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Otro de los argumentos es que por la imputación que tiene el uniformado puede recibir la pena mínima de 3 años de prisión, lo que permitiría que cumpla esa condena en forma condicional, es decir, en libertad.
Por el lado de Nicolás Bazán, la defensa alegó la falta de antecedentes penales, la existencia de una familia constituida y la realización de la actividad laboral. Incluso planteó que no tiene los medios económicos para escaparse de la Justicia ya que sus vehículos y propiedades fueron incautados por la Justicia que lo investiga por presunto lavado de activos.
Lo cierto es que los camaristas Manuel Pizarro, Ignacio Perez Curci y Gustavo Castiñeira de Dios no hicieron lugar a los pedidos de excarcelación y confirmaron la prisión preventiva de ambos sospechosos.
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Dino Rossignoli, comisario de la Policía Federal, está preso e imputado.
Las cuevas y las coimas en la Policía Federal
Durante los meses más duros de confinamiento por el coronavirus proliferaron varias joyerías en el centro mendocino bajo el nombre de Stefano Canella. Una en la galería Tonsa, otra en calle Catamarca y una tercera sobre calle Las Heras. Pero estos locales también estaban vinculados con otros tres similares bajo el nombre de Vía Roma y La Casa del Tesoro, todos en el centro mendocino.
La Justicia Federal comenzó a investigar que en realidad se trataba de pantallas para realizar operaciones ilegales de cambio de moneda extranjera, una práctica habitual en el centro mendocino pero prohibida por la Ley.
La investigación avanzó con tareas de seguimiento y escuchas telefónicas hasta que se realizaron unos primeros allanamientos en julio pasado donde se incautó dinero en efectivo, máquinas de contar dinero, teléfonos celulares y documentación importante.
La mayor sorpresa surgió cuando quedó implicado Dino Rossignoli, jefe de la Policía Federal en Mendoza. De ciertas anotaciones y conversaciones nació la sospecha de que el comisario federal recibía coimas en dólares para hacer la vista gorda, no investigar las cuevas y además adelantar información sobre procedimientos policiales. En septiembre se realizaron nuevos allanamientos donde el uniformado fue detenido.
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La acusación sostiene que la banda trasladaba oro oculto en camiones hacia Chile y luego traía las monedas extranjeras -principalmente dólares y euros- que cambiaban en el mercado informal. Con las ganancias comenzaron a comprar vehículos -dos autos Mercedes Benz A250, un BMW y un camión Scania- y propiedades -el boliche Praga, dos bartes llamados La Rosa Club y una construcción en El Challao- en busca de blanquear el dinero ilegal.
Los principales apuntados son Ernesto Bazán, su hijo Nicolás Bazán y Renzo González. También había otro eslabón de socios que tenían a su nombre algunas de las joyerías: Andrés Bauco, Félix Masera, Ezequiel Fernández, Juan Manuel Moral y su hermano Alejandro Agustín Moral.
El expolicía Marcelo Salcedo fue sindicado como jefe de seguridad hasta marzo de 2022, que fue reemplazado por Ángel Fava y Poroto Bustos. En tanto que María José Degregorio era una contadora que colaborar con los documentos ante AFIP para aparentar legalidad al mecanismo.
