En línea con su política de orden fiscal, el gobernador Alfredo Cornejo firmó el Decreto Acuerdo N.º 2974, mediante el cual el Gobierno de Mendoza puso en marcha un régimen de control y restricción del gasto público que regirá durante todo el ejercicio 2026.
Por decreto
Alfredo Cornejo endureció el control del gasto y fija un fuerte esquema de ahorro para todo 2026
Cornejo estableció topes a la ejecución del Presupuesto para acompañar a la evolución real de la recaudación. Austeridad hasta en uso de las líneas de celular
El gobernador Alfredo Cornejo y su ministro de Hacienda, Víctor Fayad.
La norma busca preservar el equilibrio presupuestario en un contexto de ingresos acotados y reglas fiscales más exigentes. La medida se conoció este miércoles 7 de enero en el Boletín Oficial.
Control de gastos y sintonía con Milei
El decreto establece topes trimestrales al ritmo de ejecución del Presupuesto, tanto para la Administración Central como para organismos descentralizados y cuentas especiales. En términos concretos, las erogaciones financiadas con rentas generales o recursos afectados no podrán superar el 15% en el primer trimestre, el 25% en el segundo, otro 25% en el tercero y el 35% en el último trimestre, de manera acumulativa. El objetivo es acompasar el gasto a la evolución real de la recaudación y evitar desfasajes financieros.
En los fundamentos, desde el Ejecutivo provincial remarcaron que la medida se inscribe en el marco de la Ley de Responsabilidad Fiscal Nacional -promovida por el gobierno de Javier Milei- y su adhesión provincial, que fija límites estrictos al crecimiento del gasto y de la planta de personal.
En ese sentido, el decreto deja en claro que las restricciones tienen carácter preventivo y temporario, y que no afectarán la prestación de servicios esenciales.
Cornejo fijó límites a la contratación del personal
Uno de los ejes centrales de la política de ahorro es el endurecimiento de las autorizaciones para nuevas contrataciones. A partir de 2026, los trámites vinculados a ingresos de personal, contratos de locación de servicios u obras y ampliaciones contractuales deberán contar con autorización expresa del Gobernador y del Ministerio de Hacienda y Finanzas, además de una proyección detallada que garantice su financiamiento.
Incluso se fija que, salvo excepciones puntuales, los trámites de personal recién podrán iniciarse desde el 1.º de abril.
El decreto también introduce medidas concretas de austeridad operativa, como la drástica reducción en el uso de celulares oficiales, que quedarán reservados solo para las máximas autoridades, o el refuerzo del uso del Catálogo de Ofertas Permanentes para evitar sobreprecios en contrataciones. Además, cualquier compra relevante de bienes de capital deberá contar con aval político y financiero previo.
Si bien el régimen es general, la norma contempla excepciones puntuales para partidas sensibles como salarios, deuda pública, servicios básicos, salud, educación y seguridad. También se exceptúan los gastos vinculados a la Fiesta Nacional de la Vendimia, aunque bajo un esquema mensual estrictamente regulado, lo que refuerza la idea de control incluso en eventos emblemáticos.
El Ministerio de Hacienda y Finanzas tendrá un rol central en el seguimiento permanente de la ejecución presupuestaria, con facultades para ajustar porcentajes y aplicar nuevas herramientas de control si la recaudación no acompaña las previsiones. Incluso podrá disponer medidas adicionales para sostener el equilibrio fiscal.