Se escucharon los alegatos de la parte acusadora en el juicio por la muerte de Fabio Basualdo y se pidieron diversas penas de prisión por el delito de “homicidio simple por dolo eventual”.
Las argumentaciones se dieron luego de la declaración de un perito siquiátrico solicitado por el abogado Waldo Torres, defensor del cabo Nelson González, último testimonio del debate oral.
En todas las exposiciones hubo coincidencias en que el policía acusado no tuvo intención de matar en la detención de Basualdo, pero consideraron que llevó adelante acciones de riesgo que generaron un marco para que se produjera la muerte.
Es que consideraron probado que Fabio no estaba armado al momento del arresto y tuvieron en cuenta que el uniformado extrajo el arma, quitó los tres seguros de la pistola 9 milímetros, la cargó y tuvo el dedo puesto en el arco del gatillo.
Cabe recordar que el disparo dio en la nuca del joven cuando el efectivo intentaba reducirlo con el arma empuñada en la mano que apoyaba en la espalda.
Además, se tuvo en cuenta que el manual y la ley de procedimiento policial indican que no se debe sacar el arma y menos cargarla ante una persona desarmada, excepto que genere un riesgo de vida cierto para el policía o tercera personas.
El fiscal Víctor Giambastiani argumentó que “toda resistencia sin arma debió ser neutralizada sin ellas”, y también se consideró que el arma secuestrada en una acequia a metros del cuerpo de Basualdo fue “plantada” por compañeros de González.
Esto se desprende de testimonios y un sospechoso viaje que un uniformado hizo a toda velocidad en un móvil policial desde la escena del hecho hasta una casa en Cuadro Benegas, tras lo cual apareció esa arma.
Ante ello, planteó al tribunal que se amplíe la investigación por encubrimiento agravado e incumplimiento de deberes de funcionario público contra los policías Hugo Chirivino y Emilio Mugetti.
Frente a todo esto, Giambastini solicitó una pena de 10 años de prisión efectiva para González.
Diferente es la situación de Diego Martínez, el joven que estaba con Basualdo en la fiesta donde se produjeron los incidentes y comenzó la persecusión policial a ambos. Es que a inicios de este mes prescribió la causa por amenazas agravadas al cumplirse tres años de la elevación a juicio, tiempo de la pena máxima para este delito.
Como consecuencia, el fiscal sólo pudo acusar por “violación de domicilio y tenencia ilegal de arma de guerra” y pidió que se lo condene a tres años en forma condicional, es decir que no iría a prisión.
Querellantes duros
Por su parte, Martín Marcianesi, abogado de la familia Basualdo, aunque coincidió en gran parte con la postura del fiscal y el pedido para ampliar la investigación de los policías sospechados de encubridores, pidió 19 años de prisión al considerar que hubo algunas circunstancias que agravan la responsabilidad de González, sumado a la inhabilitación para ocupar cargos y portar armas.
En forma similar se expresó el querellante particular Juan Ángel Vázquez, quien agregó que también se produjo una grave violación de los derechos humanos de Fabio Basualdo y solicitó 20 años de prisión para el policía.
Frente a las tres extensas exposiciones acusatorias, el abogado Waldo Torres, defensor de González, solicitó tiempo para preparar la defensa, teniendo que cuenta que también se cambió la acusación al final del debate oral.
Ante ello, los jueces Jorge Yapur, Aroldo Gorri y Raúl Rodríguez decidieron continuar el juicio el martes a la mañana, cuando alegará Torres y también Daniel Sama, abogado de Diego Martínez.