El Arzobispado de Mendoza se comprometió este martes a realizar estudios psicológicos y psiquiátricos a todos los sacerdotes y monjas que estén en contacto con personas vulnerables, ya sean niños, adolescentes o ancianos. También pedirán los antecedentes de aquellos curas que sean trasladados a Mendoza, para evitar los casos de abusos como los ocurridos en el instituto en Luján, donde asisten chicos hipoacúsicos. Para ello se reclamó la elaboración de un registro que se deberá actualizar cada dos meses.
En el colegio lujanino ya hay 22 víctimas confirmadas y todas coinciden en señalar a los dos religiosos detenidos y a los tres civiles que actualmente están en la cárcel. Uno de ellos es Nicola Corradi (82), quien llegó a Mendoza desde Verona, Italia, acusado de delitos sexuales. El padre Horacio Corbacho (55) es oriundo de Buenos Aires. Ambos tienen prohibido ejercer el servicio sacerdotal y podrían perder también el estado clerical, según expresó el vocero del Arzobispado, Marcelo De Benedictis, al término de la reunión que mantuvo este martes a puertas cerradas con legisladores de las comisiones de Desarrollo Social, de Diputados y de Educación del Senado.
También participó el arzobispo Carlos María Franzini, quien esta vez decidió no mantener contacto con la prensa tras su última intervención del viernes, cuando se comunicaron las sanciones a los dos curas.
De Benedictis descartó que "existan sacerdotes en actividad con causas penales o similares" y que "se terminará esa antigua praxis, tan horrible, de trasladar el mal de un lado a otro. Nunca más".
Al término del encuentro, la diputada Beatriz Varela (UCR), al frente de Desarrollo Social, sostuvo que el diálogo con las autoridades de la Iglesia fue positivo porque se respondieron todas las consultas y se asumió el compromiso por parte de la Iglesia "de tener una declaración jurada acompañada con un estudio psiquiátrico y psicológico para todos los sacerdotes que vienen a la provincia".
Además les solicitaron realizar un censo para saber cuántos religiosos hay en Mendoza que tienen contacto con sectores vulnerables en todos los departamentos.
La legisladora radical contó que se comprometieron a trabajar juntos en un protocolo de relación con los niños, que entrará en vigencia a partir del año próximo.
Otro de los pedidos formulados fue la asistencia psiquiátrica para los alumnos abusados y sus familias. Según Varela, "hay una fundación que está dispuesta a realizar esta tarea y esto ha sido conseguido por el Arzobispado teniendo en cuenta que los tratamientos son largos y hay que mantenerlos en el tiempo". El Estado también hará el seguimiento necesario.
Con respecto a la situación del establecimiento religioso, Varela indicó que "el Arzobispado nunca tuvo conexión con el Próvolo, no visitaban el instituto, por eso se ha solicitado un registro de todos los sacerdotes y monjas que lleguen a la provincia, que se pueda verificar cada dos meses y se actualice permanentemente con todos los requerimientos, especialmente por qué han sido trasladados a Mendoza".
Apartar a la congregación
La Defensoría de los Discapacitados de Mendoza se presentó como querellante en la causa por los abusos sufridos por chicos hipoacúsicos. Al mismo tiempo, pretende que la congregación sea apartada del instituto y que se done el edificio a la Dirección General de Escuelas para que el Estado se haga cargo.
Por su parte, el senador nacional Julio Cobos (UCR), en su carácter de presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, envió una nota al secretario de Culto del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, Santiago de Estrada. El radical solicitó que la Dirección Nacional de Culto Católico informe en el corto plazo las acciones que se llevaron adelante para la tramitación de ingreso a la Argentina, prórroga de permanencia y radicación de Corradi, que llegó al país en 1996. En Mendoza se presentó en 1997.
Otro de los reclamos es que se comunique si el Próvolo goza de personería jurídica y civil reconocida por la Iglesia Católica, mediante su inscripción en el registro de institutos de vida consagrada que se encuentran bajo su órbita.
"No hay sacerdotes en actividad con causas penales o similares. Se terminará esa antigua praxis, tan horrible, de trasladar el mal de un lado a otro. Nunca más" (Marcelo De Benedictis, vocero del Arzobispado)
Decisión de López Puelles
El senador Ernesto Mancinelli (Frente Cambiemos) tuiteó que el instituto Próvolo contaba con dos y que el entonces titular de la , Carlos López Puelles (PJ), dispuso elevar la nómina a 15. Actualmente ese es el número que paga el Estado de Mendoza.