El Gobierno de Alberto Fernández alista en una profunda modificación de los planes sociales que paga el Estado con la idea de que sus beneficiarios puedan trabajar dando un servicio a la comunidad y recibir una suma extra.
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El objetivo oficial es trabajar de forma conjunta con provincias y municipios para asegurar a estos trabajadores en primera instancia una prestación igual a un salario mínimo, vital y móvil.
El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, confirmó que los beneficiarios de planes sociales recibirán capacitación laboral y realizarán trabajos en distintas áreas pero no será obligatorio, por lo que percibirán un pago extra mensual que representará el valor de un salario mínimo, vital y móvil.
“El objetivo es que haya más gente en condiciones de pasar del plan social a un trabajo formal”, consideró Daniel Arroyo en declaraciones a radio El Destape.
Desde la cartera de Desarrollo Social explicaron a Télam que “no será obligatorio ni una condición excluyente para los beneficiarios realizar una tarea laboral para que continúen percibiendo el plan social" y aclararon que "no es una contraprestación por recibir un plan”.
La iniciativa está siendo elaborada por los ministros de Trabajo, Claudio Moroni; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; el secretario de Economía Social de la Nación, Emilio Pérsico; y el subsecretario de Promoción de la Economía Social, Daniel Menéndez.
"Después del 20 de febrero, el Gobierno quiere poner en marcha una nueva modalidad de planes sociales para que las personas que reciben puedan tener garantizado un trabajo como contraprestación y un salario mínimo", explicó Arias tras el encuentro con Pérsico.
El salario mínimo se va a conformar en un 50 por ciento con recursos de la Nación y la otra mitad deberán completar las Provincias, los Municipios o las instituciones donde los beneficiarios cumplan una tarea laboral, agregó Arias.
