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El caso de estafa se hizo viral en España por su componente tragicómico.
El detective privado que terminó con la estafa
La responsabilidad de pagar esta pensión recayó en la mutualidad de la empresa, ya que el caso fue clasificado como un accidente laboral.
Por más de una década, la mujer mantuvo su fachada de mutismo. Cada mes, recibía su pensión sin levantar sospechas significativas. Se presentaba a las revisiones médicas requeridas, permanecía en silencio y, aparentemente, llevaba una vida marcada por su supuesta discapacidad.
Sin embargo, en algún momento, un psicólogo de la mutualidad comenzó a notar inconsistencias en su comportamiento. Según el profesional, la mujer no solo permanecía callada, sino que tampoco mostraba esfuerzos por comunicarse de otras formas, como gestos, escritura o lenguaje corporal.
Las sospechas del psicólogo fueron el punto de inflexión. La empresa, decidida a investigar a fondo, contrató a un detective privado para seguir a la mujer y recopilar pruebas sobre su supuesta mudez.
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Un detective privado develó el caso de estafa.
La verdad sobre la estafa que salió a la luz
Lo que descubrió el detective fue sorprendente: lejos de ser muda, la mujer hablaba con normalidad en su vida diaria, pero solo fuera de los contextos en los que debía mantener su estafa, como las revisiones médicas o los horarios laborales.
En un momento clave, el detective se acercó a ella, le preguntó sobre una dirección dentro de España y la mujer respondió sin dudar, con una voz clara y fluida. Este simple intercambio fue suficiente para desmoronar 16 años de estafa.
Con las pruebas en la mano, incluyendo grabaciones y testimonios, la mutualidad presentó el caso ante la Justicia de España. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía analizó las evidencias y falló en contra de la estafadora.
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El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía analizó las evidencias y falló en contra de la estafadora.
El veredicto fue contundente: la mujer no solo había engañado al sistema, sino que había estafado a la mutualidad y al erario público durante más de una década y media. Como consecuencia, se le ordenó devolver la totalidad de la pensión cobrada, una suma que asciende a más de 230.000 euros.