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Esta semana, Cornejo desacreditó la lucha antigranizo con drones que presentó el intendente Morillas, de San Carlos.
Pero en el medio surgió la novedad que lo cambia todo: el gobernador no está completamente bajado de la mesa (o volvió en los últimos días) y todavía hay chances de que desde Casa de Gobierno financien una porción de los vuelos. En las últimas reuniones ya se especuló con que el Ministerio de Producción "ponga algo" y Cornejo se lo confirmó a un interlocutor este sábado. La idea es por lo menos probar durante un año y aportando menos dinero del que se invirtió en la última temporada.
"Si es lo que quieren, estamos dispuestos al menos a probar por doce meses. Además de eso, está el aporte de los otros elementos que ya se habían comprometido, como las bengalas", dijo a parte de su círculo en las últimas horas.
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Números por (y para) las nubes
"Creemos que 'un 500' se puede lograr que venga de Casa de Gobierno", aventuró un dirigente que estuvo en las reuniones. En el Ejecutivo no han mencionado ni una sola cifra, pero esa no les parecería descabellada en absoluto. En cuanto a los fondos concretos, el número más fino que manejan en el sur provincial es el que ya había anunciado Diario UNO el fin de semana pasado: 2.200 millones de pesos para costear la lucha sólo en esas dos comunas sureñas.
La otra novedad es que ya no lo pondría únicamente el Estado, sino que los productores harían su aporte a través del pago de un impuesto especial. La cuenta es: 1.200 millones de pesos de operación aérea, mantenimiento y repuestos; otros mil millones de pesos de contratos y pirotecnia (las bengalas). Mientras que desde el Ejecutivo pondrían radares, hangares y, desde luego, los aviones.
Lo que aportarían los privados a esa cifra puede surgir del tributo que buscan incorporar. La puja ahora es cómo lo van a instrumentar. Los empresarios de la Cámara de San Rafael quieren un proyecto de ley; pero en el medio, Molero les aclaró a los suyos que la experiencia de Iscamen con la financiación de parte de productores para la lucha contra la Lobesia botrana (que se cobraba con la boleta de Irrigación) fracasó. Sólo el 27% pagó y algunos terminaron enjuiciados, dijo.
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El ministro Vargas Arizu respaldó esta semana su decisión. Por ahora no hay anuncios oficiales sobre los posibles cambios de rumbo en la lucha antigranizo.
Ese esquema ya no contempla a los pilotos que fueron echados y que estaban nucleados en la desaparecida firma estatal y en el sindicato APLA. Lo central de esta nueva chance es, precisamente, que a los aviadores los pondría una empresa privada; y en ese marco, Molero maneja dos posibilidades: con él ya se comunicó gente que quiere sumar a Aerotec, uno de los privados locales que, si bien dice no haberse ofrecido a la tarea, hizo llegar esta frase: "Si nos llaman, nosotros estamos dispuestos a ayudar. Ojalá que así sea". Clarísimo.
Esa es una de las salidas posibles. La otra chance es avizorada por los empresarios de la Cámara de San Rafael, que no descartan crear una empresa nueva, desde cero, que se encargue de proveerle el servicio a las comunas y eventualmente también a la provincia. Esos privados especulan con que el capital mayoritario para la nueva S.A. sea aportado por el Grupo Álvarez, fuerte en el sur mendocino.
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Qué pasará con las bengalas
El latigazo colateral lo recibiría la firma búlgara Stroyproject, que desde Lavalle viene proveyendo los cartuchos antigranizo desde hace más de cinco años. Ahora lo que está en la mira es correrla de esta nueva etapa y volver a comprar cartuchos a Estados Unidos. En las reuniones se dijo que era por el "gran margen de fallas que tienen sus bengalas; que obliga no sólo a hacer descender el avión, sino a tener que auditarlo antes de que vuelva a volar".
Desde la cocina de las decisiones cuentan que ya se ofreció Weather Modification, que además -en el mismo combo- propone también cursos preparatorios, charlas y aportes de algunos de sus pilotos y copilotos.
El sistema contaría, por lo pronto, con nueve pilotos. Esa es la cuenta que tienen sacada y que contrasta bastante con los 26 que manejó la provincia hasta el mes pasado. Se habló de que la Fuerza Aérea podía llegar a proveer algunos, pero finalmente se descartó esta misma semana esa posibilidad, porque los empresarios remarcaron que éstos no podrían hacer vuelos de aviación civil.
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Omar Félix se bajó de la mesa de negociaciones por la lucha antigranizo.
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Discuten un seguro agrícola que mejora 400%
Puertas adentro del Gobierno, lo que cuentan es que el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, y el subsecretario de Agricultura, Sergio Moralejo -probablemente, entre otros funcionarios-; están preparando una reformulación del seguro agrícola y que ésta se resume en un dato puntual: podría llegar a pagar hasta 600% más de lo que reciben hoy los damnificados por la piedra y/o las heladas. Lo que reciben hoy, además, no está alcanzando para que muchos de los que padecen esas inclemencias no se terminen cayendo del sistema, filtran. Si es así, es una marca de falencia indudable.
Los funcionarios dialogan con un pool de aseguradoras. Extraoficialmente mencionan a Sancor Seguros, La Segunda y Triunfo y el cambio trascendental con el que especulan es el siguiente: hoy por hoy, un productor paga mensualmente 13 mil pesos, por hectárea, de póliza (ese fue el valor hasta finales de 2023). Si del cielo le cae más de un 80% de daño, le pagan cerca de 250 mil pesos por hectárea, según cifras del Ejecutivo.
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Los aviones por ahora esperan para saber cómo sigue el novelón antigranizo.
La idea es transformar eso y que, abonando una suma que tenga exactamente "el mismo valor real" -pero desde luego no nominal, por la inflación-, puedan percibir entre $1.250.000 y $1.750.000 por hectárea. Ahí el incremento de cinco, seis o hasta siete veces más. Números que además condicen con lo que tiene que invertir un productor para poder cosechar: se cree que ponen 1.200 dólares por hectárea para tener rédito al año siguiente. Por eso el seguro agrícola no estaba dando resultados óptimos, como dicen funcionarios en off.
Si uno aplica, grosso modo, la suba interanual del INDEC o al menos el acumulado en lo que va el año, ese incremento lleva a pensar que deberán pagar cerca de 45 mil pesos por cada hectárea. Sin embargo, por ahora el Gobierno pide prudencia para sacar cuentas y hasta se anima casi a prometer: "Ojo, porque están hablando de que buena parte de lo que financiaba AEMSA vaya a este esquema; entonces el subsidio puede ser grande. Además, beneficiaría mucho al que sufre por la helada; que, como sabemos, es más dañina en cuanto a superficie de cultivos destruidos, que el granizo", anuncian.
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A dónde fueron los pilotos de AEMSA
APLA, el sindicato de pilotos, está en pie de guerra. Su secretario de Interior, Nicolás Capella, estuvo jueves y viernes en Mendoza para un encuentro en la Subsecretaría de Trabajo que terminó mal. Ellos esperan todavía una solución que el Gobierno parece haber desestimado por completo: que vuelvan a contratar a los pilotos despedidos cuando este cambio se anunció.
Pero por otro lado despliegan estrategias. La idea de APLA es que los despedidos tengan rápidamente una reinserción. En primer lugar por el sencillo motivo de que perdieron su empleo; pero en segundo término, para poder hacerle "pito catalán" a la provincia si es que el Ejecutivo se arrepiente y vuelve a necesitarlos en el corto plazo. Quieren poder decirles "¡Minga!" si eso ocurre, o al menos eso dan a entender algunas de sus posturas.
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Capella le apuntó al gobernador Cornejo.
En ese plan, los lazos que han establecido son con una empresa de Arabia Saudita, que ya habría tenido diálogo -entrevistas por videollamada- con al menos cuatro de los aviadores echados. Es para un trabajo que se haría por temporadas de tres meses en distintas regiones. El problema es que les exigen un nivel de inglés al que por lo pronto no estarían llegando, aunque la contrapartida son los 15 a 20 años de experiencia que sí tienen. Extraoficialmente, APLA dice que les podrían pagar 10 mil dólares mensuales. Además de eso, se intentaron charlas también con Andes Líneas Aéreas y American Jet, según filtran desde adentro.
Ellos aseguran que ninguna de las posibilidades que barajan empresarios es viable: afirman, primero, que no hay pilotos "sueltos" en Mendoza que tengan la experiencia como para un trabajo tan peligroso (gente de Molero dice que en San Rafael hay cinco que están dispuestos y con "espalda"). Segundo, afirman que el certificado para volar que tenía AEMSA -y que sólo puede otorgar la ANAC- demora varios meses. O sea, bajo esa mirada, no habría una lucha antigranizo para septiembre u octubre con los nuevos pilotos.
"Cuando rajás al 15% de tu staff, tenés que presentar un proceso preventivo de crisis. Eso es lo que no hizo Mendoza a través de AEMSA y es lo que motorizó nuestra presentación", afirmaron desde APLA luego de haber denunciado a la firma estatal ante la Subsecretaría de Trabajo. Aeronáutica Mendoza S.A. respondió pidiendo cerrar el procedimiento con el argumento de que los 1.300 millones de pesos de indemnizaciones habían sido pagados.
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