La causa por los abusos sexuales a niños en el instituto Antonio Próvolo, en Luján, continúa dando que hablar.
En una sala anexa de la Cámara de Diputados se reunieron legisladores del Frente de Izquierda con organizaciones que representan a las víctimas y manifestaron que el Estado está incumpliendo con la asistencia que debieran recibir, luego de que se conocieran tan aberrantes hechos.
Carlos Lombardi, abogado de la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico, señaló que las medidas de urgencia dadas a conocer por el Arzobispado de Mendoza como respuesta a los delitos que se les endilgan a miembros de la institución son puras "falacias".
Destacó la importancia de la separación de la Iglesia del Estado y reprochó la actitud de las comisiones de la Legislatura, que visitaron a puertas cerradas de la sociedad y familiares, al arzobispo Carlos María Franzini.
Sergio Salinas, abogado de Xumek, y Alejandra Berlanga, del grupo de padres autoconvocados, resaltaron que cuesta avanzar en la investigación porque el "Estado no brinda ni siquiera recursos en transporte para que las víctimas, que viven muy alejadas, se trasladen a declarar". Ambos también explicaron que se están vulnerando derechos y que falta un equipo interdisciplinario preparado para ayudar en el caso.
El diputado Héctor Fresina y la senadora Noelia Barbeito dijeron que pedirán una comisión investigativa independiente. Además, presentarán un proyecto de ley a nivel nacional para derogar privilegios para la Iglesia Católica.
Novedades judiciales
El abogado particular del cura acusado, Nicola Corradi, pidió la prisión domiciliaria, que ya había sido rechazada por la fiscalía cuando fue pedida por el defensor oficial que lo representó durante los primeros días desde su detención.
El Juzgado de Garantías deberá resolver dónde seguirá preso, pero previamente se realizará un control jurisdiccional para analizar el expediente. Permanece en el pabellón 5 de Boulogne Sur Mer, junto con los otros cuatro imputados del caso y acompañado de internos de casos de abuso sexuales y violencia de género.
Hasta ahora las víctimas continúan siendo 22, ya que no se ha presentado nadie más a denunciar otro caso de abuso. Asimismo, no hay sospechas de la participación de más personas.
