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Boudou demandó al Estado por su condena en el caso Ciccone

Boudou presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una denuncia por su condena en la causa Ciccone

El exvicepresidente Amado Boudou presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una denuncia contra el Estado argentino por su condena en el caso Ciccone, al considerar que enfrentó un proceso "amañado y arbitrario en el que no habido garantía convencional que no se haya violado".

En una presentación Boudou sostuvo que "junto con quien fue presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y buena parte de su Gabinete de ministros" fue "objeto de una campaña de persecución judicial", apenas terminó su mandato, en 2015, durante el Gobierno de Mauricio Macri.

La denuncia fue realizada por el exvicepresidente al agotarse la vía de reclamo judicial en la Argentina, tras la confirmación de su condena en la causa Ciccone de cinco años y 10 meses de prisión por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en diciembre de 2020, que ratificó lo actuado por los tribunales inferiores.

En el escrito se hace un pormenorizado detalle de los pasos que siguió la causa Ciccone, que se inició, según expresó, "con intervención de los servicios de la inteligencia clandestina", en un trámite en el cual "irían a desplegarse las maniobras", mientras las nuevas autoridades "implementaron desde su asunción y en sede judicial una política ilegal de persecución".

La denuncia menciona un informe de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso de la Nación, denominado "Espionaje ilegal 2016-2019", en el cual se señaló que hubo "un plan sistemático ideado en lo más alto del Gobierno Nacional" que buscaba "la extorsión política y económica" y el método que se fue el "'lawfare' o guerra jurídica".

"Se trataba de lograr una sentencia anticipada construida mediática y judicialmente, sin que existiera correlación alguna con la verdad de los hechos", para crear "un clima de odio, rencor y revancha que justificara la intervención judicial sin que importaran las pruebas y mucho menos el debido proceso y las demás las garantías constitucionales", expresó sobre su condena en el caso Ciccone.

También recordó su detención, en noviembre de 2017, en horas de la madrugada, y dijo que tuvo "el evidente objetivo" de humillarlo públicamente al ser "retirado" de su domicilio sin citación previa, "pese a que siempre había comparecido a las citaciones" y, además, exhibiéndolo ante la TV en pijama y pantuflas, ventilando ilegalmente imágenes del procedimiento".

En otro pasaje de la denuncia, Boudou afirmó que la causa Ciccone fue divulgaba como "hechos de campaña" con un "profuso tratamiento mediático en primera plana", para lo cual se "diseccionó cuidadosamente" el proceso "desvirtuando su rigor objetivo, material y procesal".

Se apuró "en elevar a juicio un tramo de la causa vinculado con la actuación" que se le reprochaba, entre otros, "junto los acusados José María Núñez Carmona y Alejandro Vandenbroele", planteó y recordó que este último luego se convirtió en "arrepentido", una situación que fue difundida por la prensa incluso antes que se formalizara.

"Ante la manipulación de las voluntades judiciales afectadas no hubo ningún recurso real a mi disposición para la defensa de mis derechos", dijo en su denuncia el ex vicepresidente.

Señaló que "todo eso fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia mediante una simple negativa sin expresión de razón alguna, dejando a este modo agotados los recursos internos y por ende expedita la vía internacional".

"Sigo aún preso. Y en síntesis, el Estado Argentino es responsable por la violación" a las normas de la Convención Americana de Derechos Humanos, concluyó.

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