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La fiscal Claudia Ríos otorgó una calificación más leve para los miembros del organismo gubernamental en el requerimiento de elevación a juicio y los abogados particulares se opusieron. A la madre de la pequeña as

Caso Luciana: batalla judicial a poco de enjuiciar a los funcionarios de la Dinaf

Caso Luciana: batalla judicial a poco de enjuiciar a los funcionarios de la Dinaf

Por Sebastián Salas/ salas.sebastian@diariouno.net.ar@sebasalas_

La muerte de Luciana Rodríguez, la niña de tres años asesinada en Ciudad en un conmocionante caso de maltrato infantil ocurrido en enero de 2014, generó un repudio social no sólo contra los padres de la pequeña sino contra los organismos gubernamentales encargados de velar por su seguridad. Tanto es así que 6 funcionarios de la Dirección de Niñez Adolescencia y Familia (Dinaf) fueron imputados y hace pocos días se intenta elevar la causa a juicio, pero existen diferencias entre las partes. La fiscal de Delitos Complejos Claudia Ríos lideró el expediente encargado de determinar por qué Luciana fue asesinada si existían antecedentes previos de denuncia contra sus padres, Jorge Coco Orellano (37) y Rita Evelin Rodríguez (25). 

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Hace poco más de dos semanas, la investigadora especial pidió el requerimiento de elevación a juicio pero hubo un cambio importante en la carátula del expediente. Si bien los seis funcionarios estaban imputados por incumplimiento de los deberes de funcionario público –delito excarcelable-, cinco de ellos también estaban acusados por abandono de persona seguido de muerte, que prevé una pena de entre 5 y 10 años de prisión. Estos últimos eran el director del servicio de Protección de Derechos Fernando Herrera, los operadores del Órgano Administrativo Local (OAL) Rafael Vizcarra, Mónica Castro  y Vanina Consina, y la psicóloga Fabiana Lucentini. Sin embargo, la fiscal Ríos entendió que no se podía probar esta última calificación y decidió requerir el elevamiento a juicio sólo por el incumplimiento de deberes, notificando tanto a los abogados defensores como a la parte querellante, constituida por la abuela materna de la niña, Claudia Rivas. Los letrados de los funcionarios se mostraron en desacuerdo con la solicitud de Ríos y se opusieron en el transcurso de esta semana, al igual que la abogada querellante Graciela Cola. Esta última incluso pidió la nulidad de la medida tomada por la fiscal de Delitos Complejos. La abogada explicó que planteó esta negativa basada en dos pilares: por un lado el desacuerdo por el cambio de calificación ya que “creemos que sí hubo abandono de persona” y segundo por “errores en la imputación ya que no están detallados los delitos que cometieron los funcionarios”. Ahora será la Justicia de Garantías la que defina si el expediente pasa a debate oral y público o si antes debe sufrir las modificaciones que los abogados particulares plantearon. Problemas con la madre de Luciana  Tanto Jorge Orellano como Rita Rodríguez fueron enviados a distintos penales tras la muerte de Luciana. La mujer fue trasladada a la Unidad Penal III de Mujeres ubicada en El Borbollón, pero a los meses fue derivada al Régimen Abierto de Mujeres (RAM), perteneciente a la Dinaf. Rodríguez estaba embarazada de dos meses al momento de ser detenida y en septiembre pasado nació su hijo. El problema reside en que tiene una fuerte adicción a distintos estupefacientes, que fue controlada con medicamentos durante su encierro. Sin embargo, cuando dio a luz, los médicos debieron reducir las dosis de tranquilizantes ya que la dormían y no podía cuidar de la criatura. Con la baja de la medicación, la mujer volvió a tener problemas de conducta y las autoridades decidieron sacarle al bebé, que quedó en Casa Cuna. En tanto que Rodríguez fue regresada al penal de El Borbollón, según informaron fuentes judiciales. El expediente contra los padres de Luciana ya fue elevado a juicio en noviembre del año pasado y se espera que entre mayo y junio comience el debate oral y público, aunque todavía no hay fecha exacta. Orellano está acusado por homicidio agravado por alevosía –teniendo en cuenta el estado de indefensión de Luciana– y Rodríguez por homicidio agravado por el vínculo y por omisión impropia -sabía lo que sucedía y no hizo nada para evitarlo-. El caso  En la noche del 7 de enero de 2014, Jorge Coco Orellano llevó a Luciana hasta la clínica Santa María, ubicada a media cuadra de la casa usurpada donde vivían en calle Entre Ríos al 368. Los médicos no pudieron salvarle la vida a la niña de 3 años y, al notar las graves lesiones que presentaba, dieron aviso a la Policía. Minutos después, las autoridades detuvieron a la pareja en el domicilio y algunos cuidacoches de la zona y familiares de ellos develaron que no era la primera vez que Luciana era golpeada.

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