Por Rosana Villegas
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“Una consulta, ¿el nombre de él no sale, no?” es la última pregunta que me hace la auxiliar de policía Flavia Lara (37), quien hace 4 años denunció a su ex pareja, también agente de la fuerza, por haberla violado en reiteradas oportunidades mientras jugaba a la ruleta rusa con ella y amenazaba con matar a sus hijos. Es que esta valiente mujer que ya inició una causa penal sabe que si el caso se conoce mediáticamente ese hombre puede volver a reaccionar y quiere evitar eso. Tras la denuncia esta mujer, madre de dos hijos, fue separada de la fuerza y hace dos años que peregrina por distintas oficinas pidiendo que alguien la ayude, porque no cobra un peso. Es más, ya vendió una casa y un auto para poder sobrevivir. Ahora demandará al Estado mendocino por violencia institucional.
A Flavia le cuesta recordar lo que pasó el 5 de junio del 2010, por eso aporta la denuncia penal que ese día hizo en la Oficina Fiscal Nº9 de Guaymallén. Allí consta que su ex pareja, por entonces agente de la Comisaría 35 de Rodeo de la Cruz, con quien se habría reunido para dar por terminada su relación, la citó el día antes a su casa. Allí tras golpearla la ató a la cama, le puso las esposas que usa la policía y tras violarla insistentemente jugó a la ruleta rusa con ella usando un revólver calibre 22 al que le había colocado dos balas y hacía girar el tambor para gatillarle luego en el pecho. El agresor alternaba los abusos con llamadas telefónicas con supuestos cómplices, quienes mantenían vigilados a los hijos de la mujer en su casa de Lavalle, atentos a que si ella escapaba o pedía ayuda se vengarían con los niños, que por entonces tenían 6 y 8 años. “Por si fuera poco, todo lo filmó, porque me dijo que iba a mostrarles a otros cómo se trata a una puta y después se encargó de hacer desaparecer esa prueba”, agregó Flavia.
Tras la denuncia el agente fue detenido 30 días y después recibió la prisión domiciliaria porque tiene un hijo discapacitado a su cargo. Más tarde, un juzgado de garantías entendió que las pruebas de los peritajes físicos y psíquicos no eran contundentes y lo sobreseyó por falta de mérito.
Mientras esto ocurría, Flavia fue separada de la fuerza y obligada a realizar un tratamiento psicológico, para lo cual se le otorgó una licencia de la que nunca pudo regresar a trabajar.
“Desde el 2011 que no cobro un peso, de hecho ya vendí una casa y un auto para poder mantener a mis dos hijos. Desde ese momento vengo pidiendo que me den otro destino, porque no puedo volver a la policía, en donde él se jactó siempre de tener muchos amigos de alto rango. Sin embargo, nunca obtuve respuesta alguna, fue a la Legislatura y hasta le escribí una carta al gobernador, pero nada”, resumió Flavia su peregrinar de los últimos dos años y medio.
En ese lapso consiguió que el director del hospital Sícoli la solicitara para que trabajara como adscripta en esa institución, pero pese a que envió toda la documentación pidiendo la autorización del por entonces ministro Carlos Aranda, no consiguió nada.
“El caso se encuadra en violencia de género institucional, porque ella ha solicitado el auxilio de distintas áreas del Estado, Ministerio de Seguridad, Poder Legislativo y Ejecutivo, y todas actuaron negligentemente, revictimizándola y olvidando que está sin trabajo porque fue víctima de un abuso sexual y se animó a denunciarlo”, precisó la abogada de Flavia, Carolina Jacky, quien ya comenzó la demanda contra el Estado por accionar negligente.