Análisis y opinión

Las pruebas que hundieron a la diputada mendocina Janina Ortiz

Qué dicen expedientes y testimonios sobre el rol de Janina Ortiz y su esposo Daniel Orozco en los casos de fraude y de coacción contra empleadas

Se iba el invierno de 2022. Había clima anticipado de construcción de candidaturas y Las Heras comenzaba a convertirse en un caldero. Corría el jueves 1 de septiembre de ese año. Faltaban diez minutos para las cuatro de la tarde. Era secretaria de Gobierno y Janina Ortiz soñaba con ser intendenta. Se produjo el siguiente intercambio de mensajes:

-¿Novedades?

-No, nada…

-...-

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Janina Ortiz y su esposo Daniel Orozco. Dificultades judiciales.

Janina Ortiz y su esposo Daniel Orozco. Dificultades judiciales.

La persona que pregunta sería la diputada suspendida Janina Ortiz, de la coalición opositora La Unión Mendocina. En ese momento Janina era Secretaria de Gobierno de Las Heras, departamento gobernado desde 2015 y hasta diciembre de 2023 por su pareja, el médico ex radical Daniel Orozco. Como se sabe, la alianza LUM que compitió por la gobernación y varias intendencias fue un desprendimiento caótico, doloroso, anticornejista y opositor de ex socios de Cambia Mendoza, con Omar De Marchi a la cabeza.

La que le responde presumiblemente a Ortiz en el chat de la mensajería de WhatsApp que citamoses una de las empleadas que meses después la acusó de coacción y encubrimiento. Es la misma chica de 25 años que denunció haber sido víctima de un ataque sexual en dependencias municipales ocurrido en 2020. Por ese caso fue imputado el año pasado y pasó semanas detenido el ex Director de Juventud de Las Heras, Franco Cortez, acusado de abuso sexual con acceso carnal.

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En la conversación que señalamos, aquel 1 de setiembre del año previo a las últimas elecciones, la empleada municipal envió dos audio de 39 segundos y otro de 15 segundos a la persona que -de acuerdo a los registros- sería Janina Ortiz, que lucía apurada por una información:

-Al “telo…” Cuándo se iban a juntar para el “telo”- inquirió. La empleada le respondió:

-No sé, porque el Osvaldo no le ha dicho de juntarse… capaz por lo que pasó del supuesto video…- dice. -Igual le sigue “tirando onda”. Así es que seguro que en cualquier momento se juntan…- especuló. En la conversación sigue un audio que sería de Janina Ortiz. Luego volvieron a comunicarse. La empleada mandó un nuevo audio y su interlocutora preguntó: -¿Qué más?- La respuesta trató sobre rivalidades políticas e internas de Cambia Mendoza. En ese tiempo en que era intendente Daniel Orozco, su esposa Janina era la persona más poderosa de la comuna desde la secretaría de gobierno y aspiraba a sucederle. Se anticipaba una disputa feroz por las candidaturas para 2023.

Sigue el chat. La empleada le cuenta a su jefa y referente política:

-El Osvaldo la citó en un telo…-

Después y en otro fragmento no consecutivo de esa conversación, quien de acuerdo a los datos judiciales que hay sería Janina Ortiz, impartió las instrucciones:

-Sólo tener las pruebas para usarlas cuando sea necesario. Hoy no es el momento de usarlas. Pero sí de tener todas las que más podamos…

-Dice que del Osvaldo hay mucho más…- reportó la empleada municipal.

-Tener las pruebas. La corremos de la escena donde nadie pueda hacerle nada y que igual siga militando con vos. Ver cuando usarlas…- insiste en esa conversación quien evidentemente era la jefa.

Estos fragmentos pertenecen a algunas de las capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp a las que tuvimos acceso durante la investigación periodística del Caso Las Heras. Forman parte de los expedientes que involucran a Janina Ortiz y a Daniel Orozco junto a otros ex funcionarios en el fraude cometido contra la Municipalidad mediante el uso de una cooperativa trucha.

En el caso de Ortiz, la justicia intenta imputarla por coacción -sin éxito- desde el último viernes hábil de junio del año pasado, antes de la feria de invierno. En esa causa, la diputada suspendida el miércoles último por sus pares en la Cámara de Diputados de la Provincia está acusada de haber coaccionado (presionado a hacer algo contra su voluntad) a una empleada para que se acueste con un funcionario y registre esa conversación. El objeto del espionaje interno era Osvaldo Oyhenart, subsecretario de políticas sociales. Sería luego el primer imputado por el fraude. Janina Ortiz sospechaba de una traición. Habría tomado nota de un despliegue de gastos y bienes del entonces subsecretario Oyhenart que le molestaba. Incluso le habría hecho una pregunta incómoda, una vez que le vio llegar en una flamante camioneta a una reunión política del sector. “Es de mi yerno” habría explicado, rápido, el funcionario.

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Osvaldo Oyhenart, ex subsecretario de Políticas Sociales en Las Heras. ¿Arrepentido?

Osvaldo Oyhenart, ex subsecretario de Políticas Sociales en Las Heras. ¿Arrepentido?

Efecto boomerang

Aquello de “...tener las pruebas…” y “ver cuándo usarlas…” de la diputada suspendida se volvió en su contra. El audio de alcoba de 27 minutos en el que Oyhenart cuenta la operatoria de las cooperativas truchas y le ofrece a su interlocutora cobrar sin trabajar, llegó a los medios ni bien pasó la Vendimia de 2023. Luego, el 14 de junio del año pasado se publicó la investigación periodística de quien escribe esta columna. Ello dio inicio a la causa de oficio del entonces fiscal de delitos económicos Flavio D’Amore. Apenas 48 horas después el fiscal allanó la Municipalidad y el escándalo de corrupción fue imparable. Esa causa ya tiene una decena de imputados, entre ellos Janina Ortiz y Daniel Orozco, Osvaldo Oyhenart y su yerno el contador contratado por la comuna Juan Pablo Pandolfi, por fraude a la administración pública y falsificación de documentos en 16 hechos.

El caso de coacción

Para entender las acusaciones y el avoque de imputación contra Janina Ortiz en el caso de coacción -el primero en el que resultó acusada- hay que retroceder en el tiempo, hasta el 8 de julio de 2020. Ese día en el séptimo mes de la pandemia y con la población encerrada o restringida, un grupo de empleados y funcionarios municipales de Las Heras elaboraba sopaipillas en el Centro Integrador El Plumerillo. Al día siguiente, el intendente Orozco las repartiría entre los automovilistas. En ese contexto y de acuerdo a la denuncia se habría producido un caso de abuso sexual con acceso carnal. Una empleada -la que luego terminó incriminando a Janina Ortiz por coacción y encubrimiento- denunció haber sido sexualmente agredida en el baño del CIC por el Director de Juventudes Franco Cortez, integrante de una de las familias protegidas de Ortiz en aquella comuna. La primera denuncia la hizo ante sus jefes y la propia Ortiz cuando pasó el feriado del 9 de julio. En el expediente, la empleada habría asegurado que Ortiz le hizo una promesa condicionada. -Vas a mantener tu trabajo pero no hagas la denuncia…-

Luego de ese hecho, se montó alrededor de la empleada un fuerte operativo de “contención” para que no hiciera una cuestión penal. “Lo que pasó en el baño, queda en el baño” le dijeron al sacarla del lugar humillada, llorosa, lastimada y con miedo, de acuerdo a su relato judicial. Le dieron unos contratos para que administre, más responsabilidad política en el grupo “Janina Intendenta” y le mejoraron sus condiciones de trabajo. Duró poco. La relación de la empleada con su entorno de trabajo se volvió una pesadilla. En la Municipalidad comenzaron a tratarla como “la putita de los Cortez”, dice el expediente. Incluso la empleada contó que una vez, un familiar de Cortez le metió los dedos en la boca, pidiendo los mismos “privilegios” sexuales que su sobrino.

Un 8 de marzo en el Día de la Mujer, la empleada -bajo mucha presión emocional- tuvo un estallido en un acto delante de muchas mujeres, entre ellas Janina Ortiz. El clima de contención pasó a ser de muchísima hostilidad y “apriete”. Hasta la pusieron a trabajar en una oficina con la esposa y luego ex esposa de su presunto violador. En el medio ocurrieron la grabación a Osvaldo Oyhenart encargada mediante supuestos aprietes a una amiga de la chica, también empleada municipal, y una grave secuencia de amenazas. El audio con la conversación del funcionario -de acuerdo a la denuncia- fue entregado por ambas mujeres, probablemente obligadas a punta de pistola y mediante amenazas, a la ex directora de Relaciones con la Comunidad y Adultos Mayores Patricia Riveros y a su hija Carolina Murúa. Lo del arma está relatado con lujo de detalles en sede fiscal. Ambas ex funcionarias están imputadas de coacción agravada junto a Janina Ortiz. Esas causas fueron unificadas el año pasado pero aún no logran imputar a la actual legisladora -ya suspendida-, con la acusación escrita por los fiscales desde hace meses.

Con las relaciones estalladas dentro del municipio y un clima de persecución, denuncias internas, y espionaje de baja estofa muy instalado, la empleada que denunció el abuso sexual y su amiga fueron a la justicia y contaron todo. De allí se desprendieron el expediente de coacción contra Janina Ortiz y las dos imputadas Rivero y Murúa. También entregaron a los fiscales una copia del audio en el que se había grabado al ex funcionario Oyhenart.

La causa de coacción es particularmente compleja porque se trata de unos testimonios contra otros, y de colecciones de mensajes y audios que se contradicen. La propia Janina Ortiz afirmó en su exposición legislativa -la última antes de ser suspendida la semana pasada- que no se pudieron extraer supuestas conversaciones que la implican, del teléfono de una de las denunciantes. Pero el detalle de las reuniones que contaron ambas mujeres con Janina Ortiz y con una escribana, el documento de “silencio” que les hicieron firmar y las testimoniales de ex funcionarios que escucharon a las denunciantes y quisieron ayudarlas, aportaron mucha claridad al caso. Por eso dos fiscales intentan imputar a Ortiz desde el año pasado y pidieron su desafuero.

El caso de coacción puede que sea menos importante para la faz pública e institucional que el de las cooperativas. Pero hubo dos mujeres temerosas de perder sus trabajos, presumiblemente sometidas a un régimen de terror por otra mujer, la ex secretaria de gobierno Janina Ortiz. La funcionaria más poderosa de Las Heras entre 2019 y 2023.

Cooperativas fantasma

En el famoso audio que circuló desde abril profusamente en medios políticos y periodísticos, hubo frases clave de Osvaldo Oyhenart que pusieron en evidencia la trama de las cooperativas. “La cooperativa la controlo yo…” dice en un momento. Se trató de un mecanismo para poner en marcha entidades asociativas paralizadas, o generar otras, para con ello extraer sumas millonarias de la municipalidad de Las Heras con fines por ahora desconocidos, aunque se presume que ese dinero se utilizó para enriquecimiento personal en algunos casos, y “para la política” en otros. En la investigación periodística detectamos cuatro entidades de actividad sospechosa. Las primeras tres son “Manos a la Obra”, “Asociación Productiva Civil y Comunitaria” y “Abriendo Senderos”. Juan Pablo Pandolfi, el yerno de Oyhenart, aparece en las comisiones directivas de las últimas dos de estas asociaciones, y luego, manejando papeles, cuentas bancarias, usuario de AFIP y cheques de “Manos a la Obra”, la cooperativa por la que siguió su ruta la investigación fiscal hasta imputar a Janina Ortiz, Daniel Orozco, y siete ex funcionarios más. El movimiento de dinero de esta cooperativa resultó sumamente sospechoso, con ex funcionarios implicados y un changarín analfabeto “porta cheques”, un ex funcionario que se depositó 2,7 millones de pesos a sí mismo y secuencias de pagos por trabajos que no se pudieron demostrar y que no se habrían realizado. Hay otra entidad en observación, “Juntos x Vos”, manejada por el empresario salonero, ex asesor de Daniel Orozco y ex precandidato a intendente de La Unión Mendocina en Guaymallén, Fabián Manzur, y miembros de su familia. Facturaron “trabajos” millonarios a la municipalidad en colonias de vacaciones, con mecanismos parecidos.

Todo esto figura en el voluminoso expediente que ahora conduce el fiscal Juan Tichelli, y en documentación propia a la que tuvimos acceso en el curso de la investigación periodística. El Instituto de Entidades Asociativas INAES llegó a suspender las actividades de la cooperativa “Manos a la obra”. Mandaron una inspección que no pudo hallar a sus integrantes ni a los domicilios declarados. "No se pudo verificar su existencia" dice el escrito del instituto.

Para entender la cadena de responsabilidades: Osvaldo Oyhenart y Juan Pablo Pandolfi trabajaron en tándem. Oyhenart le reportaba y dependía de Janina Ortiz, que aparece aprobando algunos de los expedientes. La diputada desconoció varias de sus firmas en una declaración informativa en sede fiscal. Puede que tenga razón. Un ex funcionario contó que ella aprobaba algunos expedientes “por teléfono” y que un empleado entre sus colaboradores le garabateaba la firma.

La cantidad de pruebas en la causa “cooperativas fantasma” es asombrosa. Tanto o más que en los casos del ex intendente de Guaymallén Luis Lobos y su ex esposa Claudia Sgró, o del ex intendente de Santa Rosa Sergio Salgado, todos ellos condenados por corrupción. En este caso, Osvaldo Oyhenart estuvo a punto de convertirse en arrepentido y hubo negociaciones con el Ministerio Público, pero no llegaron a un acuerdo.

Informe lapidario

En el marco probatorio que permitió las imputaciones a todos los involucrados menos a la elusiva diputada Janina Ortiz, que fue suspendida justamente por esquivar a la Justicia con todo tipo de ardides, hay un informe condenatorio del Tribunal de Cuentas, que asignó varias de las responsabilidades.

El que ordenaba las contrataciones era el mismo funcionario que después "controlaba" la prestación, "encargados" de cuadrillas de "obreros", que luego desconocieron sus "firmas" en planillas falsificadas. “Uniformes” cuya entrega no se pudo verificar, licitaciones amañadas, órdenes de compra y de pago sin firmar, personas que cobraron sin pertenecer a las cooperativas, facturas sin respaldo, planillas “gemelas” de “empleados” que no sabían que "trabajaban" en la cooperativa, sobreprecios y otras irregularidades fueron señaladas en un pliego de observaciones del Tribunal de Cuentas al ejercicio 2022 del Control de Cuentas de la Municipalidad de Las Heras, respecto de la cooperativa “Manos a la obra”. Esta prueba junto a la información periodística disponible fueron valoradas por el Ministerio Público a la hora de las diez imputaciones por fraude.

Las cooperativas proliferaron en territorio lasherino desde 2019, cuando Oyhenart llegó a la comuna para integrarse al gabinete de Janina Ortiz. En Mendoza hay 395 cooperativas de trabajo inscriptas en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Treinta y siete de estas están radicadas en Las Heras y varias le facturaron tareas y venta de productos y servicios al municipio. Nueve de estas entidades fueron creadas antes de 1998. Luego, en 2005, 2013 y 2014 se autorizaron una cada año. Las 25 restantes fueron creadas y registradas desde finales de 2019 hasta 2021. Recientemente, el INAES suspendió todas las cooperativas creadas desde el año 2020. El gobierno libertario descubrió pronto que muchas de estas cooperativas son “caja” de la política.

En el caso de “Manos a la Obra” y de acuerdo al informe del Tribunal de Cuentas de setiembre del año pasado, Osvaldo Oyhenart pidió contratar “900 jornales” de esta cooperativa. Licitaron, fue la única oferente, y el propio Oyhenart firmó un informe técnico promoviendo la adjudicación y contratación. Luego fue el que “controló” los trabajos que no se pudieron certificar, e iba moviendo los expedientes para los pagos. En ese informe, el Tribunal asignó responsabilidades a Janina Ortiz y Daniel Orozco en el proceso de licitación, contratación y pagos a las cooperativas fantasma. El esquema se repitió en cuatro operaciones de esta cooperativa, según la investigación penal.

La acusación a Janina Ortiz

En el avoque de imputación y al ampliar las acusaciones, el fiscal Flavio D’Amore determinó roles de todos los sospechosos en el fraude que se investiga luego de compulsar informes del Tribunal de Cuentas, del Banco Supervielle, de la aseguradora Triunfo, de la empresa Telefónica de Argentina, de la AFIP y de la UDAPIF entre otros organismos. Resolvió que un grupo de funcionarios encabezados por Daniel Orozco se organizó para extraer de modo ilegal más de 34 millones de pesos de la comuna. A Orozco lo sindicó como organizador. Para el fiscal, el ex intendente fue quien habría dado la orden de poner en marcha la cooperativa fantasma a los ex funcionarios Juan Pablo Pandolfi y a Hernán Mostacchio, quien al momento de las acusaciones era el jefe del sector Licencias de Conducir de la Municipalidad.

Entre los roles más importantes, el fiscal asignó a Orozco el papel de jefe, a Oyhenart y Pandolfi como los operadores, a Janina Ortiz como la autorizante de varios de los pagos irregulares, y a varios más como partícipes. Textualmente, la acusación dice:

“A partir del año 2021 y hasta el 2023, con el fin de defraudar al Municipio de Las Heras, un grupo de funcionarios públicos integrado por el Intendente Mario Daniel Orozco, la Secretaria de Gobierno Janina Ortíz Occhionero, el Jefe de Licencias de Conducir Hernán Matías Mostaccio, el Director de Compras y Suministros Mauricio Rafael Valle, el Subsecretario de Políticas Sociales Osvaldo Alberto Oyhenart, el Secretario de Hacienda Carlos Arturo Nofal, el Director de Asuntos Legales Mauro Sebastián Homan, el agente contratado Juan Pablo Pandolfi, el ex Subdirector de Contaduría Daniel Germán Herrera, todos ellos con la participación necesaria de Adrián Alejandro Pérez (a) “Moco” orquestaron mediante el direccionamiento de (...) licitaciones públicas (...) y contrataciones directas (...) el empleo de una cooperativa de trabajo radicada en el Departamento de Las Heras para realizar limpieza de calles y espacios públicos, que en los hechos tenía por fin hacerse del pago desde recursos dinerarios del municipio por servicios que no serían prestados en las condiciones pactadas” indica el fiscal. “...la maniobra antes expuesta fue llevada adelante gracias a la utilización de la Cooperativa de Trabajo Manos a la Obra que al momento de los hechos se encontraba inactiva y sin funcionamiento, y de la cual los sindicados se valieron y utilizaron para acceder a las distintas licitaciones públicas y contrataciones directas, promovidas y direccionadas para su exclusivo beneficio”. Todos los mencionados están imputados, menos Janina Ortiz, que fue esquivando la acusación e interponiendo recursos en algún caso ridículos, hasta que fue suspendida.

Avoque de imputación en el caso Cooperativas de Las Heras

El avoque de imputación ampliado contra ex funcionarios de la Municipalidad de Las Heras acusados de fraude.

Testimonio clave

En la causa de las cooperativas, además de la abundante documentación, las extracciones de dinero, las auto transferencias y otras irregularidades, hay un testimonio clave que involucró directamente a Janina Ortiz y Daniel Orozco y que resulta importante para entender qué pasó. Es la declaración que brindó Martín Gutiérrez Diele, ex director de Desarrollo Económico de la provincia. Le contó al fiscal cómo Osvaldo Oyhenart presionó para poner al contador Juan Pablo Pandolfi (su yerno) a resucitar las cooperativas, operación que el ex funcionario y testigo rechazó. Contó dos reuniones con Oyhenart, la participación de un hijo de Orozco llamado Maximiliano en una de ellas, y las presiones para tramitar “subsidios” a través de estas cooperativas. Cuando se vio acorralado, le dijo al fiscal que recurrió primero a Ortiz y luego a Orozco para advertir de las irregularidades y problemas que supondrían estas operaciones. Según su testimonio -al que accedimos-, Ortiz le dijo que la orden era de Orozco, y que si no la aceptaba tendría que renunciar. Y el intendente simplemente le habría expresado que no podía contradecir las indicaciones de Janina Ortiz. Gutiérrez Diele se fue, y cuando estalló el caso se presentó al fiscal y pidió declarar lo que sabía. Su testimonio es revelador e incriminatorio.

Además de estas imputaciones, hay otra causa que involucra a Janina Ortiz y a Daniel Orozco, y es la de encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público, por el abuso sexual que denunció la empleada en el CIC de El Plumerillo. En ese expediente está procesado e imputado y con medidas restrictivas, el ex funcionario director de la juventud Franco Cortez. Los peritajes que el cuerpo médico forense hizo a la presunta víctima por su relato y las secuelas que evidencia, dieron credibilidad y mayor volumen a esa denuncia. El caso de encubrimiento tuvo escasos avances, habrá que ver qué sucede ahora que la diputada quedó suspendida de sus funciones.

La “gambeta” judicial

El raid elusivo de Ortiz es digno de mejores causas. En octubre del año pasado se opuso al avoque de imputación, planteó una nulidad, pidió una excepción, y dijo que para acusarla debían pedir su desafuero. Los fiscales entonces solicitaron a la Legislatura que le quite la protección constitucional, para poder juzgarla por delitos comunes. Ortiz impugnó el pedido, y promovió un juicio político a los investigadores que fue rechazado. En el medio hubo planteos de su abogada María Elena Quintero pidiendo que antes que nada se resuelvan cada uno de sus pedidos. Ya en el trámite de su desafuero, Ortiz planteó la nulidad del dictamen que recomendó dejarla sin fueros, promovió jury contra los fiscales y pidió la nulidad y suspensión del trámite parlamentario. Cuando le quitaron los fueros, apeló. Este año se opuso a que le notifiquen la citación a la comisión LAC, la semana anterior a su suspensión. Y anunció que seguirá reclamando lo que entiende que son sus derechos en cuanto tribunal provincial, nacional e internacional tenga a su disposición. En algunos reportajes, dijeron que la suspensión de la legisladora fue inconstitucional. En el camino hasta el miércoles pasado, cuando la suspendieron, los jueces de garantías Sebastián Sarmiento y Dolores Ramón y cuatro camaristas -Carmen Magro, Claudia Vallejo, Marcelo Gutiérrez del Barrio y Pedro Chacón- fueron rechazando sus oposiciones, recursos, y nulidades. La diputada Ortiz y su abogada trataron las imputaciones como si fuesen condenas, y así fueron eludiendo los procesos judiciales en delitos contra el Estado: fraude y falsificación de documentos públicos para extraer ilegalmente dinero de la comuna, nada menos. Claro, las peleas políticas impidieron a muchos ver el fondo de la cuestión y valorar los hechos, algo que sí han hecho jueces y fiscales. También los legisladores.

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Janina Ortiz y su abogada María Elena Quintero.

Janina Ortiz y su abogada María Elena Quintero.

Un hecho significativo

Quienes conocen en profundidad a Janina Ortiz dicen que es una mujer dispuesta a todo. La tenacidad en interponer recurso tras recurso indican que no se va a entregar mansamente. Tampoco tendría por qué hacerlo. A nadie le gustaría ir preso o ser condenado.

Hubo un hecho que la describe. El 20 de junio del año pasado Ortiz fue agredida en la calle. La golpearon en el pómulo izquierdo y la arrojaron al suelo. Los dirigentes de La Unión Mendocina montaron entonces un andamiaje de acusaciones que apuntaron a Cambia Mendoza, al candidato que había ganado en las PASO -luego gobernador Alfredo Cornejo- y a Francisco Lo Presti, quien también terminaría siendo electo intendente de Las Heras el 24 de setiembre pasado. Al mismo tiempo acusaron a los periodistas que investigaron el caso. Orozco lloró y se quebró en público por la agresión a su mujer y Omar De Marchi lanzó acusaciones durísimas.

A poco de andar, ese caso comenzó a hacer agua por todos lados. La descripción que hacían los testigos de la agresión diferían del relato de Ortiz y de dos funcionarias amigas que la acompañaban. Los peritajes no pudieron confirmar más que lesiones leves. Un chofer de Janina Ortiz le había contado a un amigo que declaró en la Justicia, que la funcionaria “bromeaba” sobre hacerse golpear para involucrar a alguien de Cambia Mendoza.

En apenas semanas se supo que el agresor había sido el presidiario -por entonces prófugo de intento de asesinato- Francisco “Bahiano” Guardia Reale. El caso se resolvió en tiempo récord en menos de 50 días con un juicio abreviado por lesiones leves y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo. Guardia Reale aceptó la culpa sin más. Fue sin debate y sin preguntas. Nunca sabremos quién fue el autor intelectual de la agresión. Ninguno de los dirigentes de La Unión Mendocina incluidos Daniel Orozco y Janina Ortiz volvieron a hablar de ese ataque, que tuvo toda la apariencia de un show bochornoso. No hubo apelaciones ni oposiciones de Ortiz ni de su abogada Quintero, que aceptaron la condena de Guardia Reale sin decir ni pío. No mostraron ningún interés en “descubrir” quién habría ordenado el atentado pese a las acusaciones terribles que lanzaron.

La suspensión de Janina Ortiz es un punto de inflexión importante en el Caso Las Heras. Con un matiz: cuando le quitaron los fueros, la diputada tuvo la oportunidad de ajustarse a derecho, permitir las imputaciones y defenderse como cualquier ciudadano y hoy no estaría suspendida. Pero optó por un comportamiento impropio de un representante del pueblo de la provincia: se dedicó a eludir a la justicia todo lo que pudo. Algo indigno de un legislador. Y por eso fue separada del cuerpo. Es improbable que pueda volver a la banca dados los tiempos y la complejidad de las causas de corrupción, salvo que consiga un amparo con efectos suspensivos en lo inmediato y se desate un conflicto de poderes. Ahora será la justicia la que deberá determinar su culpabilidad o inocencia en delitos contra el Estado y contra las personas, junto con todos los imputados en estos casos.

Daniel Orozco y Janina Ortiz tuvieron una gran cuota de poder, equipos, gente, militantes y recursos. Pero hubo traiciones, ambiciones desmedidas, probable corrupción y desencuentros en su propio círculo, su grupo más íntimo. Se multiplicaron acciones incomprensibles y una “guerra de denuncias” inédita en la política local. Espionajes, abusos, maltratos, infidelidades, trolls, grupos de redes sociales armados para perseguir gente, escraches, aprietes a mano armada, campaña sucia, y secuencias de novela salieron a la luz en una trama de personajes muy marginales. Luego, perdieron las elecciones. Ella fue suspendida de su banca legislativa y el horizonte para ambos es de una probable condena.

Ni la mejor serie de Netflix garantizaría semejante saga.

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