Nadie pudo permanecer indiferente ante las imágenes de una pistola sobre la frente de la figura más influyente del país en las últimas dos décadas.
Análisis y opinión
Tiempos violentos: variadas formas de afectar a la convivencia democrática y al Estado de derecho
El conmocionante ataque a la vicepresidenta provocó un fuerte impacto en la sociedad argentina, y desafía a toda la política
Miles de personas se movilizaron en Buenos Aires en defensa de Cristina Kirchner.
El atentado fallido no ocurrió un día cualquiera, sino cuando la centralidad que ocupa en la escena nacional CFK se viene acentuando en los últimos tiempos, ya sea por los condicionantes que ha impuesto a la gestión de Alberto Fernández -un presidente devaluado por su vice-, o por el proceso judicial que la tiene como principal acusada.
El protagonismo de Cristina en la escena política, y el predominio de las noticias en torno de su figura y de sus movimientos ponen a la líder del peronismo en un lugar de permanente presencia cotidiana. Todo, desde las novedades políticas, hasta la situación institucional y las medidas económicas giran en torno de ella.
Nada puede escapar de su influencia, por acción u omisión, aunque se pronuncie sobre un asunto o permanezca callada. Ante cada señal siempre habrá un coro fiel al libreto, dispuesto a alinearse disciplinadamente para instalar la agenda pública.
Si Cristina se queja del "festival de importaciones", el Banco Central actúa en consecuencia; si ella aprueba, Sergio Massa avanza; si cuestiona la autonomía de CABA, es suficiente para que el debate político vire hacia ese tema.
La estrategia judicial de Cristina, basada en denunciar una persecución política ha puesto en marcha un poderoso recurso de protección y contraataque con la militancia movilizada bajo consignas de repudio a "la oposición, a los medios hegemónicos y al partido judicial, motorizados por el odio".
Es el mismo argumento que aprendió Alberto Fernández, y que fue eje del discurso que leyó a media noche por cadena, cuando anunció el feriado nacional, lo que iba a contramano del llamado a cerrar filas tras el repudio generalizado al intento de magnicidio.
El documento firmado por los bloques principales como antesala a la sesión especial de la Cámara de Diputados representa un avance al suprimir ofensas mutuas, pese a algunas disidencias, diferencias en el arco opositor y chicanas proferidas durante el transcurso del debate en el recinto.
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Unión nacional, pero...
La única oradora en el multitudinario acto de Plaza de Mayo, Alejandra Darín, cerró su discurso con un llamamiento y una advertencia que vale considerar, por hablar en nombre de todo el arco kirchnerista-peronista: "Hacemos este llamamiento a la unidad nacional, pero no a cualquier precio: el odio afuera", fue la sentencia que dejó para marcar un camino de lo que viene. Ahora estamos juntos, y se agradece el banque a Cristina, pero nadie está dispuesto a correrse de su posición, parece decir la representante de la Asociación de Actores.
Hay quienes se arriesgan a interpretar que la gravedad de lo acontecido marca un punto de inflexión para bajar los decibeles en la dirigencia de uno y otro lado. Es cierto que el repudio generalizado da cuenta de que mayoritariamente nadie quiere que se crucen los límites, ni retornar a las épocas signadas por la violencia política. No obstante, no se observa en el horizonte un cambio en el tono crispado ni en las actitudes descalificadoras.
Son muchos años de colisión de modelos y, peor, de confrontación verbal que se expresa en distintos espacios públicos. La cultura del odio, de rechazo y de deseo de cancelación del otro, se ha venido cociendo a fuego lento desde esferas del poder en los últimos períodos de gobierno y se ha hecho carne en la población.
El ámbito provincial, sin llegar al punto que se evidencia en la Nación, tampoco está exento de disputas y obstruciones. La relación compleja, las mezquindades y la falta de acuerdos entre las fuerzas mayoritarias están dificultando el desarrollo de un proyecto de provincia que permita superar el estancamiento.
El documento compartido por siete ex gobernadores es un buen síntoma de convivencia en una Mendoza que basa su fortaleza en sus instituciones, sin embargo, se está lejos de que ese gesto logre encauzar un clima necesario, en aras de políticas de Estado que se antepongan al interés partidario.
La grieta ya es una característica que también alcanza a la dirigencia mendocina y que se expresa en varios sentidos, entre ellos, en el frente legislativo o en la relación entre el gobierno local y el nacional.
En cuanto a los propósitos del kirchnerismo y de los opositores que ambicionan llegar a la Casa Rosada, es difícil imaginar acuerdos en pos de la tolerancia y el respeto recíproco, cuando proliferan los dirigentes que hacen de la agresividad su estilo o estrategia de acumulación política.
Asimismo, es impensado que tanto la oposición como los medios apuntados, no cumplan con su rol crítico, por lo que son acusados desde el oficialismo como profetas del odio, el mismo señalamiento que es común observar en el sentido inverso. El problema de base, complejo de revertir, es el posicionamiento del otro como portador del mal y enemigo a vencer.
La tensión de los últimos días en torno a todo lo que rodea el proceso a la vicepresidenta es un capítulo más de una situación que está poniendo en jaque a la Justicia y al funcionamiento institucional. El "si la tocan a Cristina qué quilombo se va a armar", suena como grito de guerra en las calles y en la redes, y representa una advertencia que refleja el momento que se está viviendo.
Aunque pueda no existir una relación causal, estamos atravesando una situación en que los principales referentes deberían mantener la templanza necesaria para desalentar a lobos solitarios o grupos organizados capaces de atentar contra una vicepresidenta u otros dirigentes políticos.
La consigna más sabia consistiría en evitar la escalada de violencia y promover la convivencia plural, aun dentro de las lógicas diferencias políticas.
Ejercer la democracia en plenitud es respetar la diversidad y mantener a resguardo el Estado de derecho y sus instituciones, por encima de las voluntades individuales o de sectores.
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