Si hace 30 años no se hubiese actuado a tiempo, hoy esta Ciudad explotaría de manteros
La comuna de la Ciudad de Mendoza parece haber encontrado rápidamente la licencia social necesaria para empezar a ordenar, dentro de la ley, el problema de los que viven en la calle
En los '90 la Ciudad logró superar la fiebre del comercio ilegal de los manteros que habían invadido las principales avenidas. Y encontró una solución en los persas que hoy trabajan legalmente.
En los '90 la Ciudad logró superar la fiebre del comercio ilegal de los manteros que habían invadido las principales avenidas. Y encontró una solución en los persas que hoy trabajan legalmente.
Hace más de 30 años no faltaban quienes cuestionaban las medidas de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza destinadas a terminar con el comercio de los manteros en las veredas de nuestras principales avenidas. Si esa tesitura crítica se hubiera impuesto hoy tendríamos una Ciudad atiborrada y desjerarquizada por la venta ilegal en las calles.
Entre fines de los '80 y sobre todo en los '90 se comenzó en Mendoza a ordenar ese asunto. Y se hizo con idas y vueltas, aciertos y errores, pero todo se encaminó de manera productiva. En sectores de la ciudad de Buenos Aires todavía están tratando de resolverlo, basta con ver los fenomenales operativos que han debido realizarse en la zona de Flores para tratar de desarmar el comercio ilegal de mercaderías en las arterias.
Lo hecho en Mendoza resultó provechoso porque la Comuna no sólo vetó a tiempo la actividad de los manteros, sino que propulsó el agrupamiento de estos vendedores callejeros en cooperativas u otras formas de asociación a las se ayudó con fondos y asesoramiento legal para que crearan ferias persas establecidas legalmente. Hoy esas ferias subsisten en varios polos céntricos sin transgredir normas, convertidas en comercios legalmente establecidos.
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Solucionar elproblema de los que viven en la calle demanda un accionar político que no debe desmarcarse un ápice de las normas y leyes contravencionales y de convivencia.
Foto: Diario UNO / Cristián Lozano
Una táctica similar tendiente a frenar el desorden y buscar una solución duradera y sensata, es la que ahora se está utilizando ante las irregularidades que se presentan con muchas de las personas que, de manera creciente, viven en las calles o en las plazas.
Arrojadas allí por razones económicas, sociales, familiares, de salud o personalísimas, muchas de ellas no quieren participar de las opciones que les ofrece el Estado en cuanto a vivir en los refugios municipales o recibir otros tipos de ayuda y apoyo legal.
La clave
Lo que pasa hoy es mucho más complejo que aquello de los manteros.Ahora no hablamos de mercaderías sino de personas, es decir que demanda de las autoridades un accionar político que no debe desmarcarse un ápice de las normas y leyes contravencionales y de convivencia.
Se debe ser políticamente criterioso y, al mismo tiempo, consecuente para evitar males a futuro. Actuar a tiempo: esa parece ser la clave.
La reacción política del Municipio ante esta problemática de los indigentes, que se estaba pasando de castaño oscuro, ha tenido una primera recepción positiva en buena parte de la población.
La ciudadanía, no sólo de la Ciudad, sino también del resto del Gran Mendoza, ha respondido dejando entrever que el municipio cuenta con licencia social, una especie de permiso intangible, para enfocarse con la debida corrección en ese asunto delicado.
Lo primero que se rescata es que se ha decidido poner en su lugar el cumplimiento de normas y leyes, para lo cual se ha pedido, además, la ayuda a jueces y fiscales.
Diversas entidades privadas y vecinales de Ciudad han dado ese aval a través de declaraciones y del resultado de sondeos que se vienen publicando en las redes sociales.También han habido, obvio, opiniones en contra, particularmente de sectores del peronismo y de la izquierda que ven esta decisión "otro intento de criminalizar la pobreza".
Plazoleta Almirante Brown.JPG
La "colonizada" plazoleta Alirante Brown.
Plazas colonizadas
El intendente Ulpiano Suarez ha contestado que el objetivo es enfocar el tema de los que viven en la calle según lo que marcan las normas en vigencia, lo cual incluye la posibilidad de arresto de los que se niegan a ir a los refugios oficiales y a desalojar plazas y otros sitios públicos. Y en eso los jueces y fiscales son los únicos autorizados para determinar si dentro de ese conflicto a resolver hay costados delictivos o que sean materia judicial.
Lo concreto es que los vecinos de Ciudad no quieren convivir con el descontrol en las calles. Y es lógico: para eso pagan tasas municipales. Basta ver lo que es hoy la plazoleta Almirante Brown de Ciudad, prácticamente "colonizada" por personas sin techo (muchos de ellos llegados desde diversos departamentos de la zona metropolitana) que rechazan ir a los refugios estatales.
Ello obliga a los transeúntes a tener que esquivar esa plazoleta que conecta con el Hospital Central, la Fuesmen y el COIR, entre otras reparticiones de la salud. Cuando una administración gubernamental deja al espacio público librado a su suerte no suelen ser buenas las consecuencias.
El municipio ya anunció que hará un cerco de rejas en torno a esa plazoleta, como ya tienen otros espacios públicos del Gran Mendoza. De noche lo mantendrá cerrado para que quienes viven en la calle se vean obligados a ir a los refugios.
En los últimos años no siempre la intendencia ha acertado en estos temas. Una de las peleas que viene perdiendo es el continuo ataque de un verdadero ejército de grafiteros que enchastra a diario comercios, propiedades privadas y edificios estatales. No se salvan escuelas, hospitales, edificios de departamentos, juzgados, cocheras, casas de familia, o mobiliario urbano. Pese a que la Ciudad es un compendio de cámaras que filman día y noche, la fiebre encastradora no se detiene.
