La fiscal Claudia Ríos realizó una inspección ocular en la zona acompañada de la madre de la víctima, Hilda Lavizzari. Guardati desapareció hace 20 años.
Precintaron el cuadro 30 del cementerio de Capital en busca del cuerpo de Guardati
La fiscal especial Claudia Ríos Ortiz recorrió el cementerio de Capital y precintó el cuadro 30, indicado por un testigo de identidad reservada que especificó el lugar donde estaría el cuerpo de Cristian Guardati, desaparecido en 1992 en manos de la Policía.
Según las indicaciones del testigo clave, quien se presentó en diciembre pasado, la tumba donde está Guardati es un sector cercano a donde se realizaron excavaciones hace un tiempo. Con ese dato y otras especificaciones, la fiscal llegó hasta el cuadro 30 del cementerio capitalino, donde hay varias personas enterradas como NN.
Previamente la inspección fue directo al sector con numeración que había dado la fuente reservada, pero se trataba de un sector de nichos que fue descartado porque el testigo había asegurado que estaba bajo tierra. También declaró que el cuerpo estaba como NN, por lo que el cuadro 30 fue precintado a la espera que las autoridades de Capital le presenten a Ríos Ortiz el listado completo de las tumbas de ese sector, para luego evaluar hacer alguna exhumación de cuerpos. Junto a la fiscal de Delitos Complejos estuvo Javier Fernández, de la Fiscalía de Estado, María José Ubaldino, de Derechos Humanos, la subsecretaria de Justicia, Romina Ronda, Sandra Gómez, una abogada de Capital enviada por Víctor Fayad, y la madre de Cristian Guardati, Hilda Lavizzari, quien fue notificada de la medida y quiso estar presente. La desaparición El hecho ocurrió el 24 de mayo de 1992 cuando el joven de 21 años volvía de una fiesta cuando fue detenido por policías del barrio La Estanzuela, de Godoy Cruz, y fue llevado a la Comisaría. Esa fue la última vez que lo vieron. En diciembre del 2011, casi 20 años después, una persona se presentó ante la fiscal Claudia Ríos Ortiz con datos sobre dónde está el cuerpo de Guardati, además de aportar detalles de cómo se realizó la detención. Por su desaparición se procesó y sobreseyó a cuatro policías. Además el caso motivó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Estado provincial, en una decisión sin precedentes en el país, admitió su responsabilidad en la desaparición forzada del joven e indemnizó a la madre del muchacho con $136.000.
