EVíctor Daniel Loyola (55) es conocido dentro de la Policía de Mendoza no sólo porque supo alcanzar el máximo rango dentro de la fuerza sino también por haber estado salpicado por hechos de corrupción. Y ahora como comisario retirado volvió a protagonizar otro escándalo al ser encontrado circulando en una camioneta adulterada.
El excomisario Víctor Loyola, investigado por corrupción, fue atrapado con una camioneta adulterada
La novedad surgió en la jornada del miércoles cuando personal policial detuvo una Toyota Hilux que circulaba por calle Mitre, a pocas cuadras de la plaza Godoy Cruz. Al revisar la documentación, los efectivos notaron anomalías en el número de chasis y de motor que debía tener el rodado, por lo que procedieron a su secuestro.
Mayor fue la sorpresa cuando identificaron al conductor como Víctor Loyola, un comisario retirado. El hombre quedó a disposición de la Unidad Fiscal Correccional y están evaluando si es imputado por el delito de encubrimiento.
Corrupción policial
En junio de 2006 Víctor Loyola ascendió a subcomisario, a comisario inspector en diciembre de 2011 y a comisario general marzo de 2015. Su último cargo de máxima jerarquía fue cuando estuvo a cargo de la Distrital de Seguridad 5, que abarca Maipú, Luján de Cuyo y el Corredor Internacional.
A mediados de 2016 fue pasado a pasiva junto a otros comisarios en el marco de una megainvestigación por parte de la Inspección General de Seguridad (IGS) por el irregular cobro de servicios extraordinarios. La sospecha es que los jefes policiales mandaban a su subordinados a prestar servicios privados cuando debían estar en la función pública. De esta forma, se dejaban el dinero que pagaban las empresas custodiadas.
Según informaron desde el organismo, un año después le aplicaron la baja obligatoria por acumulación de sanciones. Es decir que Loyola no perdió los derechos jubilatorios -se retiró como comisario- pero no puede volver a la fuerza.
Años atrás estuvo vinculado a otra megacausa conocida como "mafia policial", una investigación que se desató en 2001 y que imputó a varios efectivos bajo la figura de asociación ilícita. El actual juez Rafael Escot sostenía que los uniformados cometían robos armados junto a civiles. El expediente tuvo su impulso con la aparición de los cadáveres de dos jóvenes en Godoy Cruz, quienes creían que formaban parte de la banda.
La investigación desató una purga policial importante, pero todo terminó en la nada. Loyola y los demás imputados terminaron absueltos y el juez Escot fue criticado por sus colegas, quienes referían que utilizó la megacausa como vidriera para escalar puestos en el Poder Judicial.
Tras ser absuelto, Loyola inició un reclamo indemnizatorio contra el Gobierno provincial por daños y perjuicios al ser acusados en el marco de la investigación.




