Históricamente jubilados y pensionados han sido utilizados como variable de ajuste para equilibrar las cuentas del Estado, por lo cual sus haberes han quedado relegados.
La mitad de los jubilados cobran la mínima.
El sistema de reparto se basa en la distribución de una torta exigua que tiene ingresos menguados por los aportes de trabajadores activos registrados, más un porcentaje de impuestos coparticipables y partidas del Tesoro que permiten asegurar los pagos mes a mes.
Las jubilaciones mínimas han perdido 10,7% de su poder adquisitivo real desde noviembre de 2023 a abril de 2026, precisa un reciente informe del IARAF (Instituto Argentino de Análisis Fiscal). La caída se explica principalmente por el congelamiento del bono de $70.000 que se utiliza como compensación a los haberes iniciales. La actualización se calcula sobre el índice de inflación de dos meses previos al que corresponde la acreditación del pago, excluyendo el bono que sigue igual con el paso del tiempo.
Con los diferentes esquemas de cálculo, la pérdida de valor de las jubilaciones se acrecentó en parte del gobierno de Macri, cuando se aplicó la fórmula resistida al extremo por el kirchnerismo, y empeoró más, paradójicamente, durante el gobierno de los Fernández.
Según el cálculo del IARAF, en el período que va desde diciembre de 2017 a abril de 2026, el monto que dejó de percibir el beneficiario del haber mínimo equivale a $11.400.000. Es como si hubieran quedado en el camino 17,3 haberes mensuales. Por su parte, quienes perciben un monto mayor -equivalente a tres mínimas- han perdido en ese período 26,1 haberes mensuales, es decir, un monto de $51.600.000. No obstante, este segmento ha logrado recomponer parte de su poder adquisitivo desde noviembre de 2023 al mes de abril de 2026 (7,8%) gracias a la caída de la inflación.
La baja de la inflación es aliada de la población y, en particular, de las jubilaciones y pensiones, pero en el caso de la mínima ello no es suficiente. A menos que se incorpore el bono a la base de cálculo de actualizaciones y que de 70 mil pesos se actualice a 120 mil, a la fecha de hoy, el segmento de menos ingresos se seguirá deteriorando en cada pago.
Datos de la Subsecretaría de Seguridad Social indican que alrededor de la mitad de los beneficiarios cobra la mínima, de un total de algo más de 6 millones de personas que integran el universo de jubilados, a los que se suman pensionados y otras prestaciones que paga ANSES.
La mayoría, más de 4.000.000, accedió al beneficio jubilatorio a través de sucesivas moratorias. En tanto, son 12.500.000 los aportantes activos al sistema, ya sea a través del SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino) u otros regímenes provinciales y especiales.
La sustentabilidad de los sistemas previsionales se encuentra en crisis en diversos países, principalmente por el envejecimiento poblacional y la extensión de la esperanza de vida. En Argentina la situación se agudiza por el histórico desfinanciamiento del sistema, la falta de recursos del Estado y el trabajo en negro.
Una política de reparación para uno de los sectores más vulnerables de la población supone, además del rediseño de prioridades, profundizar la promoción del trabajo registrado y apostar al crecimiento del PBI, lo que representaría un cambio de dirección en el camino de un ajuste tras otro.
El equilibrio fiscal no siempre consiste en recortar presupuesto, sino en la eficacia de la política impositiva, en la eficiencia de la gestión, en la revisión de los bolsones de improductividad, en la neutralización de despilfarros y privilegios del funcionariado y en el combate a la corrupción.
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