El momento en que el hombre pateó los perros en Brasil.
Rogério Cardoso Júnior, un empresario brasileño, fue condenado por la Justicia de San Pablo por agredir con patadas a dos perros que paseaba una abogada y, de postre, hermana de un importante ministro del Supremo Tribunal Federal.
El hecho ocurrió el 16 de octubre de 2023 en la capital paulista y quedó registrado por cámaras de seguridad del edificio. Uno de los perros sufrió sangrado, dolor y edema en la pata, mientras que la dueña recibió una escoriación leve en la pierna derecha
En los últimos días, el empresario enfrentó un juicio por maltrato animal en el cual fue declarado culpable y recibió una particular pena el miércoles pasado.
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JUSTICIA CONDENA EMPRESARIO POR PATADAS A PERROS
ALTERCADO EN LA ACERA TERMINA EN SENTENCIA POR MALTRATO ANIMAL
Según las grabaciones, la mujer estaba detenida en la vereda con sus perros cuando uno de ellos, por pocos segundos, mordió la bermuda del empresario, quien pasaba por el lugar. En lugar de alejarse, el hombre se acercó nuevamente a la mujer y a los animales, y comenzó a propinar varios patadas dirigidas a los canes, alcanzando también a la dueña.
La Policía Civil y el Ministerio Público lo acusaron de maltrato animal y lesióna la mujer. Inicialmente, en diciembre de 2023, otra jueza lo había absuelto sumariamente argumentando legítima defensa y negligencia de la víctima, pero el Tribunal de Justicia revocó esa decisión en febrero de 2025 tras un recurso del fiscal.
La nueva jueza consideró que el empresario actuó “de forma voluntaria y consciente”. Tras el primer contacto, la dueña tiró de la correa y contuvo a los perros, eliminando cualquier riesgo. Aun así, el acusado optó por aproximarse y continuar con las patadas, una reacción que la jueza calificó de “desproporcional”.
Por el maltrato animal el hombre recibió una pena de 2 años y 4 meses de prisión. Por la lesión a la dueña de los perros, se le impusieron 2 meses y 20 días de detención, ambas en régimen inicial abierto. La jueza sustituyó las penas privativas de libertad por prestación de servicios a la comunidad o a entidades públicas, más el pago equivalente a 5 salarios mínimos a una institución de caridad indicada por el juzgado de ejecución.
