economía, mientras que los gobiernos extranjeros quedarán sometidos a un filtro de seguridad nacional mucho más riguroso".
De convertirse en ley, la Argentina pasará de tener uno de los marcos regulatorios más proteccionistas del continente a consolidar un escenario de libre mercado de tierras, desmarcándose de la tendencia de control que prima en el resto del Cono Sur.
