Este vienes llegó a su fin una de las causas que más repercusiones en San Rafael, con condenas que van de los 3 a los 13 años para los integrantes de una banda acusada de cometer múltiples robos en el departamento del Sur.

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La investigación se inició en 2019 luego de dos robos ocurridos en diferentes viviendas de esa ciudad. Las pesquisas llevaron a poner bajo la lupa a un efectivo policial y a su padre, quien también había sido parte de la fuerza pero estaba retirado.

Jonathan Darío Osorio (31) y Oscar Alberto Osorio (62) fueron los primeros imputados pero, luego también cayó la madre, Claudia González Villarroel (51). Así la banda fue bautizada por los medios sanrafaelinos como "poliladrones".

Otros dos hombres fueron señalados por la Justicia como los ejecutores de los asaltos. Se trata de Franco Peralta Godoy y César Noel Sosa Flores (33).

Pero el entramado no culminó allí. Es que, en marzo de este año, se decidió imputar a otro efectivo que había sido compañero de Osorio (hijo) identificado como Carlos Rozalez, integrante del Cuerpo de Motorizada de la Policía de Mendoza.

Según lo que se conoció, Rozalez no solo habría sido parte de los delitos sino que también había intentado, junto a Osorio y un abogado, llevar adelante una particular estafa.

Diario de San Rafael detalla que ambos efectivos durante una guardia, en noviembre de 2019 adquirieron una tumbera y simularon un tiroteo disparando con el arma reglamentaria y también con la tumbera. La idea era fingir un accidente de trabajo, "con el presunto conocimiento, colaboración y auspicio de un abogado de la matrícula de nombre Andrés Murcia", señalaron desde la Fiscalía.

Seis de los siete integrantes de este clan fueron sometidos a un juicio abreviado al reconocer sus delitos. Este viernes, la Justicia de San Rafael emitió su sentencia a través de video conferencia.

Jonathan Darío Osorio (31) fue encontrado culpable de robo agravado por ser cometido en lugares poblados y en banda, y por el uso de arma, en concurso ideal; privación ilegítima de la libertad agravada por la violencia, en concurso real. También se lo juzgó por tenencia ilegal de arma de guerra, daño agravado y estafa. Su pena fue de 10 años de prisión efectiva e inhabilitación para ejercer cualquier cargo público por el mismo tiempo.

Oscar Alberto Osorio y su esposa Claudia González Villarroel -padres del efectivo- fueron sentenciados a 3 años de prisión en suspenso.

César Noel Sosa Flores fue quien recibió la pena más alta con 13 años de prisión efectiva, mientras que se lo puso a disposición de la Justicia de Neuquén, donde pesa sobre él una orden de captura.

En tanto, Peralta Godoy fue condenado a 5 años de prisión efectiva.

Rozalez, por su parte, fue acusado de incumplimiento de deberes de funcionario público, encubrimiento agravado,tenencia ilegal de arma de guerra, daño agravado y estafa. Su pena fue de 3 años de prisión en suspenso e inhabilitación de 10 años para ejercer cualquier cargo público.

El último de los acusados, el abogado Andrés Murcia, presentó un escrito solicitando un juicio abreviado aparte tras ser imputado como partícipe necesario en el delito de fraude.

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