Pasaron cuatro largos años desde el desgraciado suceso que le costó la vida al cadete de 4° año del Colegio Militar de la Nación Maximiliano Sandoval, de 20 años, que le ocasionó graves lesiones a un compañero, Alexis Lalomia (26), mientras realizaban maniobras en Uspallata. No obstante, todavía la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, a cargo de Juan Antonio González Macías, no dio respuestas a las apelaciones interpuestas por los defensores de algunos de los 10 imputados, los abogados Carlos De Casas y Juan Day.
Estas ingresaron a fines del año pasado a la Sala A, que integran, además del propio González Macías, los camaristas Héctor Cortés y Carlos Parra.
Debido a esta demora, porque el camarista González Macías está presidiendo el juicio de lesa humanidad contra militares, policías y ex jueces federales, las familias de las víctimas esperan que la Justicia federal de Mendoza se expida a través de un juicio oral. Así se determinará las responsabilidad que le cabe a cada uno de los jefes militares que estaban a cargo de todos los cadetes que vinieron a esta provincia para hacer los ejercicios militares que les exige el Ejército. Además de Sandoval y Lalomia, las otras víctimas son los imputados en el caso, quienes se encuentran con la espada de Damocles sobre sus espaldas, no sólo porque están afectadas sus vidas personales sino también profesionales.
Hoy el caso Sandoval está bajo la órbita del juez federal, Marcelo Garnica, titular del Juzgado Federal N°3, y una vez que la cámara se expida será elevado a juicio.
Las imputaciones a los 10 militares a cargo de las maniobras fueron dictadas, un año después de la tragedia, por el juez federal Walter Bento, que en ese entonces subrogaba el Juzgado Federal N°3.
Imputados
Gonzalo Herrera. Teniente coronel. Por no haber observado en principio las medidas de seguridad dispuestas en la orden de tiro, tales como uso de protectores visuales y chaleco balístico e iluminado para realizar disparos con ametralladoras MAG calibre 7,62 con munición de guerra y tiro sostenido del armamento. También se lo acusa por no controlar el correcto funcionamiento de las ametralladoras y sus cintas portacartuchos
en el terreno, previo al ejercicio de tiro. Herrera se encontraba al frente de las maniobras en la Quebrada del Telégrafo.
Raúl Colque. Sargento cadete.
Diego Figueroa. Cadete.
A ambos se los acusa de haber manipulado en forma imprudente y negligente,
la ametralladora MAG 7,62.
Martín Obella. Teniente primero.
La imputación es por no haber dado la orden de comprobación del material a utilizar en el ejercicio de tiro, como también por haber abandonado el lugar en el cual se produjo la tragedia, siendo que era responsable como director de tiro. También se lo acusa por haber permitido que se modificara la escena de los hechos.
Exequiel González. Teniente primero. El juez le endilgó el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público que, por deber, le correspondía en su carácter de oficial instructor de Infantería y por ser el oficial responsable del acordonamiento del lugar. Además, no habría resguardado pruebas siendo que se encontraba a cargo del sitio donde murió Sandoval. Se le imputa no haber preservado la escena del hecho, que estaba bajo su custodia.
Rubén Regales. Suboficial.
Héctor Gómez. Sargento mecánico armero. Por no haber visualizado las normas de mantenimiento del armamento y las cintas de abastecimiento de municiones, y afustes (base de apoyo de las ametralladoras), lo que permitió que la totalidad de las armas utilizadas en el ejercicio de tiro se interrumpieran en forma permanente. Tal es el caso de la ametralladora ubicada en la posición 2 de tiro, que se interrumpió con un cartucho en la recámara, circunstancia ésta que implicó que las esquirlas del proyectil que se disparó provocaran la muerte de Sandoval y heridas en Lalomia.
Exequiel Romero. Sargento cadete.
Se lo responsabiliza de no haber hecho observar la normas de seguridad reglamentarias y por no haber controlado el mantenimiento preventivo que las armas requerían en la sesión de tiro pese a los requerimientos de los tiradores.
Miguel Greco. Teniente de navío.
Deberá responder, al igual que Obella, por no hacer la comprobación del material a utilizar y por no haber resguardado el lugar del hecho y las pruebas existentes al momento de la muerte de Sandoval y heridas en Lalomia. Asimismo, se le endilga el haber permitido que se modificara la escena del hecho que se encontraba bajo su custodia.
Diego Bianchini. Teniente primero.
Se le imputa no haber cumplido sus obligaciones para resguardo de los elementos en las mismas condiciones que quedaron con posterioridad y la seguridad perimetral del lugar donde ocurrió la tragedia.
