Alcanzó a estar 16 días libre, pero volvió a ser apresado. Un metalúrgico radicado en San Rafael recibió un revés judicial en la investigación por distribución de material de abuso sexual infantil. El fiscal del caso de pedofilia en Mendoza logró revertir la situación.

Juan Ramón Blanco se encontraba detenido desde los primeros días de junio cuando una investigación tecnológico determinó que desde su cuenta de Facebook envió cuatro videos de material de abuso sexual infantil mediante un chat privado -ver más abajo-.

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El fiscal de San Rafael Javier Giaroli solicitó la prisión preventiva contra el hombre de 49 años pero se encontró con una sorpresa. Pese a que el propio acusado admitió haber compartido los videos -dijo que no sabía que era un delito- el juez Sergio González terminó ordenando el recupero de libertad de Juan Ramón Blanco considerando que existe la presunción de inocencia.

El fiscal no se quedó de brazos cruzados y apeló la medida. Este miércoles se realizó una nueva audiencia donde el juez Jorge Yapur anuló la decisión de su colega y ordenó que otro magistrado vuelva a resolver si dicta la prisión preventiva o no.

Mientras resolvía esto, afuera de la sala de debates había tres policías de civil esperando justamente para detener a Juan Ramón Blanco, quien ahora volvió a quedar privado de su libertad.

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Otro caso de distribución de material de abuso seuxal infantil.

Otro caso de distribución de material de abuso seuxal infantil.

Pedofilia en Mendoza

La investigación comenzó el año pasado, cuando una organización internacional dedicaba a combatir la pedofilia notificó a las autoridades mendocinas una cuenta de Facebook a nombre de un ciudadano de San Rafael había enviado mediante un chat privado cuatro videos protagonizados por menores de entre 4 o 5 años. El receptor fue un sujeto que vive en México.

Los informes tecnológicos arrojaron que la IP desde la cual se compartieron los archivos correspondía a la computadora secuestrada en el domicilio de Blanco tras un allanamiento. Además, la cuenta de Facebook estaba a nombre suyo, incluyendo su celular como número para validar al usuario. Lógicamente el perfil fue cerrado por la propia red social al detectar que compartió material indebido.

El metalúrgico está imputado por distribución de material de abuso sexual infantil agravado por ser las víctimas menores de 13 años, por lo que arriesga una pena de 4 a 8 años de cárcel y si es condenado en un futuro juicio no zafará de pisar el penal.