En la misma causa, el fiscal especial también había dejado imputadas a tres familiaresacusadas de haber colaborado con el ex funcionario. Es más, Martearena, quien dictó la imputación en febrero del 2007, también había elevado alcausa a juicio, que fue apelada por los defensores de Alonso, Carlos de Casas y Oscar Dimas Agüero. Los letrados recurrieron al juez Benegas, quien desestimó y rechazó este requerimiento, yfinalmente lo sobreseyó, al igual que a las otras tres personas imputadas (sus nombres notrascendieron). Sin embargo se conoció que se trata de la esposa –de quien estaría separado–, una cuñada y unconcuñado. Todos ellos también fueron notificados en su momento de la acusación que pesaba en su contray, al igual que Alonso, se abstuvieron de declarar ante la Justicia. Estas personas –según la acusación de Martearena– estaban sospechadas de haber colaborado conAlonso prestando sus nombres para figurar como propietarios de diversos bienes patrimoniales. Alonso –a cargo de todo el juego estatal durante la gobernación de Roberto Iglesias y quienprolongó su gestión tres años más en la gestión de Julio Cobos– dejó su cargo en forma abrupta enel 2006, cuando tomó conocimiento de que Martearena lo investigaba por presunto enriquecimientoilícito a partir de una denuncia que recibió en forma anónima. Cuando fue citado a indagatoria el 9 de febrero del 2007, se presentó acompañado delpenalista Carlos de Casas, quien en ese momento y en forma temporal representó al abogado OscarDimas Agüero y estuvo en la sede de tribunales aproximadamente 40 minutos. Durante la audiencia dijo que todo estaba en la documentación que presentó en tribunales enforma espontánea en el 2006 referida a su patrimonio: sus ingresos (sueldo y adicionales por lafunción pública, más los honorarios que percibía por su profesión de abogado) y la adquisición depropiedades muebles e inmuebles, incluso en la costa atlántica.
La investigación El fiscal Martearena inició la investigación, que ahora se cayó con el sobreseimiento, porquequería saber cómo había hecho el funcionario, con aproximadamente $.4.300 de ingresos mensuales,más lo que podía recibir por honorarios de abogado, para comprar y construir al menos dos inmueblesvaluados en varios cientos de miles de pesos. El magistrado también investigaba la procedencia de varios automóviles que figuraban a nombrede parientes. Uno de estos rodados, según Martearena, estaba valuado en $145.000. También había un Peugeot407 y un Citroën.
