La familia del quiosquero asesinado en el Unimev dijo que quiere ser parte de la investigación

Es casi un hecho que en esta semana hagan uso de una herramienta legal que ya es habitual en

los casos de delitos graves: se trata de la figura del querellante particular, la que se ejerce con

el patrocinio de un abogado penalista.

Con esto, la ley habilita a la víctima o a los familiares si esta si ha muerto por el ataque

(puntualmente a los herederos forzosos) a colocar en la investigación a un representante legal a

sus órdenes, quien tiene el mismo rango que el fiscal, que investiga en representación de la "

sociedad".

La presencia del querellante puede ser clave en una causa porque participa durante todo el

proceso hasta el juicio, puede pedir condena y que esta sea tenida en cuenta, incluso, cuando el

fiscal concluye que no hay pruebas para mantener una acusación.

Un caso reciente

Un claro ejemplo de la importancia del querellante se vio en la investigación y en el juicio

por el homicidio de la profesora Sandra Díaz (en 2006), asesinato por el que fue condenado su

pareja, Alejandro Ramírez (en 2009). Cuando llegó la hora de pedir la sentencia durante el juicio

oral y público, el fiscal Adelmo Argüello declinó su acusación contra Ramírez. Para el magistrado,

no había pruebas suficientes para pedir una condena y por eso solicitó la absolución por el

beneficio de la duda, lo que obligaba a la Segunda Cámara del Crimen a no condenar.

Sin embargo, la presencia del querellante de la familia de Sandra Díaz lo evitó. El penalista

Carlos Varela Álvarez, quien ofició en esta función, no siguió el razonamiento de la fiscalía.

Expuso otra visión y pidió la condena, habilitando con su solicitud al tribunal a poder aplicar una

pena. Así, Ramírez fue sentenciado a la cárcel.

Uno de los jueces que integró ese tribunal fue Roberto Uliarte. El magistrado explicó a

UNO que "el fin de la figura del querellante es proteger el derecho de las

víctimas y lo que hace es vehiculizar ese derecho en el proceso penal. En el viejo Código Procesal

sólo estaba previsto el actor civil, para reclamar un daño patrimonial. En el nuevo está esta

herramienta que le permite a los directamente damnificados a motorizar la acción de la

investigación, incluso cuando el fiscal reniega de hacerlo porque tiene otro punto de vista".

Uliarte destacó que "pueden ofrecer pruebas, solicitar pericias, sugerir líneas de

investigación distintas a la que la fiscalía realiza, apelar ante un tribunal de alzada diversas

decisiones de la causa para que sean revisadas. El objetivo de la figura es colaborar con el

esclarecimiento de la verdad", concluyó.