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María Lizán, Adriana Rodríguez y Susana Barrigón deberán responder por mal desempeño en sus funciones en la entrega de adopciones. Hay una demanda penal.

Está muy cerca el Jury a tres juezas del Valle de Uco por graves cargos

Está muy cerca el Jury a tres juezas del Valle de Uco por graves cargos

Por Catherina Gibilarocgibilaro@diariouno.net.ar

Tres juezas de Familia del Valle de Uco serán sometidas a Jury de Enjuiciamiento el 13 de noviembre en el salón de actos del Palacio de Justicia de la provincia por mal desempeño en sus funciones. Las tres arriesgan la  destitución, de comprobarse las acusaciones en su contra. La investigación administrativa por la cual serán juzgadas se basaría en proceso que realizaron el fiscal de Cámara Javier Pascua y Silvina Barón Knoll, de la  Secretaría Legal y Técnica de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia.

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Simultáneamente a este proceso administrativo, María Lizán, Susana Barrigón y Adriana Rodríguez cargan sobre sus espaldas la causa penal bajo la sospecha de haber cometido serias irregularidades en adopciones de  niños entre 2009 y 2010 en el Valle de Uco. Todas fueron imputadas penalmente por el juez de Instrucción Oscar Balmes por incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, prevaricato, falsedad ideológica y supresión de identidad de  menores de 10 años. Este último delito tiene una pena de 3 a 10 años de cárcel. Balmes fue recusado por una de las partes y al no aceptar la recusación, fue apartado por la Cámara de Apelaciones, razón por la cual las causas recayeron en manos del Juez de instrucción de Tunuyán Fernando Ugarte. Este magistrado fue recusado por Edgardo Valles, abogado de la madre de las dos nenas que fueron dadas en adopción y aún no pudo recuperarlas, Sandra Barroso. El juez no se apartó pese a que el letrado dijo que entre  ambos existe enemistad manifiesta y, además, porque sería amigo personal de la jueza Lizán y del abogado de ella, Daniel Sosa Arditi. Lizán estaba al frente del Primer Juzgado de Familia, Barrigón del Segundo de Tunuyán y Rodríguez del Juzgado de Familia de Tupungato. Como querellante en este Jury y en representación de Sandra Barroso, madre de las dos menores dadas en adopción presuntamente en forma ilegal, estará el abogado Edgardo Valles. Una de las sospechas que recae sobre las juezas es que toda la documentación que se exigía para iniciar los trámites de adopción, se habrían hecho con fotocopia simple sin originales y sin ser certificadas, como hubiera  correspondido lo cual constituye, por sí mismo constituye una falta grave. La investigación El caso, que era un secreto a voces en los tribunales de Tunuyán, fue detectado el 2011 cuando se verificó que una causa de adopción estaba mal archivada por una fiscal. En ese momento, comenzó la tarea de la  Procuración y la Corte para establecer la gravedad de cuanto había llegado a sus oídos sobre la situación de dos niños (una nena de 5 años y un bebé de pocos meses) que fueron entregados ilegalmente a dos parejas  oriundas de la Capital Federal. Esto sería apenas la punta del iceberg de una serie irregularidades que ya detectaron los investigadores, porque la Justicia de Valle de Uco no está habilitada para entregar un niño en adopción, ya que todo el trámite debe  realizarse en Mendoza. Menos aún pueden dárselos a personas que no viven en la provincia, obviando el requerimiento de otras familias que esperan desde hace mucho para adoptar un niño. Las parejas porteñas, incluso, no habrían sido registradas como adoptantes en la lista de espera. También trascendió que una de las juezas investigadas había mandado a sacar fotos de la pequeña, cuando esta estaba en la Casa Cuna, para exhibírselas a los adoptantes, algo que está terminantemente prohibido por la  ley. No conforme con esto, también habría ido con las parejas a ver a los niños, lo cual tampoco puede hacerse. En el marco de la pesquisa, se habría acreditado que el procedimiento de selección de los adoptantes fue excesivamente rápido, violando los procedimientos legales. Esto llevaría a sospechar a las denunciantes que podría haber habido retribución monetaria, lo cual configuraría otro delito.

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