De hecho, en sus redes sociales Fernández se mostraba cercano a Nicolás Bazán, uno de los presuntos líderes de la organización criminal dedicada a tras monedas extranjeras desde Chile, cambiarlas en el mercado informal y además pagar sobornos a la Policía Federal para evadir a las autoridades -ver más abajo-.
De esta forma, se cerró el círculo investigativo de personas vinculadas a la megacausa y ahora los pesquisas profundizarán en ultimar algunas evidencias para solicitar el procesamiento de los trece sospechosos por distintos delitos entre los que se encuentran asociación ilícita -de 3 a 10 años-, cohecho agravado por ser cometido con un funcionario público -de 1 a 6 años- y lavado de activos agravado por ser cometido en banda -de 4 a 13 años de cárcel-.
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La versión de un acusado
El penúltimo sospechoso en ser capturado fue Ángel Alberto Fava (54), un ex comisario de la Policía de Mendoza que hasta supo ser jefe en Las Heras. El martes pasado se entregó ante las autoridades y fue imputado como una de las personas que estaba a cargo de la seguridad tanto de los "arbolitos" como del movimiento de importantes sumas de dinero entre las distintas cuevitas. Su abogado defensor solicitó la excarcelación o al menos la prisión domiciliaria, pero el juez Marcelo Garnica se lo negó.
De todas formas, Fava fue el primer sospechoso del expediente en brindar una amplia declaración indagatoria donde no negó su vínculo con las joyerías Stefano Canella y sus dueños -Nicolás Bazán y su padre, Ernesto-, pero detalló que sus funciones eran netamente operativas para la seguridad y no estaba al tanto ni del cambio ilegal de monedas extranjeras y mucho menos de las coimas a la Policía Federal.
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El excomisario Ángel Fava hacía de seguridad en las joyerías Stefano Canella.
Ángel Fava recordó que le presentaron a Ernesto Bazán en un café. Este último sabía que era un comisario retirado y le ofreció hacerse cargo "full time" de la seguridad "unas relojerías que tenía el hijo".
Si bien en un principio no iba a aceptar porque no disponía de todo el día -también tiene una agencia de seguridad-, en ese momento se presentó Roberto Poroto Bustos -otro de los imputados en la causa- a quien conocía "desde hace 14 años años porque él integraba parte de la Comisión Directiva de Independiente Rivadavia y cuando yo era comisario estaba a cargo de los operativos de los partidos". Como este hombre tenía el mismo problema, decidieron aceptar el trabajo entre los dos y hacerse cargo de medio día cada uno.
En esa charla, los Bazán le comentaron que el rol de jefe de seguridad lo había cumplido Marcelo Salcedo -otro expolicía imputado- pero se terminó peleando con uno de los dueños y por eso buscaban un reemplazo.
"El trabajo se resumía en manejar a policías retirados en las puertas de los locales y poner en funcionamiento el sistema de cámaras de que estaba destruido. El pago era de 50 mil pesos por semana", explicó Fava en su declaración indagatoria.
El trabajo conjunto de Fava y Bustos comenzó en marzo y finalizó en julio cuando se realizaron múltiples allanamientos en las cuevas financieras. Incluso durante esos días, Fava aseguró que estaba de viaje en Buenos Aires viendo los partidos de Copa Libertadores entre River y Vélez.
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Durante todo su testimonio, el excomisario habló de "relojerías" y nunca se refirió a "cuevitas". De hecho dijo que "no sabíamos lo que trasladaban los chicos por lo ponían dentro de una mochila y lo llevaban".
La Fiscalía Federal le consultó a qué se refería cuando mencionaba a "arbolitos" en las escuchas telefónicas y explicó que "eran pibes que estaban abajo ofreciendo oro en la vía pública".
En otro diálogo que quedó registrado cuando le pincharon su teléfono, Fava decía que "van a hacer allanamientos, tenemos que llegar antes para sacar la plata". Si bien no negó que esa era su voz, ahora declaró que "es imposible que nos enteremos antes de un allanamientos. Seguramente fue porque me llamó Nicolás Bazán para sacar los valores".
Las cuevas de las coimas en la Policía Federal
Durante los meses más duros de confinamiento por el coronavirus proliferaron varias joyerías en el centro mendocino bajo el nombre de Stefano Canella. Una en la galería Tonsa, otra en calle Catamarca y una tercera sobre calle Las Heras. Pero estos locales también estaban vinculados con otros tres similares bajo el nombre de Vía Roma y La Casa del Tesoro, todos en el centro mendocino.
La Justicia Federal comenzó a investigar que en realidad se trataba de pantallas para realizar operaciones ilegales de cambio de moneda extranjera, una práctica habitual en el centro mendocino pero prohibida por la Ley.
La investigación avanzó con tareas de seguimiento y escuchas telefónicas hasta que se realizaron unos primeros allanamientos en julio pasado donde se incautó dinero en efectivo, máquinas de contar dinero, teléfonos celulares y documentación importante.
La mayor sorpresa surgió cuando quedó implicado Dino Rossignoli, jefe de la Policía Federal en Mendoza. De ciertas anotaciones y conversaciones nació la sospecha de que el comisario federal recibía coimas en dólares para hacer la vista gorda, no investigar las cuevas y además adelantar información sobre procedimientos policiales. En septiembre se realizaron nuevos allanamientos donde el uniformado fue detenido.
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Ernesto y Nicolás Bazán, los dueños de las joyerías Stefano Canella vincualdas al caso de las Cuevas de las Coimas.
La acusación sostiene que la banda trasladaba oro oculto en camiones hacia Chile y luego traía las monedas extranjeras -principalmente dólares y euros- que cambiaban en el mercado informal. Con las ganancias comenzaron a comprar vehículos -dos autos Mercedes Benz A250, un BMW y un camión Scania- y propiedades -el boliche Praga, dos bartes llamados La Rosa Club y una construcción en El Challao- en busca de blanquear el dinero ilegal.
Los principales apuntados son Ernesto Bazán, su hijo Nicolás Bazán y Renzo González. También había otro eslabón de socios que tenían a su nombre algunas de las joyerías: Andrés Bauco, Félix Masera, Ezequiel Fernández, Juan Manuel Moral y su hermano Alejandro Agustín Moral.
El expolicía Marcelo Salcedo fue sindicado como jefe de seguridad hasta marzo de 2022, que fue reemplazado por Ángel Fava y Poroto Bustos. En tanto que María José Degregorio era una contadora que colaborar con los documentos ante AFIP para aparentar legalidad al mecanismo.
